LA IMPUNIDAD UN PREMIO A LA CORRUPCIÓN

por Ecuador News · Publicada 17 julio, 2024 · Actualizado 17 julio, 2024

Por Holguer Mariano Jara

Para atender el problema de la impunidad en Ecuador es importante abarcar todo el espectro desde la prevención y la denuncia, hasta la investigación e impartición de justicia. Probablemente no haya mayor indefensión para la honestidad, que la inquina política penetre en la justicia y el mazo se convierta en una ráfaga de balas para la gestión honesta.

Las instituciones encargadas de seguridad pública y justicia tienen muy mala reputación; la solución del gobierno, al parecer, es aumentar los castigos en vez de corregir las causas de la corrupción, lo cual por un lado encarece el soborno y por otro aumenta la impunidad, por el momento no es un escenario alentador, pero si muy depredador.

Es urgente, por ejemplo, la depuración y profesionalización de la policía, así como una mejora sustantiva en la calidad de las investigaciones que realizan, así pueden mejorar la articulación con jueces y magistrados. La impunidad es un problema estructural, las leyes no se cumplen y todo va por el camino equivocado.

Endurecer los castigos por corrupción es una medida efectiva para activar actitudes autoritarias entre la población, pero tiene efectos indeseables como el uso político de acusaciones de corrupción y la criminalización de grupos vulnerables, mientras los verdaderos corruptos, están protegidos por el Estado.

Es decir, mayores castigos por corrupción puede tener el efecto contrario al deseado: no sólo se incrementa el monto del soborno, sino que acaba por ampliarse el margen para la impunidad, pues abre la posibilidad de encarcelar sin juicio previo ni derecho a fianza a personas inocentes, incrementar los costos de la extorsión, castigar a chivos expiatorios o a personas que no tienen ninguna culpa.

No sorprende que la peor reputación por corrupción tenga la policía de tránsito, las cárceles y los reclusorios, los ministerios públicos y la Asamblea Nacional. Todos están en la primera línea de prevención del delito e investigación y todos superan el exceso de corrupción en el Ecuador.

Luego están los encargados de impartir justicia, de emitir sentencias, jueces, magistrados y la Corte Suprema de Justicia, quienes se colocan en una posición intermedia al tener alta percepción de corrupción.

La injusticia social desde una perspectiva general es un fenómeno sin control, que ha degradado parcial o completamente la vida de muchas personas, sobre todo de aquellas que tienen limitaciones económicas. Esta situación impide un desarrollo pleno de cada individuo y condiciona la forma de vivir de quienes la padecen.

Hoy existe y se puede observar en el diario vivir de los ecuatorianos una clara brecha entre ricos y pobres. Esta realidad no se presentó de la noche a la mañana, sino que surgió de un proceso donde la economía ecuatoriana asumió el modelo equivocado.

La justicia social debería buscar el punto de equilibrio entre partes desiguales, esta a su vez remitir el derecho a la sociedad que esté más desfavorecida; este concepto está basado en la creación de nuevas condiciones para obtener un buen desarrollo en materia económica, pero también para el crecimiento de una sociedad con igualdad y justicia.

En Ecuador existe una sensación generalizada de que la ley no se aplica de forma imparcial. La ciudadanía considera que sí existe un trato diferenciado y la impunidad por actos de corrupción es casi total. Pocos creen que en el país se respetan las leyes, pero al mismo tiempo coinciden, que corporaciones encargadas de la seguridad pública y concesión de justicia tienen muy mala reputación. En pocas palabras; en el país las normas existen, pero la seguridad y la justicia no.

Los ecuatorianos no estamos preparados para que la Justicia se haya convertido en la trampa mortal, de quienes una y otra vez inocentes caen en manos de quienes, con cuentas pendientes e ideas reaccionarias, usan el poder de la justicia como apéndice de las peores prácticas políticas posibles.

Las líneas éticas exigentes con la pulcritud en la gestión política, sobre todo cuando de fondos públicos se trata, es tan loable como a veces pueril en Ecuador porque, en el país de la mentira y del expolio a lo público, elevar el listón sólo de una parte, convierte el obstáculo en oportunidad de la carencia de escrúpulos.

En este país deberíamos hablar, de cómo resarcir a las personas de su honor cuando se demuestra su inocencia, cómo mutar la inocencia en una culpabilidad construida a base de martillazos que deforme la realidad, como conseguir que la justicia no se convierta en el mazo que abata las carreras profesionales, sean políticas o no, como si se trataran de medievales duelos al amanecer entre la política y los políticos.

Esperemos que, la costumbre de presentar denuncias y luego callar, termine para siempre. En estos últimos días, incluso el gobierno nacional ha hecho notar por declaraciones, que la Asamblea Nacional está podrida de corrupción, que el Alcalde Guayaquil, estaría vinculado en negocios turbios de combustibles. Jueces y fiscales siguen la marcha inexorable de la corrupción, que los sindicalistas abusan y roban el dinero del pueblo. Lo cierto es que, cuando el río suena, piedras trae.