Se ha ido la ilusión de muchos ecuatorianos
Con Fernando Villavicencio se ha ido la ilusión de muchos ecuatorianos
Ni el país ni el mundo se reponen del magnicidio del candidato anticorrupción de Ecuador, Fernando Villavicencio. Sicarios, narcotráfico, crimen organizado y, tal vez, intereses políticos, emergen entre las sombras de la trama que las fuerzas locales de seguridad, con la ayuda del FBI estadounidense y de la policía colombiana, han comenzado a desentrañar tras el asesinato de quien fuera también periodista, principal látigo civil ante las corruptelas.
En medio del estado de excepción impuesto por el Gobierno y con un país abatido y con miedo, la Fiscalía General del Estado dio inicio al proceso contra los seis presuntos sicarios colombianos detenidos hasta ahora. Los investigadores han hallado 22 elementos de convicción para acusar a todos ellos, incluidos los dos hombres que fueron reconocidos en las inmediaciones del escenario del atentado, en Quito. Se les ha decretado prisión preventiva por 30 días ante el «grave peligro de fuga».
El candidato de Construye y del movimiento Gente Buena recibió al menos tres disparos, según las pruebas balísticas. Entre el armamento decomisado se encuentra un fusil, cuyos proyectiles coinciden con las casquillos encontrados en las inmediaciones. Los investigadores también encontraron la huella
dactilar de uno de los seis colombianos en la motocicleta usada para su huida del lugar de los hechos.
Gracias a los distintos registros realizados en la capital se hallaron dos motocicletas y un vehículo robado, en cuyo maletero se escondía parte del arsenal del comando: fusiles, cuatro pistolas, una subametralladora, cuatro cajas de municiones con 348 cartuchos y dos cargadores de fusil, además de tres granadas. Previamente, la Policía había detonado una granada lanzada en el escenario del crimen.
Los seis detenidos cuentan con un amplio historial delictivo, relacionado sobre todo con el tráfico de drogas, pero también por homicidio, hurto y posesión ilegal de armas. Ellos son, Andrés Manuel Mosquera, José Neider López, Adey García, Camilo Andrés Romero, Jules Castaño y Jhon Gregore Rodríguez. Formarían parte de distintos grupos de delincuencia organizada, según las autoridades ecuatorianas.
Al menos dos de ellos se beneficiaron de medidas de gracia proporcionadas por los jueces en los días previos al atentado. El Gobierno ha arremetido duramente en los últimos meses contra los tribunales que han liberado a quienes consideraban delincuentes peligrosos.
LLAMADAS A POLÍTICOS
Entre las propiedades intervenidas a los sindicados se encuentran varios teléfonos móviles. Y es aquí donde el magnicidio de Villavicencio se enturbia aún más: según la cadena colombiana Caracol, se registraron varias llamadas entre los detenidos y tres políticos ecuatorianos, una versión que deberá confirmarse.
Las leyes penales de Ecuador son muy duras contra este tipo de delitos, hasta 26 años por asesinato, más los agravantes por magnicidio y por haberse realizado durante una concentración pública. Al menos una docena de casos preceden a la muerte del candidato anticorrupción, incluida el mes pasado la del alcalde de Manta, Agustín Intriago, el más popular del país.
SE DECRETA LUTO NACIONAL
El magnicidio del candidato presidencial no sólo ha supuesto un terremoto preelectoral de consecuencias impredecibles cuando faltan apenas pocos días para que se abran las urnas en Ecuador. El enorme impacto del atentado también fulmina la esperanza de quienes se resistían a aceptar la evidencia del poder enraizado del narcotráfico y del crimen organizado, que en pocos años ha empujado al país andino a codearse con la Colombia de otros tiempos y el México de la actualidad.
«No vamos a retroceder, el Estado está firme y la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato. No le vamos a entregar las instituciones democráticas al crimen organizado aunque esté disfrazado de organizaciones políticas. Ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden», aseguró el presidente Guillermo Lasso, quien a lo largo de la legislatura contó con el apoyo parlamentario de Villavicencio en varias votaciones trascendentales.
El mandatario declaró tres días de luto nacional y decretó el estado de excepción a nivel nacional durante 60 días.
La condena mundial del crimen transmitió la solidaridad internacional al Gobierno de Quito, pero también la inquietud ante el «ataque a la democracia» en el país. «Un descarado acto de violencia», precisó la Casa Blanca, mientras Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea, destacó que es un «ataque contra las instituciones».
