MEDIDAS EN EE.UU. REPERCUTEN EN ECUADOR
Por: Holguer Mariano Jara
Los impuestos siempre generan distorsiones y en este caso no es la excepción. El impacto de esta política del 1% aprobada en el Senado de Estados Unidos a las remesas, a las que se suma la persecución, deportaciones, falta de trabajo, salarios bajos, mete en profunda crisis a los migrantes irregulares
La decisión de aplicar este impuesto tendrá un impacto de 50 millones de dólares anualmente en Ecuador, aunque el efecto más grave recaería sobre los hogares que dependen de estos envíos como fuente principal de ingreso y será un dolor de cabeza para la economía del país, cuyas arcas fiscales dependen cada vez más de los envíos de divisas que llegan desde norteamericana.
Esta Ley aprobada el 4 de julio y que entrará en vigencia el 1 de enero del 2026 más la política agresiva de Donald Trump, es una presión insoportable que afectará directamente a EE.UU y a los países con inmigrantes indocumentados.
Con excepción de los inmigrantes que cuentan con tarjeta de residencia permanente o Green Card, será un golpe al bolsillo de al menos 40 millones de personas que envían dinero a sus países de origen.
Las remesas son un elevador social que le ha permitido a algunas familias superar la pobreza, de manera más efectiva que muchos programas estatales. Existen por lo menos 200.000 ecuatorianos en situación irregular, cobijados de terror no encuentran luz al fondo del túnel y muchos están fugando a otros países, donde les brinden seguridad laboral y social.
El Estado recibe 20 mil millones de dólares de ingresos tributarios, 10 mil millones por exportación petrolera y 6 mil millones de las remesas 5% del PIB, estos montos superan el presupuesto general del Estado, que es de 35.000 millones.
Ecuador debe aumentar las proyecciones de crecimiento, hacerlos más conservadoras y realistas para no caer en cifras de engaño y frustración. Los hogares ecuatorianos deben hacer un uso más eficiente y estratégico del dinero recibido, para amortiguar el posible impacto de una medida que, podría alterar significativamente el tejido económico y social del país.
El gobierno debe reducir el IVA al 12% para que la economía mejore, evitar la fuga de capital humano creando fuentes de trabajo, atraer inversión extranjera, brindar seguridad jurídica, convertirnos en un país atractivo y competitivo, pero en la realidad, no en teoría política.
Si queremos mejores resultados, debemos hacer algo diferente. Para tener una economía sana, el gobierno debe evitar la toxicidad económica, especialmente frenar y si es posible eliminar el despilfarro y la corrupción, frenar la inseguridad y devolver la esperanza al pueblo.
