Preocupada por posición de Ecuador ante CIDH
Defensoría del Pueblo, preocupada por posición de Ecuador ante CIDH; pide peritaje en frontera norte sobre seguridad para periodistas
Critica pedido de Procuraduría de que misión, conformada para investigar secuestro y asesinato de equipo periodístico, termine el 31 de diciembre
La Defensoría del Pueblo insistió en que, al momento, no existen pruebas concluyentes de que el secuestro al equipo periodístico de diario El Comercio se haya efectuado en Colombia, tal como lo indicó el Estado ecuatoriano, a través del Procurador General, en la reunión de la semana pasada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La entidad pide, entre otras cosas, que se permita realizar el peritaje en Frontera Norte sobre la seguridad para el ejercicio periodístico, actividad que no ha sido aprobada por el Gobierno ecuatoriano.
El jueves pasado, se efectuó la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde se abordaron las medidas cautelares emitidas como consecuencia del secuestro de Efraín Segarra, Paúl Rivas Bravo, Javier Ortega Reyes, miembros del equipo de Diario El Comercio y sobre la implementación del mecanismo del Equipo de Seguimiento Especial (ESE).
Tras la diligencia, el colectivo “Nos Faltan 3”, integrado por familiares y amigos de los tres periodistas ecuatoriano, rechazó las declaraciones del Gobierno de Ecuador y la postura que asumió ante el trabajo del Equipo de Seguimiento Especial del La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras el secuestro de los tres periodistas asesinados en la frontera norte.
Rechazaron la intención de levantar las medidas cautelares que se entregaron al caso de los comunicadores.
“Profundamente indignados, pero no sorprendidos, expresamos nuestro absoluto rechazo a la posición asumida por el Estado ecuatoriano. Esta no es la primera vez que el Gobierno intenta evadir su responsabilidad frente a los trágicos hechos ocurridos desde el 26 de marzo del 2018”, dijeron en un comunicado de prensa.
A esta crítica se sumó la Defensoría del Pueblo de Ecuador, que expresó su preocupación frente a la posición presentada por las autoridades estatales del Ecuador.
“Si bien el Estado ecuatoriano fue quien, ante los lamentables sucesos ocurridos con el equipo periodístico de Diario El Comercio, solicitó la intervención de la CIDH y la creación del ESE, llama la atención las aseveraciones expresadas por el Procurador General en las que indicó que el Estado ecuatoriano no aceptaría que se realice un peritaje en zona de frontera, pues no se ajustaría al mandato del ESE y no formaría parte del plan de trabajo original”, criticó la entidad.
Sobre el peritaje en frontera, el Relator para la Libertad Expresión de la CIDH, Edison Lanza, explicó que esto sería sobre seguridad de periodistas en zonas de riesgo lo cual habría sido previsto dentro del programa del ESE.
Además, el Procurador Salvador insistió en que misión deberá terminar el 31 de diciembre de 2018, solicitando la conclusión de sus labores y entrega del informe final. Solicitó que se levante y archive las medidas cautelares emitidas por la CIDH, por cuanto el Estado ecuatoriano habría cumplido con ellas.
“Llama la atención también la afirmación realizada por el funcionario ecuatoriano, al sostener que el secuestro del equipo periodístico habría tenido lugar en Colombia, sin que hasta el momento existan pruebas concluyentes de lo afirmado”, mencionó la Defensoría del Pueblo.
Desde la CIDH, adicionalmente, indicó que el retraso en el inicio funcionamiento del ESE se debió a la demora en el envío de los fondos por parte del Estado ecuatoriano y a las limitaciones y falta de claridad en las vías para acceder a la información.
La Defensoría del Pueblo del Ecuador reconoce y valora el trabajo del ESE y considera que el mismo debe mantenerse como una garantía para avanzar hacia la concreción de los derechos a la verdad, justicia y no repetición de estos hechos.
“Son un imperativo para los familiares del equipo periodístico, los periodistas del país y la sociedad ecuatoriana”, recalcó.
Por ello, exhorta públicamente a las entidades estatales ecuatorianas competentes a fin de que en cumplimiento del deber de prevenir, proteger e investigar las violaciones de derechos humanos:
a) Permitan la realización de todas las acciones previstas por el ESE con la finalidad de que cumpla de manera efectiva con su plan de trabajo, lo cual, comprende el peritaje en Frontera Norte respecto de la seguridad para el ejercicio periodístico.
b) Consideren la ampliación del tiempo previsto de operación del ESE hasta que se hayan realizado todas las acciones previstas en su plan de trabajo, tomando en cuenta las dificultades para el inicio de su funcionamiento expresadas por el Relator para la Libertad de Expresión.
c) Revisen la decisión de solicitar el levantamiento y archivo de las medidas cautelares a la CIDH dado que hasta el momento no se ha llegado a información concluyente ni acciones concretas que garanticen los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familiares.
d) Continuar con la investigación de los hechos sucedidos en la frontera norte vinculados al secuestro, cautiverio y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra a fin de identificar y sancionar a los responsables y reparar integralmente a sus familiares.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo del Ecuador insta a las autoridades estatales tanto del Ecuador y anima a las de Colombia a continuar brindado el apoyo y las facilidades necesarias para que la CIDH, a través del ESE, puedan cumplir con las labores establecidas respecto a este caso y al mismo tiempo exhorta a adoptar medidas estructurales que garanticen la libertad de expresión, la vida e integridad de quienes ejercen el periodismo en el Ecuador.
Con información de Defensoría del Pueblo y Ecuadorinmediato
(PAY)
