La deuda con las neurodivergencias
Por Daniela Leytón Michovich
Luego de la pandemia de la Covid, la salud mental como política pública ha retomado el interés de parte de los Estados, sin embargo, el enfoque desde las mismas organizaciones mundiales supra estatales y estatales mantiene en la mayoría de los casos una tradición de corte conservador: por un lado, centrado en el tratamiento del fenómeno, pero desconectado de la dinámica de las mismas formas de reproducción social y del capital y por otro, interpretado desde la lógica salud-enfermedad. Ante esta realidad, les invito a reflexionar sobre la urgencia de repensar las políticas públicas de salud mental en el contexto de América Latina.
Alguien dijo una vez “lo normal es la diferencia” y luego de tantos siglos apenas hemos dado pasos de bebé para asimilar lo que eso significa. La neurodivergencia es aún percibida de forma violenta como enfermedad, lo que lastima el autoconcepto de personas que además tienen que lidiar primero con reconocer su forma de relacionarse y comprender el mundo, luego ser diagnosticado adecuadamente y finalmente encontrar las herramientas que le permitan negociar en un mundo diseñado de otra manera.
Ante esta realidad, el costo del servicio de atención psicológica, los escasos o nulos controles de calidad en servicios gratuitos, el prejuicio y estigma social o desconocimiento, evita que las personas acudan a consulta. Esto que personas neurodivergentes no diagnosticadas sufran un importante desgaste emocional, cognitivo, además de que experimentan problemas de relacionamiento social y lo que muchos no dicen es que su vida está en riesgo por la alta probabilidad de desarrollar cuadros depresivos.
Ahora bien, si en el mejor de los casos una persona neurodivergente es diagnosticada, el siguiente obstáculo es el costo de la medicación, que en muchas ocasiones es inaccesible, tomando en cuenta además que los seguros médicos aún no consideran a la psicología y la psiquiatría dentro de sus planes.
Paralelo a este desafío está la psicoeducación del entorno. Las acciones de la consulta se ven limitadas porque en esta fase no existe un concierto de voluntades que permita a sectores educativos o laborales identificar estas condiciones y contar con herramientas para incluir o acompañar en lugar de juzgar o expulsar, que ciertamente es lo más práctico, barato y cómodo para muchas instituciones. Si pensamos desde esta dimensión, tomemos en cuenta que las personas neurodivergente también están condenadas a violencia económica porque son marginados de los ámbitos de educación y laborales, espacios que podrían propiciar una mejor calidad de vida.
Finalmente, considerar las materias de salud mental sin un diálogo con la dinámica y fenómenos sociales o violencias estructurales es un error vigente. La academia dio pistas importantes para resolver este vacío, pero aún existe la desconexión entre los aportes desde las ciencias y la posibilidad de incidir en la política pública.
La inclusión de las neurodivergencias es un tema urgente, toca des-aprender y ser creativos para despertar sin miedo a las inmensas posibilidades y potencialidades de esta población que no es minoritaria.
OPINIÓN
Daniela Leytón Michovich
Columnista invitada
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