Resiste Ecuador
Autor: Miguel Rivadeneira Vallejo
En medio del proceso electoral en marcha y la definición presidencial, es hora de exigir la defensa de la poca institucionalidad que queda, asediada por la arremetida de la delincuencia organizada y sus abogados que se inscrustaron en entidades que hoy están cuestionadas por sus actuaciones.
No se puede admitir que violando normas constitucionales y legales, según prestigiosos juristas, constitucionalistas, académicos y penalistas, pretendan imponer decisiones al margen del ordenamiento jurídico para favorecer protervos intereses políticos, que presionan para lograr impunidad.
Así actúan ciertos jueces, no todos, que descaradamente se van contra ley expresa y hacen tabla rasa del ordenamiento jurídico, protegidos por el órgano administrativo y disciplinario, que en cambio persigue, suspende y destituye a jueces que con sus fallos demuestran su combate a la corrupción.
El Consejo de Participación Ciudadana y el órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura han caído en un profundo nivel de desprestigio por sus cuestionadas actuaciones, que incluso en el interior de estas instituciones ha habido cuestionamientos. Sin embargo, poco les importa y se han seguido burlando del país, con una agenda urgente a favor de la impunidad, en el escenario posible que pierdan la segunda vuelta presidencial.
Por ello los gremios profesionales de los abogados debieran salir no solo a reclamar sino a presentar demandas ante la Corte Constitucional porque la institucionalidad está en juego y el Ecuador debe resistir ante este embate de sentenciados por corrupción y sus defensores.
La Corte Constitucional debe salir por sus fueros y con la aplicación de las normas vigentes puede cortar estos abusos. Incluso debiera llegar a la destitución como ya lo hiciera en el pasado reciente y con ello sentar precedentes ante tanta arbitrariedad y violación de normas legales y constitucionales.
La CC es una institución respetada, aunque haya recibido críticas por ciertos fallos polémicos, pero también ha dictado sentencias que han sido destacadas. Lo importante será su actuación oportuna para que no deje pasar por alto actuaciones de jueces y altos funcionarios que violan las leyes.
No se puede permitir que con audacia, ilegalidad e inconstitucionalidad se intente romper el blindaje establecido en torno a la actuación del Consejo de Participación Transitorio, que liderara un reconocido e intachable ciudadano, que luchara por el país hasta su final. Tuvo el mandato popular (2018) para realizar tareas extraordinarias, confirmadas con el fallo de la CC.
Tampoco puede seguir como está el órgano administrativo y disciplinario de la justicia con la mayoría de miembros procesados penalmente por presuntas graves irregularidades y que llevan a cabo una agenda que busca favorecer a la impunidad. Cómo se puede garantizar con estas autoridades un proceso de selección transparente, serio e imparcial de jueces nacionales y por ello se adelantan ilegalmente a extender los periodos a jueces que ni siquiera entraron por concurso y que precisamente tienen en sus manos casos de corrupción y contra esos vocales procesados. Qué garantías de imparcialidad puede haber.