Ley de Fomento Productivo
LEY DE FOMENTO PRODUCTIVO: «UN CÓCTEL MOLOTOV»
Los 15 hechos de Ecuador en 2018
En el especial de «Los 15 hechos de Ecuador en 2018», la implementación de la Ley Orgánica de Fomento Productivo, Atracción de Inversión, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal, es uno de los hechos más relevantes de este año. Tras la entrada en vigencia de una normativa de reactivación económica, el 1 de enero, y las 14 medidas anunciadas en abril; la de Fomento Productivo estuvo entre las más importantes decisiones del gobierno del Presidente Lenín Moreno. Varios sectores (políticos de izquierda, trabajadores o de la economía popular y solidaria) criticaron la normativa, asegurando que sería «un cóctel molotov» con el que se estaría poniendo en peligro la dolarización.
Entre sus artículos se contemplaba el no pago de Impuesto a la Renta por 8 años a quienes invirtieran en Quito y Guayaquil; y por 10 años a quienes lo hagan en el resto del país. Asimismo, la reducción gradual del Impuesto a la Salida de Divisas a partir del 2019.
También recogía la remisión de interés, multas y recargos a los contribuyentes que cancelen la totalidad de su capital principal adeudado dentro del plazo establecido. Las obligaciones tributarias que se beneficiarían con el 100% de la condonación serían; las declaraciones, las cuotas RISE, la matriculación vehicular y las deudas en proceso de cobro (incluso las suspendidas por impugnaciones administrativas o judiciales).
Los grupos de beneficiarios serían: las empresas cuyo promedio de ingresos brutos de los últimos 3 años sea mayor a USD $5 millones. Los integrantes de gremios económicos y sujetos pasivos que mantengan impuestos retenidos, percibidos y pendientes de pago al 2 de abril de 2018.
Asimismo, planteaba la devolución del IVA para las sociedades que desarrollasen proyectos de vivienda de interés social, sobre el impuesto pagado en las adquisiciones locales de bienes y servicios empleados para el desarrollo del proyecto.
Y la tarifa 0% de IVA en servicios de construcción de este tipo de casas, definidos como tales en el Reglamento a la Ley, que se brinden en proyectos calificados como tales por el ente rector del hábitat y vivienda.
Contemplaba además, en el caso de los exportadores habituales y del sector de turismo receptivo, la deducción adicional de gastos de promoción comercial, la devolución del ISD en la importación de materias primas, insumos y bienes de capital, y por concepto de comisiones de servicios de turismo receptivo y otros servicios definidos por el Comité de Política Tributaria.
Y se exoneraba del IR por 20 años para los emprendimientos de turismo comunitario y/o asociativos, de micro, pequeñas y medianas empresas. El Reglamento establecería las condiciones y procedimiento para la aplicación de este incentivo. Éste fue emitido por Moreno el 18 de diciembre de 2018, mediante decreto ejecutivo, tras 4 meses de entrada en vigencia la Ley.
El 28 de mayo, los ministros de Finanzas, Comercio Exterior, Industrias y titulares del SRI y Banco Central explicaron el proyecto de Ley. Richard Martínez dijo que el objetivo de la normativa era ampliar los incentivos que constan en el Código Orgánico de Incentivo a la Producción, por lo que realizó un llamado a los sectores empresariales para que aceleren sus inversiones.
Al siguiente día, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), calificó el proyecto y lo envió a la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Esteban Albornoz, de Alianza PAIS.
El asambleísta Mauricio Proaño, integrante de esta mesa legislativa, criticó la normativa, asegurando que tenía “dedicatoria al grupo beneficiado», pero además, lo calificó como «una carta a Papá Noel en mayo para las grandes empresas».
“Revisé quiénes son los beneficiarios de más de USD $5 millones de promedio, son pocos, pero tienen más del 90% de las deudas con el SRI, entonces, se quiere justificar que se hace esto porque las empresas han sufrido quebrantos y utilidades bajas, pero eso no demuestra el informe”, criticó.
Según el legislador, “en 2016 y 2017 las utilidades, en más de 3.000 empresas grandes, subió casi a USD $7 u USD $8 mil millones, y aumentaron en un 18.9%».
“Nunca han perdido, según los datos del SRI. Entonces, si les fue tan bien, ¿por qué el concepto de crisis, o por qué quieren dar remisión de intereses, cuando lo único que hay que hacer, como cualquier ecuatoriano, es pagar las deudas, y no lo han hecho? Siempre esperan estas leyes de remisión de multas e intereses para poder cancelar”.
“La ciencia lo dice en economía: cuando se reduce impuestos, no aumenta el empleo, ni la inversión en tecnología. Lo que va a pasar es que esa rebaja se suma a las utilidades”, añadió.
