Los propietarios de consorcios de construcción de Nueva York ahora deberán pensarlo varias veces para saltarse algún protocolo de seguridad en cualquier etapa de sus proyectos.
Ya en la agonía de las sesiones legislativas de este año, la Asamblea Estatal aprobó la denominada ‘Ley Carlos’ en honor a un trabajador ecuatoriano, de apenas 21 años, que en abril de 2015 perdió la vida de manera trágica, sepultado en un área de construcción que previamente había sido señalada como “de riesgo” en el Bajo Manhattan.
El anteproyecto que ya pasó la prueba en ambas cámaras, solo esperaba por la firma de la gobernadora Kathy Hochul, e impone grandes multas y afina las sanciones penales a las corporaciones, que por violaciones a la seguridad, conduzcan la muerte o pongan en riesgo la vida de los trabajadores en proyectos de construcción en Nueva York.
Este anteproyecto, luego de siete años estancado en la legislatura, define que las acciones de negligencia de seguridad operacional, son considerados delitos graves de tercer, segundo y primer grado.
Precisamente, el lamentable caso de Carlos Moncayo que conmovió a la Gran Manzana, inspiró esta nueva norma, pues este inmigrante murió “enterrado” cuando las paredes de un pozo de excavación se derrumbó sobre él en un proyecto en Meatpacking District.
La empresa Harco Construction, fue declarada culpable de homicidio involuntario, en lo que se consideró un caso histórico de seguridad en la construcción. Pero la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional sólo multó a la empresa con $10,000, el máximo según la ley estatal.
Ahora con el avance de esta legislación, las multas pesarán con mucho más fuerza contra los contratistas, pues se elevarán a $500,000. Incluso podrían llegar a $1 millón, con base a la gravedad de las violaciones.
“Ahora la negligencia letal de los empleadores de la construcción será castigada. Solo esperamos la firma de la gobernadora Hochul para que se convierta finalmente en ley”, compartió en un comunicado en la red social twitter, la organización de defensa laboral New Inmigrants Community Empowerment (NICE), de la cual formaba parte Moncayo.
“Unos míseros $10,000”
Por su parte, la senadora colombo-estadounidense Jessica Ramos, representante del Distrito 14 de Queens, destacó que “hasta hoy” el valor de la vida de un obrero fallecido en su sitio de trabajo eran “unos míseros $10,000”.
“Me emocionó al saber que pudimos impulsar esta ley en honor a Carlos y de los trabajadores que hemos perdido, esperando que se cristalizara este anteproyecto”, subrayó la legisladora.
La norma pone la mano dura para que las corporaciones difícilmente puedan ignorar los protocolos de seguridad, pues una muerte o una lesión ya no podrá ser interpretada como un “costo mínimo”. No atender ciertas disposiciones costará mucho dinero y podría significar, de acuerdo al análisis de cada caso, sanciones penales a los responsables.
Ramos describió que la columna vertebral de la ‘Ley de Carlos’ es rechazar la desigualdad: “Queremos que se respeten estas vidas y asegurarnos de que nadie sea tratado en el trabajo como si fuera desechable”.
Precisamente Queens, ha sido puesto en el mapa como el condado que es el hogar del mayor número de jornaleros de la ciudad, es decir trabajadores de la construcción no sindicalizados.
“Hemos sido muy afectados por contratistas, sin escrúpulos, que buscan reducir la seguridad para poder ahorrarse unos centavos en los últimos años. Incluso durante la pandemia. Ponen la codicia por encima de la seguridad de los seres humanos”, remató la senadora estatal.
El efecto Carlos
Pero la muerte de Carlos Moncayo ya tiene otro significados, para una industria con pocos casos de contratistas penalmente castigados por negligencia en obras de construcción y una fuerza laboral conformada en su gran mayoría por indocumentados, no sindicalizados y latinos.
El joven de 22 años fue uno de 18 muertos por accidentes de construcción en el 2015. Diez de los fallecidos eran hispanos. Sólo uno pertenecía a un sindicato.
Como explica la publicación digital Documented, la situación en la cual este joven ecuatoriano perdió la vida, produjo “el primer caso en la historia moderna de Nueva York en la que un contratista fue declarado culpable penalmente por la muerte de uno de sus trabajadores”.
En efecto, Wilmer Cueva, capataz de Sky Materials Corporation, la subcontratista que contrató a Moncayo, fue condenado en diciembre de 2016 a un máximo de tres años de prisión por ignorar las advertencias de seguridad antes del fatal derrumbe de la excavación.
También Alfonso Prestia, un supervisor de Harco, fue sentenciado a servicio comunitario y libertad condicional.
La evidencia presentada en este proceso penal, por la fiscal Diana Florence, mostró que Cueva no atendió las advertencias de un inspector del Departamento de Edificios (DOB) sobre el peligro de llevar adelante esa excavación. A pesar que era un área de más de 5 pies de profundidad, no estaba reforzada como lo indican los requisitos en el código de edificación de la ciudad de Nueva York.