El candidato había denunciado en las horas previas las amenazas del jefe de la banda de Los Choneros, asociada al Cartel de Sinaloa. Villavicencio se sentía en el punto de mira de distintos poderes oscuros y por ello repetía una frase a sus amigos del gremio: «Si me van a matar, que me maten».
«Maldito este Gobierno, no hizo nada para protegerlo. Responsabilizamos al Gobierno, a Correa y a todas sus bandas delincuenciales», añadió Patricia, hermana de Villavicencio. Las investigaciones periodísticas del líder asesinado en torno a los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y las tramas corruptas de la revolución ciudadana condujeron a la sentencia de ocho años contra Rafael Correa, hoy huido de la Justicia ecuatoriana.
SIETE PREGUNTAS PARA RESPONDER
El asesinato a tiros a la salida de un acto electoral, en plena calle y rodeado de policías y simpatizantes, ahondó la percepción que tienen los ciudadanos de vulnerabilidad ante la acción criminal que se ha desatado en los últimos tres años en Ecuador.
Villavicencio había denunciado amenazas en su contra que atribuyó a un grupo criminal local relacionado con el cartel del narcotráfico mexicano de Sinaloa y llevaba resguardo policial y seguridad privada.
El asesinato del candidato presidencial elevó el impacto de la violencia y pone el foco en las acciones del gobierno del presidente de centroderecha Guillermo Lasso para recobrar el control del territorio.
- ¿Qué amenazas había recibido Villavicencio?
El candidato presidencial del movimiento Construye denunció durante la campaña electoral que había recibido amenazas del grupo delictivo conocido como los Choneros y de su líder, alias Fito, a quien relacionó con el cartel mexicano de Sinaloa. Según Villavicencio, tanto él como su equipo de campaña estaban en riesgo de muerte si seguía mencionando a Fito en sus declaraciones públicas.
“Ustedes son mi chaleco antibalas, yo no necesito, ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes”, pronunció el candidato en un acto en Chone, precisamente el territorio original de la banda de los Choneros.
“Vengan, aquí estoy, dijeron que me iban a quebrar, aquí estoy… Que vengan los capos del narco, que vengan los sicarios”, proclamó Villavicencio.
Su lema de campaña “Es tiempo de valientes” aludía a su propuesta de luchar contra la corrupción y la acción del crimen organizado, si llegaba al gobierno, haciendo una depuración de las fuerzas de seguridad.
Ya había reportado también amenazas a su familia cuando dispararon contra la residencia de
su familia en Quito en septiembre del año pasado. - ¿Qué se sabe de los responsables del ataque?
La Fiscalía informó tras el asesinato, que seis personas fueron detenidas en allanamientos en Quito. Más tarde se confirmó que los seis eran de nacionalidad colombiana. Un sospechoso, aprehendido tras un intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad, murió después al ser trasladado a dependencias judiciales.
Las autoridades ecuatorianas no han informado sobre líneas de investigación ni sobre los motivos que pudo originar el hecho. El presidente Lasso dijo poco después del ataque que el crimen organizado está detrás del ataque, aunque no dio ningún detalle.
El mandatario publicó en Twitter (ahora llamada X), que el FBI estadounidense aceptó la petición de “colaborar con las investigaciones. - ¿Es el primer asesinato de un político de primera línea?
En el contexto de violencia que azota a Ecuador en los últimos tres años y que el gobierno atribuye a la lucha de territorio entre bandas relacionadas con el narcotráfico, el asesinato del candidato presidencial es el ataque a una de las figuras de mayor exposición pública hasta ahora. Pero no el único.
El 23 de julio pasado, el alcalde de la tercera ciudad más grande del país, Manta, fue asesinado también a tiros en un recorrido por un populoso barrio. Agustín Intriago había sido reelegido en las últimas elecciones municipales de febrero pasado y gozaba de gran popularidad, precisamente, por sus abiertas declaraciones y acciones de lucha contra el crimen.
Durante la campaña electoral de esas elecciones municipales, hubo al menos 15 ataques dirigidos a los entonces candidatos, la mayoría en las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas, donde las autoridades aluden que hay más presencia de bandas de narcotráfico. - ¿Hay conexión entre la política y el crimen organizado?
Políticos y autoridades han declarado públicamente sus sospechas por presuntos vínculos entre la clase política y el crimen organizado, pero solo Villavicencio denunció en enero de este año ante la Fiscalía a 21 candidatos a alcaldes por su-puestos nexos con el narcotráfico y aseguró haber entregado información sobre financiación que respaldaba la acusación.
El entonces asambleísta aseguró que gran parte de las organizaciones políticas de Ecuador “están contaminadas con recursos provenientes de estructuras delictivas vinculadas a la minería ilegal, al narcotráfico y la corrupción”.
