ABUSO CONTRA TERCERA EDAD
ROSALÍA ARTEAGA SERRANO
En general en los diferentes países se toman medidas que tienden a beneficiar a las personas que cumplen o rebasan cierta edad; en el caso ecuatoriano se ha establecido el límite de los 65 años, a pesar de que la ONU considera que con 60 años se es ya un adulto mayor, pero, bueno, esta no es la razón de mi reflexión el día de hoy, sino lo que tiene que ver con la forma en que ciertos sectores y empresas tratan de evadir las responsabilidades que por ley se les asignan en el tratamiento de las personas de la tercera edad.
Por ello, ahora quiero referirme a lo que ocurre con las compañías de aviación que trabajan en el país y que tienen la obligación de dar un trato preferencial a los adultos mayores por ejemplo a la hora de embarcar o de acceder al avión en cualquiera de los aeropuertos del país; pero una obligación que siempre trata de evadirse o de dificultar su acceso es al descuento que por ley debe darse a las personas mayores de sesenta y cinco años en los tickets que se compran para la realización de los vuelos.
Así, la ley señala que “los mayores de 65 años de edad gozarán la exoneración del 50% de las tarifas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, y de las entradas a los espectáculos públicos, culturales, deportivos, artísticos y recreacionales”.
Sin embargo, de esta expresa disposición, las compañías aéreas en su afán de evadir la ley exigen que la compra de tickets para personas de la tercera edad se la haga de forma física, cuando todos los otros tickets se los puede adquirir de forma online, de esa manera penalizan a las personas que tienen derecho a un trato preferencial y tratan de dificultar la efectivización del descuento.
Por otro lado, se admite que esa compra se realice a través de las agencias de viaje, lo que implica recargos a la compra de los boletos, con lo que se diluye el descuento que se pretende ejecutar, y, lo paradójico es que cuando se trata de la compra de los pasajes de manera física, las compañías cobran una tasa de agencia de viajes, cuando en realidad es la misma compañía las que los vende.
Esta distorsión hace que en realidad un beneficio se transforme en una especie de viacrucis y no se respete la ley, por lo que muchos sentimos que la ley se evada, se la ignore y quienes deben ser los beneficiarios se sientan burlados en sus legítimos derechos.
Esperamos que las autoridades tomen las acciones pertinentes.