Teniendo este antecedente, la nueva ley no solo aplica sanciones más elevadas a los contratistas, sino que hace modificaciones muy específicas a la Ley Penal vigente en Nueva York, en relación con los delitos que implican la muerte o las lesiones de un trabajador en sus sitios de trabajo.
La propuesta inicial de esta legislación la presentó el concejal Francisco Moya, cuando ocupaba una curul en la Asamblea Estatal en Albany.
“Aunque ahora estoy en el Concejo, estoy conmovido de ver que esta legislación finalmente ha sido aprobada. Esto no traerá de vuelta a Carlos, ni a ninguno de los otros 263 trabajadores que han muerto en sitios de construcción, desde que presenté el anteproyecto. Pero espero que las empresas lo piensen dos veces, al anteponer sus beneficios financieros, antes que a la vida“, remarcó Moya.
“Es un victoria…pero hay más que pelear”
La tragedia de Carlos inspiró además la creación de la Fuerza de Tareas contra el Fraude en la Construcción en la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan.
Sin embargo, además de este caso, solo se ha logrado otra condena penal por la muerte de un trabajador de la construcción en Manhattan, desde la creación de este grupo de trabajo en 2015.
La naturaleza de la fuerza laboral de la construcción, en donde gran parte de las personas no “tienen papeles”, reduce las probabilidades de que los empleadores enfrenten un proceso judicial, por condiciones inseguras.
La portavoz del Proyecto de Justicia Laboral (WJP), Hildalyn Colón, valora el avance de esta ley como un “paso gigante”, que sin dudas cambiará en parte la forma cómo las grandes constructoras abordan el tema de la seguridad y los riesgos en los sitios de trabajo.
“Esta es una victoria para la memoria de Carlos y su familia que todavía está sufriendo. Fue un caso muy obvio de una muerte, que se pudo haber evitado. Ahora las empresas saben que estas fallas le van a costar mucho dinero. Debemos seguir visibilizando muchas luchas en este sector que todavía están empezando”, destacó.
La activista comunitaria destaca que la seguridad en los sitios de trabajo, sigue siendo un desafío desde muchos puntos de vista. Pero en la era de recuperación post pandémica, el tema del robo de salarios está tomando otro aliento.
“Lo que estamos viendo es que muchos contratistas se excusan en los problemas financieros causados por la pandemia, para hacer trampas y crear nuevos modelos de robo de salarios. Y trabajadores desesperados aceptan ciertos abusos”, acotó.
Colón alienta a los trabajadores de la construcción, a buscar todos los canales existentes para reportar estos abusos y no tolerar violaciones de las condiciones laborales: ni de seguridad, pero tampoco salariales.
En este sentido, el jornalero guatemalteco, Rodrigo Cuatemoc, de 29 años, residente de Corona, describe una vivencia personal que podría describir la de miles obreros de esta industria, en varios proyectos de construcción medianos y grandes de la Gran Manzana.
El inmigrante centroamericano sabe que muchas de las prácticas de seguridad, que aprendió cuando se certificó como trabajador en esta industria, son ignoradas por los patrones.
“Muchas veces, especialmente en proyectos pequeños, uno como jornalero sabe que está corriendo peligro. Pero es un carrera entre perder la vida y no tener dinero ese viernes. Hay veces que los patrones por sacar el trabajo, nos exponen a locuras. Y ellos saben que uno necesita más que nadie el trabajo. Uno lo menos que está pensando es en denunciar”, confesó Rodrigo.
En resumen:
- El anteproyecto de ‘Ley Carlos’, codificado como S621B, reforma el código penal vigente en NY y tipifica nuevos delitos relacionados con las violaciones a las normas establecidas sobre la seguridad en sitios de trabajo de construcción.
- Aumenta sustancialmente las multas por negligencia o fallas en las normas de seguridad que se imponen a un acusado corporativo condenado por estos delitos.
- Las multas saltan de $10,000 hasta $500,000 e incluso $1 millón dependiendo de las evaluaciones de las autoridades de cada violación.
Accidentes fatales en NYC
- 28 trabajadores de la construcción murieron en 2014 en accidentes laborales, considerado el año más mortífero en la historia reciente, justamente un año antes que Carlos Moncayo perdiera la vida.
- 80% de los trabajadores de la construcción que tuvieron accidentes fatales en la última década en la ciudad de Nueva York han sido ecuatorianos.
- 518 muertes aproximadamente han ocurrido en los últimos 10 años en proyectos de construcción en la Gran Manzana.
- 9 trabajadores de la construcción murieron y 514 resultaron heridos en la Gran Manzana en 2021 según estadísticas del Departamento de Edificios de Nueva York.
- 7 de las 9 muertes fueron causadas por caídas y 2 de ellas por accidentes relacionados con fallas en equipos mecánicos.
