Febrero 5, Consulta Popular
La Consulta Popular del 5 de febrero tiene importantes temas para responder
El próximo domingo 5 de febrero será votada en Ecuador una Consulta Popular que de acuerdo al Consejo Nacional Electoral (CNE) incluye los siguientes temas:
- 23 prefectas o prefectos provinciales, y 23 viceprefectas o viceprefectos provinciales
- 221 alcaldesas o alcaldes distritales y municipales
- 864 concejalas y concejales urbanos, y sus respectivos suplentes
- 443 concejalas y concejales rurales, y sus respectivos suplentes
- 4.109 vocales de las juntas parroquiales rurales, y sus respectivos suplentes
De la misma forma, se realizarán las elecciones del el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS):
- 7 consejeras y consejeros principales; y 7 consejeras y consejeros suplentes.
- De los 7, tres serán hombres, tres mujeres y uno será de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afroecuatorianos o Montubios y Ecuatorianos en el Exterior.
E igualmente hay un “Referéndum 2023”. El CNE indica que los ciudadanos ecuatorianos votarán un referendo de ocho preguntas en el que podrán elegir «Sí» o «No» en cada una:
- ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 1?
- ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 2?
- ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 3?
- ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 4?
- ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 5?
- ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 6?
- ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 7?
- ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 8?
Por último, en la consulta popular que se realizará el 5 de febrero gira sobre la cantonización de la parroquia Sevilla Don Bosco, perteneciente al cantón Morona, en la provincia de Morona Santiago.
En esta solo podrán votar los ciudadanos empadronados en la parroquia rural Sevilla Don Bosco.
Cabe recordar que Ecuador se divide en provincias y estas a su vez se dividen en cantones. Cada cantón se divide en parroquias, las cuales se clasifican en rurales y urbanas.
Esto quiere decir que la consulta popular tiene como objetivo que los ciudadanos de este lugar decidan si la parroquia rural Sevilla Don Bosco pasa a ser un cantón más de la provincia de Morona Santiago.
ARGUMENTACIÓN DEL PRESIDENTE
Respecto a la pregunta siete del referéndum convocado por el presidente Guillermo Lasso, en la argumentación, el Gobierno nacional señala que en la Constitución vigente se excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) a las Áreas de Protección Hídricas (APH). El decreto que convocó la consulta dice que la carta magna señala que las SNAP se conforman por subsistemas: estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y no constan las APH.
“Las APH son los territorios donde existan fuentes de agua declaradas como de interés público para su mantenimiento, conservación y protección, que abastezcan el consumo humano o garanticen la soberanía alimentaria, estas formarán parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, dice la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, en el artículo 78, sin que se incluyan en un subsistema existente.
Sin embargo, la organización Acción Ecológica, ha señalado en diferentes publicaciones ha invitado a votar ‘No’ para esta pregunta, pues defiende que las zonas de recarga hídrica ya estarían siendo incorporadas en la Ley de recursos hídricos como áreas protegidas, por lo que consideran “innecesaria” una enmienda constitucional para este fin.
Por su parte, Inés Manzano, abogada ambientalista, defiende el ‘sí’ en la pregunta y señala que el Ecuador necesita un “Ministerio del Ambiente con más acción en temas de protección, pero también necesitamos un sistema judicial que le haga caso a las denuncias y las prospere. Las Juntas de agua no se van a ver afectadas por una protección hídrica, y tampoco hay que santificar esas juntas, porque son administradas por personas naturales y tienen intereses. Lo importante es llevarlo a un nivel constitucional de protección”, explicó .
LASSO TERMINARÁ PERDIENDO
María Sol Borja es periodista ecuatoriana y editora política en el sitio gk.city. Ella ha hecho un interesante análisis del evento electoral del próximo domingo:
El 2022 cerró como el año más violento en la historia de Ecuador: 25 homicidios por cada 100,000 habitantes, según datos oficiales. Se cumplió, además, el primer año de gobierno de Guillermo Lasso, en un contexto de polarización, desencuentros políticos y quiebres tras un virulento paro nacional.
Ante eso, la apuesta del gobierno de Lasso es la consulta popular, a realizarse el 5 de febrero, cuando también se elegirán las autoridades locales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El gobierno impulsa la consulta con el argumento de que aprobar los cambios que plantea es el primer paso para resolver los problemas más profundos relacionados a la inseguridad.
Y para eso, la pregunta estrella del gobierno es si los ciudadanos están de acuerdo en que se permita la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados al crimen organizado.
En un contexto de tanta violencia —masacres carcelarias, sicariatos, atentados contra los candidatos a las elecciones seccio- nales, cuerpos colgantes y coches bomba—, la pregunta parece retórica. Que se pueda extraditar a criminales que están detrás de la violencia —sobre todo a Estados Unidos— parece una opción sensata. Sin embargo, el gobierno de Lasso no está considerando que, al usar la narrativa de que la extradición es un paso gigantesco hacia la lucha contra la inseguridad, está generando expectativas sumamente altas en una población que vive en zozobra.
Primero porque el concepto de extradición no necesariamente está claro para la mayoría de la población. Muchos pueden confundirla con expulsión, es decir, con sacar del país a aquellos personajes vinculados al crimen organizado. Eso no va a pasar.
Y el contexto tiene un peso enorme para que Lasso busque una salida que le permita, por lo menos, ganar algo de tiempo mientras busca soluciones que pueden ser de largo plazo como políticas de prevención en las ciudades más conflictivas, programas económicos enfocados en la población más vulnerable, entre otros.
En lo que va de 2023, ya ha habido atentados contra la vida de candidatos, el más reciente fue contra un candidato a la alcaldía de Salinas, en la provincia costera de Santa Elena, que fue asesinado en medio de un recorrido de campaña. Su asesino no podría ser extraditado a otro país pues el delito se cometió en las fronteras ecuatorianas y, por lo tanto, no habría interés ni posibilidad de que otra nación lo juzgue en su territorio.
