6 cosas sobre el Censo 2020
Las SEIS cosas que usted debería saber sobre el Censo 2020
Para variar, el tema enfrenta al presidente Donald Trump, su gobierno, los tribunales y la comunidad latina
Por: Pilar Marrero, periodista independiente/Cortesia de Ethnic Media Services
El tema del Censo de población a realizarse en 2020 se ha convertido en un drama y una controversia de comerse las uñas y hacerse una y otra vez esta pregunta, cada vez que hay una noticia: ¿Y ahora qué? En un período de pocas horas, entre finales de junio y principios de julio:
La Corte Suprema prohibió que se use en el mismo una pregunta de ciudadanía, indicando que el gobierno de Donald Trump no había presentado una razón coherente para hacer el cambio de última hora.
Donald Trump dijo que igual iba a hacerlo.
El Departamento de Justicia concedió que estaba imprimiendo los cuestionarios sin la tal pregunta.
Donald Trump dijo que seguía con sus planes de añadirla, pase lo que pase y que lo dicho por los medios –fue su propio departamento de justicia- eran noticias falsas (“fake news”). Sugirió que podría retrasar el Censo, la más masiva actividad doméstica del gobierno.
El procurador general de la nación William Barr dijo que estimaba que podría incluir la pregunta de ciudadanía a pesar de las decisiones judiciales, aunque se negó a decir cómo. Se dejó colar que a lo mejor se haría un “adendum” o cuestionario adicional.
Donald Trump ordenó cambiar los abogados de los casos que defienden la postura del gobierno al respecto.
Un juez dijo que no los podía cambiar.
Donald Trump tuiteó en protesta diciendo que el juez había sido nombrado por Obama como si esto fuera razón para cuestionar su decisión.
Todo contribuye a una masiva confusión respecto al Censo, su futuro y sus probabilidades de éxito. ¿Qué hay que saber al respecto?
El Congreso tiene dinero y muchas interrogantes:
Ante las denuncias de la falta de fondos para el importante evento, la Cámara de Representantes –de mayoría demócrata- aprobó un proyecto de ley de Asignaciones y Fondos otorgando $8,500 millones de dólares para el tema. Este contiene una enmienda del congresista José Serrano, demócrata de Nueva York, que prohíbe el uso de cualquier pregunta que no fuera incluida en las pruebas del Censo realizadas en 2018. Falta que el Senado haga su proyecto y luego tendrá que haber conciliación entre las dos cámaras. El tema de la pregunta de ciudadanía seguramente será el de mayor controversia.
Ambas Cámara del Congreso realizarán audiencias en torno al Censo este mes, el Senado del 16 de Julio y la Cámara el 24 de Julio. En ambos casos el director del Censo, Steven Dillingham, tendrá que testificar y responder preguntas de los legisladores de ambos partidos.
Se espera que muchos legisladores querrán preguntar sobre las contradicciones entre lo que dicen las cortes, lo que han dicho abogados del Departamento de Justicia, lo que ha dicho el procurador, y lo que dice Trump, ya que cada una de esas versiones son totalmente diferentes.
Siete demandas, una controversial pregunta
El tema de la pregunta de ciudadanía es tan controvertido que hay siete demandas pendientes contra el gobierno federal al respecto en Nueva York, Maryland y California. Dos jueces han dicho que la pregunta no procede porque viola una ley llamada Administrative Procedure Act (APA), un juez en California falló además que violaba la cláusula constitucional que ordena una enumeración de la población. El caso de Maryland continúa avanzando y este pretende probar que la intención del gobierno de Trump en añadir la pregunta es discriminar contra los latinos y asiáticos al intentar suprimir su participación, que es una muy probable consecuencia de hacer una pregunta que no se hacía a todo el país desde 1950.
