Groseras ilegalidades
Por Miguel Rivadeneira Vallejo
Un sistema democrático no funciona a plenitud cuando las instituciones fallan y no ofrecen plenas garantías a los ciudadanos. Más aún cuando existe una complicidad evidente de autoridades, que le están haciendo el juego a la impunidad, la violencia, la inseguridad, confabulados con aquellos que presionan a la fuerza para retornar al poder. Autoridades que están llamadas a cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico y son las primeras en violarlo.
El Ecuador es un ejemplo claro de una democracia fallida, con funciones del Estado severamente cuestionadas por la mala actuación de sus autoridades, sin seguridades, llenas de corrupción. Basta observar los fallos de ciertos operadores de justicia, no todos, que contribuyen abiertamente a la impunidad, a vista, paciencia y ceguera del organismo de control administrativo y disciplinario, hoy por los suelos, sin credibilidad, y severamente cuestionados y hasta investigados penalmente casi todos sus miembros.
Qué decir del Consejo de Participación Ciudadana, que de eso no tiene nada. Están tomados contradictoriamente para perseguir a las autoridades que se atreven a combatir los actos de corrupción (la Fiscalía) sin tener atribuciones para ello. Al contrario, nada hacen para fomentar la transparencia y luchar contra este mal, que carcome al país, como les obliga la Constitución (art. 208).
Qué decir del máximo organismo electoral, que no ofrece garantías sino que, al contrario, genera incertidumbre y más dudas, cuando con sus acciones ni siquiera respeta el ordenamiento jurídico ni las reglas electorales superiores. No puede estar un reglamento, por jerarquía de las normas, por sobre las disposiciones de la Ley Electoral-Código de la Democracia. Están obligados a cumplir la ley, observarla y aplicarla. No pueden acomodar normas para atender las presiones políticas.
No hay causal en el Código de la Democracia que disponga que en caso de repetirse una elección de asambleístas del exterior, como se ha resuelto, se lo haga junto con la segunda vuelta presidencial. La ley dice que debe hacerse en 10 días y no en 45. La ley dice que la elección de asambleístas será en la primera vuelta y no en la segunda. Una grosera ilegalidad a vista de todos, en medio de la desidia, desinterés e indiferencia general.
Se vive una democracia secuestrada y presionada por aquellos que hicieron la Constitución de Montecristi, llena de garantías y sin la exigencia del cumplimiento de los deberes y las responsabilidades. Al país le tienen bloqueado con un sistema que solo beneficia a aquellos que crearon. No hay voluntad política, porque a sus actores no les conviene. Por ello la importancia de que los colectivos, los gremios, las élites y la ciudadanía despierten y emprendan una iniciativa para impulsar los cambios. Mucho se habla de ello, pero nada se concreta.
Con estas acciones, ¿qué mensajes se envía al mundo? Inseguridad jurídica y desconfianza, con lo cual no se puede aspirar a inversiones como existen en países vecinos, que pese a los problemas internos y a la violencia ofrecen certezas, seguridades y estabilidad, más allá de los regímenes de turno, debido a sólidas instituciones.
