La directora de ASEDIM, Cristina Murgueitio, explicó que la petición de liberación de pruebas de autodetección de COVID-19 se realizó en junio del año pasado, sin recibir una respuesta por parte de las autoridades pertinentes. Considerando que el país ha recibido cerca de 3.8 millones de pruebas PCR, de las cuales no se han testeado más del 20%, Murgueitio precisó que este plan es necesario porque “se tiene que concientizar a la población sobre esto”.
El tipo de test que se pondrán a la disposición de la ciudadanía son pruebas rápidas “más fáciles de usar” según lo indicó Murgueitio. Además, explicó que al tener una alta sensibilidad, “los falsos positivos y falsos negativos tienen un porcentaje reducido”. La obtención de los resultados es un proceso que no tardaría más de 15 minutos, y aseguró que “no existe posibilidad de contagio porque es de uso personal”.
Murgueitio señaló que, desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) se debe “canalizar estos recursos de una manera adecuada”. Por ello, enfatizó en que, desde esta institución, se debe facilitar un acuerdo ministerial que derogué la restricción que “prohíbe la venta de pruebas rápidas en lugares que no sean centros de salud”. A partir de esto, se puede comenzar con el registro sanitario de las pruebas para que sean colocadas a la venta en las farmacias.
Además, puntualizó que es necesario crear consciencia en la población sobre la adquisición de este tipo de dispositivos médicos, ya que “deben cumplir con un almacenamiento adecuado de acuerdo a estándares internacionales”. Estos deben ser adquiridos en los lugares autorizados “por cuestiones de prevención y para verificar que funcionen correctamente sin alguna falla”, añadió.
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