El 27 de Junio, la mayoría de la Corte Suprema de Justicia (5-4) desautorizó el uso de la pregunta, añadida a última hora después de años de preparativos, diciendo que el gobierno no había explicado bien la razón de la misma. “La corte no dijo que era inconstitucional añadir la pregunta, lo que dijo es que el gobierno no puede hacer ese cambio sin explicarse bien, y los jueces dictaron que la excusa dada por el gobierno era “forzada” y no real”, dijo el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos (NALEO), Arturo Vargas.
Abogados de Trump reciben órdenes por Twitter
Los abogados del Departamento de Justicia que llevan la defensa de los casos en los tribunales se enteraron por Twitter de que el presidente Donald Trump insistía sobre la pregunta de ciudadanía, a pesar de la decisión de la Corte Suprema y de que estos mismos abogados habían comunicado que el gobierno había comenzado a imprimir cuestionarios sin la pregunta de ciudadanía.
Esto se discutió en tribunales públicamente y los abogados pasaron el fin de semana del 4 de Julio, mientras el país hacía “barbecues” y gozaba el fin de semana largo, buscando como satisfacer el deseo del Presidente. Hasta ahora no se sabe a qué conclusión llegaron.
El Censo no se puede postponer, no importa el TRINO (tweet)
Según Vargas, de NALEO, mucho de lo que ha dicho el presidente por Twitter no tiene sustento legal. “No se puede retrasar el Censo, la constitución requiere que se haga en años que terminan con cero y la Ley del Censo requiere que se inicie el 1 de abril. Cualquier retraso podría hacer el trabajo mucho más difícil y aumentar el costo”, dijo el líder.
Todo esto es más difícil de tragar en cuanto los abogados del gobierno insistieron durante meses que la decisión sobre la pregunta tenía que hacerse antes del 30 de junio porque el Buró del Censo tenía obligación de empezar a imprimir el cuestionario físico, que irá a una porción de los hogares del país el día 1 de Julio.
La pasada semana, los fiscales reiteraron ante el juez en el caso de Maryland que se estaban imprimiendo los cuestionarios.
¿Cuál es la intención del gobierno? Depende de quien hable
El meollo de la decisión de la Corte Suprema es que para añadir una pregunta de “ultima hora” a un cuestionario tan importante que lleva años preparándose y probándose”, el gobierno tiene que dar una razón de peso para el cambio. El problema es que la razón que argumentan los abogados, la que señala la evidencia y la que dice Trump son todas diferentes: he ahí el dilema.
La razón que siempre dieron los abogados y el Secretario de Comercio –que es jefe del Director del Censo- es que se necesitaba esa información para defender el derecho al voto de las minorías.
La evidencia parece señalar que el objetivo era más relacionado a la política –disminuir el conteo de minorías y por tanto, dibujar distritos electorales más favorables a republicanos- o a la postura antiinmigrante del gobierno, ya que el Secretario de Comercio la discutió previamente con los personajes más radicales del gobierno.
Trump ha dicho claramente que los estadounidenses “tienen derecho a saber quién es ciudadano” e incluso ha indicado que “hay que saber quién es ilegal”, algo que cuadra con todo el tono anti inmigrante de su gobierno.
No es una pregunta de Estatus Legal sino de ciudadanía
“El problema con eso”, dijo Vargas, de NALEO. “…es que la pregunta no respondería quien está o no legalmente el país, ya que no pregunta estatus legal, sino ciudadanía”. Cabe señalar que uno puede ser residente perfectamente LEGAL sin ser ciudadano, tal y como lo saben los millones de personas que tienen una tarjeta de residencia permanente estadounidense.
Otros personajes del gobierno de Trump han dicho que la pregunta hace falta para saber “quien consume recursos federales”.
La verdadera razón podría estar por descubrirse. El gobierno está por realizar una prueba a una muestra de hogares incluyendo un cuestionario con la pregunta y otro sin la pregunta. “Esperamos ansiosamente ver el resultado”, dijo Vargas, aunque anteriores pruebas del Censo verificaron que muchas personas, entre ellos latinos, dejan de participar si les interroga sobre su nacionalidad.
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