Entre las puntadas de su máquina de coser, y los clientes que entran y salen de su sastrería, David Coto no deja de pensar en cuál será su futuro a partir del 25 de junio, fecha en que debe presentarse ante las autoridades de inmigración para su inminente deportación.
Este sastre hondureño llegó a Estados Unidos en el 2000 con el típico sueño de salir adelante con su familia. La vida le sonrió por un tiempo, ya que con gran esfuerzo logró establecerse en un suburbio de clase media alta en Nueva Jersey, abrir una elegante sastrería y darles una educación universitaria a sus hijos. Estos éxitos, sin embargo, ahora se ven opacados tras su última reunión con el funcionario de inmigración que lleva su caso.
“Me dijo que, si no tenía pruebas de estadía legal para esa fecha, debía ir a la cita con boleto de avión en mano y listo para regresar a mi país”, relató Coto, de 53 años, cuya solicitud de asilo fue negada en el 2014, exponiéndolo a la deportación. “Dijo, incluso, que me acompañaría hasta la puerta del avión”.
Coto ingresó a este país por la frontera sur, y vivió en Carolina del Norte y Maryland antes de establecerse en Nueva Jersey. Su esposa y sus dos hijos, quienes ahora están protegidos por la ley ‘DREAM’ para menores indocumentados, lo alcanzaron en el 2003.
Su primer roce con las autoridades de inmigración fue en el 2013, cuando dos agentes lo detuvieron frente a su casa después de haber recibido una denuncia anónima. Los agentes lo dejaron en libertad el mismo día tras determinar que no representaba un peligro para la comunidad, puesto que carecía de antecedentes penales y tenía negocio propio. Coto luego buscó asesoría legal y solicitó asilo infructuosamente, aunque logró sacar permiso provisional de trabajo, el cual venció el año pasado.
l caso de David ha quedado a discreción del funcionario [de inmigración]”, explicó Ana Juneau, abogada supervisora de American Friends, organización de Newark que viene manejando el caso de Coto. “Pero parece que [el presidente] Trump quiere deportar a todos, no solamente a los delincuentes”.
Juneau ha presentado una serie de recursos legales para evitar la deportación de Coto, pero sus argumentos han caído en oídos sordos. Las autoridades de inmigración parecen ya no diferenciar entre aquellos indocumentados que tienen antecedentes penales y aquellos que han demostrado buena conducta, vínculos familiares y otros factores atenuantes. No obstante, la abogada piensa que el funcionario de inmigración solo está tratando de asustar a Coto, y que su deportación sería mucho después de junio de este año.
Según estadísticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE), los arrestos “administrativos” de indocumentados que no necesariamente tenían antecedentes o cargos penales aumentaron un 11% (a 158,581) durante el año fiscal 2018. Las deportaciones también subieron, un 14% (a 256,086), a comparación del año fiscal anterior. Aunque la cifra total de deportaciones en el 2018 no se acerca al récord del presidente Obama (409,489 en el 2012), las autoridades aparentemente se están enfocando más en personas sin mayores roces con la ley.
Emilio Dabul, portavoz de ICE en Nueva Jersey, no contestó preguntas para obtener su reacción antes del cierre de esta edición.
Entre tanto, Coto sigue viviendo con gran incertidumbre y angustia. Se ejecute o no su deportación en junio, ya tiene que hacer planes para comprar su pasaje a Honduras, transferir su negocio y vivir separadamente de su familia.
“Ni mi familia ni mis clientes se explican por qué me está pasando esto si yo vengo haciendo las cosas correctamente”, indica el empresario, agregando que cuenta con gran apoyo en la comunidad donde trabaja.
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