Sin embargo, no ha trascendido ninguna sentencia o consecuencia judicial alguna tras la denuncia presentada. - ¿Cuándo y por qué se disparó la violencia en Ecuador?
Autoridades de gobierno atribuyen la violencia que se inició en las cárceles, con un motín sangriento simultáneo en tres centros penitenciarios en 2021 y que dejó 79 reos asesinados, a la muerte un año antes de Jorge Zambrano, alias “Rasquiña”, líder de los Choneros. Su desaparición dejó un vacío de poder que se disputan varios grupos delincuenciales.
Desde entonces, ha habido más de una decena de enfrentamientos en las cárceles con 400 presos muertos. La violencia saltó a las calles, donde crecieron los secuestros, asesinatos, sicariatos, robos y extorsiones que sumen a la población en un clima de temor y desprotección.
En lo que va de 2023, se han registrado unas 3.600 muertes violentas, mientras que 2022 cerró con la cifra más alta en la historia del Ecuador con 4.600. Ya era el doble que en 2021, cuando se registraron 2.300. Esa escalada contrasta con las cifras de 2020, 1.011 asesinatos, y de 2019, con 890. También los niveles de incautación de droga se han incrementado desde 2020 cuando se decomisaron 128 toneladas de sustancias ilícitas. En 2021, la cifra ascendió a 210 y tras un descenso a 201 toneladas en 2022, para 2023 autoridades antinarcóticos han dicho que van 122,5 toneladas de droga decomisadas. - ¿Cuál es la conexión con los carteles de la droga mexicanos?
Durante años, Ecuador ha mantenido el discurso de ser un país solamente de tránsito en la ruta internacional de la droga, al ser vecino de dos grandes productores, Perú y Colombia.
Sin embargo, en los últimos tres años se ha disparado en el país la violencia con ciertos ataques como muertes por sicariato, desmembramientos o explosiones habitualmente atribuidos a bandas internacionales del narcotráfico. En 2022, dos cuerpos aparecieron colgados y decapitados a las fueras de Guayaquil.
Estas acciones, tanto en las calles como dentro del sistema penitenciario, han sido atribuidas por el gobierno a la pugna por el control del territorio y la distribución de drogas entre bandas locales, como los Choneros, los Lobos o los Tiguerones. Al primero, las autoridades lo relacionan con el cártel mexicano de Sinaloa y a los segundos con el de Jalisco Nueva Generación. - ¿Qué hace el gobierno frente a esta realidad?
El asesinato de Villavicencio se produjo menos de dos semanas después de una secuencia de ataques que llevó al gobierno a decretar un estado de excepción en dos provincias, Manabí y Los Ríos, y otro para el sistema penitenciario que permitiera movilizar a los militares para retomar el control de las cárceles.
Tras el hecho el presidente Lasso emitió un nuevo decreto de excepción con duración de 60 días, esta vez para todo el territorio nacional. Desde mayo de 2021, cuando el mandatario llegó al poder, se han decretado 19 estados de excepción en un intento aún infructuoso del gobierno para frenar la ola de violencia.
EE.UU. ES MUY CAUTO
Estados Unidos optó por la cautela este viernes y evitó atribuir responsabilidades en el asesinato del candidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio.
En una rueda de prensa telefónica, John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, destacó que la investigación se encuentra “activa” y refirió cualquier pregunta sobre posibles culpables al Ejecutivo ecuatoriano.
Villavicencio, un periodista de 59 años que era muy crítico con el crimen organizado, había denunciado días antes de su muerte amenazas de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, identificado como líder de Los Choneros, grupo con nexos con el mexicano cártel de Sinaloa.
Al hilo de ese nexo con el cártel de Sinaloa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió a la defensiva el jueves durante su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional y afirmó que “no hay elementos” que sostengan la versión de que el Cártel de Sinaloa estuviera detrás del asesinato de Villavicencio.
El Gobierno de EE.UU. ha condenado fuertemente el asesinato de Villavicencio y ha llegado incluso a considerarlo un ataque contra la democracia y el Estado de Derecho en el país. Villavicencio era uno de los ocho candidatos a la presidencia que concurrían a las elecciones generales extraordinarias previstas para el próximo día 20 en las que se elegirá al sucesor del conservador Guillermo Lasso.
Sea quien haya sido el causante intelectual del magnicidio, será un duro reto ubicarlo. Por lo general los sicarios colombianos se mueven con el sistema de células, en las cuales nadie sabe de dónde viene la orden, pero sí el objetivo.
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