Con ello, se elimina el procedimiento para quienes se sientan perjudicados por una publicación puedan acudir a la Defensoría del Pueblo.

“La rectificación no se contempla y deja un vacío sobre información que no sea contrastada. No se deja el espacio para que la publicación pueda ser rectificada, sino solo la réplica”, agregó.

Refirió también que no se contempló qué pasará con el Consejo de Regulación de la Comunicación, que fue una institución que se creó en la consulta popular del 2011. “Se entendería que se eliminaría, pero habría un choque constitucional, porque esto fue un mandato popular”.

Otro aspecto, que a criterio de Chiriboga no se menciona, es el contenido que podría ser considerado discriminatorio, “lo que podría dar paso a que se publiquen temas en contra de pueblos y nacionalidades, comunidad GLBTI y derechos de las mujeres”.

Calificó de positivo que se mantenga la cláusula de conciencia y la inclusión de la “real malicia” respecto de la responsabilidad ulterior en las publicaciones. Es decir, “solo habrá responsabilidad ulterior si es que se demuestra la real malicia en una publicación”.

Pero cree que debe debatirse sobre el delito de calumnia, porque si se profieren expresiones sin probarse en contra de una persona, “podría dejársela en indefensión”.

Mariana Velasco, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), vio como positivo que el mandatario haya cumplido con su ofrecimiento de enviar un nuevo proyecto de ley de comunicación.

Aunque podría ser “perfectible”.

Velasco ve con buenos ojos que quienes ejerzan la función pública estén sujetos al escrutinio, “porque antes no había acceso sobre los funcionarios, porque no podían acudir a las entrevistas en la prensa. Esto va a ayudar a transparentar la información”, anotó.

Respecto de los numerales del artículo 3 estimó que “hay poca claridad”, porque se habla por ejemplo de que “se prohíbe crear obstáculos al libre flujo informativo” y que debe existir libre circulación para los periodistas, lo que le “parece ambiguo, sin claridad”.

Exaltó que no se mantenga la sanción por delitos de opinión, así como que para determinar la “real malicia” en una publicación, esto deberá probarse.