La mayoría de personas que cometan delitos comunes —como sicariato o asalto con muerte— serán juzgados en el país y el porcentaje de sentenciados que podrán ser extraditados será mínimo.
¿Por qué el gobierno de Lasso plantea entonces la consulta? Más allá de que pueda tener una visión convencida de que esta es una medida adecuada, también parece una urgencia por buscar respaldos políticos, aunque estos sean un simple espejismo.
Durante el año y medio de gobierno de Lasso se ha evidenciado su enorme dificultad de generar alianzas políticas. Antes de posesionarse como presidente de la República se quebró la alianza con el Partido Social Cristiano, que lo apoyó durante las elecciones y que hoy es su opositor en la Asamblea Nacional. Además enfrentó un virulento paro nacional impulsado por el movimiento indígena, que dejó a su gobierno debilitado.
La consulta podría ser, desde la mirada del gobierno, una forma de demostrar que tiene apoyo popular. Pero esto es un espejismo. No es lo mismo apoyar al gobierno de Guillermo Lasso que apoyar una consulta cuya pregunta de arrastre —aquella que podría ser más popular y que podría generar un “sí” en las demás— ofrece solucionar los problemas de inseguridad.
Lo primero se gana con acciones concretas, con diálogo, con alianzas políticas transparentes, con respuestas claras a los problemas más profundos del país. Lo segundo, parece una acción desesperada para ganar algo de legitimidad; aunque sea breve y peligrosa pues, pasado el tiempo prudente, la ciudadanía va a exigir con más fuerza respuestas a los problemas de violencia. Y difícilmente el gobierno va a poder darlas. Sin otras medidas de contención, de prevención y de mejora de las condiciones de vida, la extradición será insuficiente. Y la promesa de reducir los índices de inseguridad será insuficiente para un gobierno desgastado e incapaz de mirar el panorama con más amplitud.
Presidente Lasso acepta suspender jornada laboral posterior a las elecciones
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aceptó a finales de la semana anterior, el pedido realizado por el Consejo Nacio- nal Electoral (CNE) para suspender la jornada laboral del lunes 6 de febrero, el día posterior a las elecciones provinciales y municipales y a la votación del referéndum promovido por el Ejecutivo.
En un decreto, el mandatario ecuatoriano estableció que la jornada laboral del día posterior a los comicios quedará suspendida para el sector público y privado y será recuperable en las jornadas posteriores.
El decreto también contempla la necesidad de servicios mínimos en los sectores de salud pública, bomberos, aeropuertos, terminales aéreos, terrestres, marítimos, fluviales y servicios bancarios.
El CNE argumentó su solicitud en que las actividades que cumplirán los miembros de las juntas receptoras del voto (MJRV) pueden extenderse hasta el día siguiente de los comicios, en los que se eligen autoridades provinciales y municipales, además de siete miembros para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
De acuerdo a un análisis técnico del pleno del CNE, el tiempo utilizado para el escrutinio simultáneo de las autoridades locales es de 5 horas y 58 minutos y para contabilizar el referéndum y la votación al CPCCS es de 5 horas y 34 minutos, con la participación de cinco miembros en cada junta.
Para estos comicios se activarán 4.380 recintos elec- torales, de los cuales 4.013 son escuelas, 63 universidades y 304 infraestructuras de otro tipo, que después de la jornada de votación deberán ser adecuadas, lo que incluye la respectiva limpieza para su normal funcionamiento.
El próximo 5 de febrero están llamados a las urnas unos 13,4 millones de ecuatorianos para elegir a 23 prefectos de provincia, 221 alcaldes, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales, 4.109 vocales de juntas parroquiales y 7 consejeros del CPCCS.
Se denuncia supuestos vínculos de candidatos municipales con narcos
El propio gobierno de Ecuador denunció presuntos vínculos de candidatos que participarán en las elecciones municipales del 5 de febrero con el narcotráfico y otras actividades como la minería ilegal.
Juan Zapata, el ministro del Interior, entregó a la Fiscalía una lista de 28 candidatos a alcaldes y prefectos (gobernadores) provinciales supuestamente financiados por grupos narcotraficantes y de minería ilegal.
«Son 28 personas, 22 hombres y seis mujeres, vinculadas a posibles delitos de narcotráfico, minería ilegal y también hay otros delitos conexos», dijo el funcionario a la prensa.
Zapata señaló que el informe de la Policía sobre políticos conectados con actividades ilegales presentado a la Fiscalía «alimenta ocho investigaciones previas» del ente acusador.
La mayoría de candidatos presuntamente ligados al narcotráfico buscan alcaldías en once de las 24 provincias del país, entre ellas la costera Guayas, una de las más peligrosas y estratégica para los envíos de droga al exterior, y la andina Pichincha, cuya capital es Quito.
A inicios de enero, el diputado Fernando Villavicencio también presentó una denuncia contra una veintena de personas, varias de ellas candidatas a cargos locales, por supuestos vínculos con el crimen organizado que azota al país.
Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, lo mayores productores de cocaína, encara el aumento de la violencia por la disputa de territorio entre bandas del narcotráfico.
La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se duplicó, pasando de 14 en 2021 a 25 en 2022. Los decomisos de droga también han ido en aumento. El año pasado, la nación sudamericana incautó unas 200 toneladas de droga, la mayoría cocaína.
Las cárceles del país no han escapado de la violencia. Desde febrero de 2021 se han producido enfrentamientos entre presos que han derivado en una docena de masacres que dejan más de 400 muertos. Algunas de las matanzas se colocaron entre las peores de Latinoamérica.
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