jesusgarEl Gobierno del presidente Joe Biden publicó una propuesta de nuevos lineamientos sobre la regla de “carga pública”, los cuales descartan castigar a inmigrantes por solicitar ayudas sociales, como cupones de alimentos, pero mantiene restricciones sobre aquellos programas en efectivo.
Así lo indica el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre su propuesta de reglamentación, la cual busca proteger las necesidades de las familias con menos recursos y sus hijos.
“El DHS propone no considerar los beneficios que no son en efectivo, como los programas de asistencia alimentaria y nutricional”, indica la agencia.
Eso incluye el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el Programa de Seguro Médico para Niños, la mayoría de los beneficios de Medicaid, los beneficios de vivienda y bonos de transporte.
“El DHS tampoco consideraría la asistencia por desastre recibida bajo la Ley Stafford; asistencia pandémica; beneficios recibidos a través de un crédito o deducción fiscal; o Seguro Social, pensiones del gobierno u otros beneficios ganados”, indica la agencia.
Sin embargo, los inmigrantes que soliciten la ‘green card’ podrían recibir alguna evaluación negativa si han solicitado ayuda económica constante al Gobierno, incluyendo seguro médico marcado como “ayuda institucionalizada”, es decir, durante un largo periodo.
Esas ayudas económicas son:
1. Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
2. Asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos bajo el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).
3. Asistencia en efectivo estatal, tribal, territorial y local para el mantenimiento de ingresos.
4. La institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno (como con seguro médico).
Esos cuatro aspectos, indicó el DHS, serán tomados en cuenta para considerar la “inadmisibilidad” de un inmigrante durante procesos en Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, calificó las modificaciones como una visión “más humana” para inmigrantes y criticó la propuesta lanzada por el Gobierno del presidente Donald Trump, la cual endurecía la regla y aplicaba para todos los programas.
“La regla de carga pública de 2019 no fue consistente con los valores de nuestra nación”, dijo Mayorkas. “Bajo esta regla propuesta, volveremos a la comprensión histórica del término ‘carga pública’ y las personas no serán penalizadas por tener que acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos”.
El DHS remarca que hay varios tipos de inmigrantes que no están contemplados en la regla de “carga pública”, es decir, a quienes incluso no les aplicaría por solicitar ayudas sociales.
“Algunas de estas categorías son refugiados, asilados, no ciudadanos que solicitan o se reinscriben para el Estatus de Protección Temporal (TPS), inmigrantes especiales juveniles, T y U no inmigrantes y autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA)”, recordó la autoridad.
La propuesta será publicada en el Registro Federal, donde recibirá comentarios públicos durante 60 días, para luego reorganizar la normativa y luego redactar una versión final.
Aunque la Administración Biden terminó con la regla propuesta por el expresidente Trump, pero un grupo de 13 fiscales generales estatales republicanos, encabezado por el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, pidió a la Corte Suprema escuchar argumentos, para tomar una nueva decisión. La moción fue aceptada.
Cabe recordar que la “carga pública” está contemplada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), pero cada gobierno puede interpretar el reglamento en distinta forma, pero la propuesta del expresidente Trump fue calificada por defensores de inmigrantes y derechos civiles como “extremista”, pues castigaba a una persona por ser pobre.