Para el ex Presidente del Ecuador, Rafael Correa, la Ley, con carácter de urgente que llegó a la Asamblea Nacional, emitida desde Carondelet, «nos va a quebrar a todos». Según detalló, el proyecto eliminaría las «pocas ventajas de la dolarización».
“Ya no tenemos política monetaria, reducen al mínimo política fiscal, ¿cómo se va a manejar la economía? Las consecuencias serán gravísimas”, reiteró y dijo que se estaría destruyendo todo el esquema de la Constitución de Montecristi.
“Banco Central coordinando con Gobierno, cuenta única del Tesoro, y optimización en el uso de la liquidez, frente a la falta de política monetaria. No saben lo que hacen. Pura novelería e improvisación”, lamentó.
Sin embargo, desde el sector empresarial e industrial, pese a las “falencias”, la normativa era positiva. “Es un cambio importante, esperamos tiempos mejores. Consideramos que es un excelente cambio, la señal que nos está dando el gobierno va a ir acompañada de una respuesta de los empresarios para salir de un estancamiento al que hemos estado sometidos en los últimos años”, señaló Caterina Costa, presenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, en junio.
Para el banquero Guillermo Lasso, líder de CREO, la ley era un “parche” a la normativa “correísta” anterior. “De alguna manera, han tomado como base la ley anterior de Alianza PAIS, dominada por el correísmo y por ese pensamiento de un control del Estado sobre la actividad privada y le han pegado algunos aspectos positivos, pero deja por fuera otros elementos que son fundamentales”, criticó.
La economista Wilma Salgado, en declaraciones para Ecuadorinmediato, reveló que en el proceso de remisión de deudas, multas y recargos, contemplados en la Ley se contemplaba, entre los beneficiados, a la empresa brasileña ODEBRECHT, que debe USD $11.8 millones, y se le perdonaría USD $4.5 millones. Otro de los favorecidos sería Alex Bravo, ex gerente de PETROECUADOR, quien debe USD $6.3 millones, y se borraría de sus obligaciones USD $3.9 millones.
El 12 de junio, la Asamblea inició el primer debate y tras un veto presidencial, el 7 de agosto, el Pleno votó. Esteban Albornoz propuso que la misma se apruebe en tres bloques: dos fases de allanamientos y el tercero por ratificación del texto. Es así como el segundo bloque, referente a las reglas macrofiscales y el endeudamiento público, no fueron allanadas por falta de votos. Desde le 21 de agosto, la normativa entró en vigencia.
Tras su aprobación, desde el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), se advirtió el riesgo de la Ley:
“Moreno termina de instaurar un régimen neoliberal través de cuatro fases: (1) liberar el comercio para alimentar la tasa de ganancia de los importadores y las transnacionales; (2) la exoneración de impuestos y la instauración de escudos fiscales que faciliten la acumulación de riqueza de la forma tradicional -y sobre los mismo grupos económicos-; (3) una vez la ganancia se efectiviza, la ley elimina las barreras para que los capitales fácilmente se fuguen a paraísos fiscales; (4) finalmente, instaura por ley una agresiva austeridad para suprimir al Estado como un actor del desarrollo, de tal forma que éste no interrumpa el proceso de acumulación histórico”.
Su aprobación causó críticas e incluso movilizaciones. Para el presidente de la Comisión de Régimen Económico, Pabel Muñoz, por ejemplo, esta normativa estaría allanando el camino para la implementación de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el país, tomando en cuenta el anuncio de la revisión del subsidio a los combustibles, o la remisión de multas, intereses y recargos a las grandes empresas.
Efectivamente, en agosto, el Presidente Moreno anunció que los siguientes pasos que daría el país en materia económica serían: un préstamo con el FMI, una emisión de bonos y una reestructuración de la deuda que mantiene el Estado ecuatoriano con China. La venta de empresas públicas o las concesiones también eran parte del plan nacional. Hasta el mes de diciembre, la emisión de bonos y la renegociación de la deuda con el país asiático, se cumplieron.
Con corte al 17 de diciembre de 2018, esta Ley ha recaudado USD $199,49 millones de una meta de USD $602 millones. Los montos se dividen así: USD $142,31 millones por deudas, USD $2,16 millones por RISE, USD $37,45 millones por declaraciones de impuestos y USD $17,57 millones por matriculación vehicular.
Se han beneficiado 273.496 contribuyentes y 20.228 empresas, según el Servicio de Rentas Internas, SRI.
(JPM)
Fuentes: Ecuadorinmediato.com – SRI (Puede revisar la normativa aquí: )
