Alianza País se desvanece en el Morenismo
Los 15 hechos de Ecuador en 2018
Luchaban bajo una misma bandera, apoyaban y obedecían a un mismo líder y promovían el mismo proyecto político. Tras el cambio de Gobierno, todo de desintegró y lo que, en un momento, fue el movimiento más grande y poderoso del Ecuador, Alianza PAÍS, ahora es una organización sin brillo ni presencia, además no luce ninguna figura potente para las elecciones de marzo del 2019 y de diluye en la inercia.
Las diferencias entre Rafael Correa y Lenín Moreno, insignes dirigentes de Alianza PAÍS (AP), comenzaron en el momento preciso en que el primero dejó el país en 2017 tras la toma del poder del segundo el 24 de mayo de ese año.
El afán de distanciarse de su antecesor llevó al Mandatario a lanzar duras críticas contra el propio Correa y el modelo que él gestionó en Ecuador, incluyendo acusaciones de tapar corrupción y “alcahuetear” a sus ex aliados.
A finales del 2017, la división no solo se evidenció entre los líderes históricos de AP, sino que alcanzó a sus seguidores: por un lado, los correístas, que defendía el modelo implantado durante 10 años, y, por el otro, los morenistas, que exigían a ultranza cambios, que incluían combate a la corrupción, que, según insistieron, Correa no lo había hecho.
Para ese tiempo, la dirección de AP había cambiado de manos: de las de Gabriela Rivadeneira a las de Ricardo Zambrano, en medio de disputas por la legitimidad del cargo, que, incluso, llevó el tema al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para que establezca quién tenía la razón.
El 16 de enero del 2018, el TCE ratificó al mandatario Lenín Moreno como presidente del partido oficialista, por tanto, a Zambrano en el cargo, tras desechar un recurso interpuesto por los aliados al exmandatario Rafael Correa, que insistían en removerlo de la dirección del movimiento político.
“Hoy, en los 11 años de la Revolución Ciudadana, el regalo de los traidores es el robo de Alianza PAÍS, con una insólita sentencia -dividida- del TCE. Nos podrán robar AP, pero jamás nuestra voluntad y convicciones. Pese a dolor, esto sólo nos fortalece”, reaccionó el líder histórico de Alianza PAÍS, Rafael Correa, en su cuenta de Twitter.
Pero la molestia de Correa no se quedó en la red social y fue más allá desafiliándose del propio movimiento político que él había creado, que le permitió ganar 14 elecciones y le dio poder político durante sus 10 años en el Gobierno.
El 16 de enero, Correa llegó hasta la delegación del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la provincia de Los Ríos, para entregar el documento que lo alejaba políticamente de PAÍS: «No solo son traidores, son ladrones, no podemos seguir participando de un movimiento, cuyo presidente ha pactado con los más corruptos de la política, como los Bucaram, con los socialcristianos, con los más corruptos de la clase económica, los banqueros», mencionó.
La decisión de Correa motivó a decenas de simpatizantes del movimiento político para optar por la misma resolución. El mismo día, pero en horas de la tarde, los asambleístas Gabriela Rivadeneira, Juan Cristóbal Lloret, Carlos Viteri Gualinga, Esteban Melo, Mauricio Proaño, Soledad Buendía, entre otros, se desafiliaron.
Tras la salida masiva de coidearios, la sede de AP, en Quito, terminó con las paredes grafiteadas y con consignas en contra de la consulta popular, que se fraguaba por esas fechas: “no 7 veces no”, “vende patrias”, “no a la traición”, “Ricardo Zambrano, bienvenido traidor”, fueron algunas de las frases escritas.
Rafael Correa se refirió a los grafitis, indicando que no los justifica, pero decía que «es la reacción natural ante tanta indignación, tanta humillación».
Al siguiente día el Gobierno reaccionó y la vicepresidenta (e) de AP, María Fernanda Espinosa, consideró que la desafiliación serviría para que se apliquen procesos de fortalecimiento y refundación de la tienda política.
“(Alianza PAÍS) realmente se libera para poder entrar en una fase de fortalecimiento, de refundación, de formación de cuadros como corresponde a un movimiento político serio y responsable”, añadió.
En distintas fechas, tres asambleístas dejaron AP y se volvieron independientes: el legislador por la provincia de Morona Santiago, Juan Pablo Velín, Yofre Poma, por Sucumbíos, y la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Bonilla.
Los asambleístas denominados correístas conformaron una nueva bancada al interior de la Asamblea, alejada de los morenistas y denominada “Revolución Ciudadana”, que ha encontrado el escenario idóneo para hacer críticas directas a las políticas adoptadas por el Gobierno de Lenín Moreno, así como también para evidenciar las violaciones a derechos humanos que existirían en el caso de Jorge Glas.
Incluso analiza la posibilidad de impulsar un pedido de revocatoria del mandato contra el presidente Lenín Moreno con miras a establecer una Asamblea Constituyente.
4 veces el CNE le dijo ¡No! a Revolución Ciudadana
El 16 de enero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la inscripción del Partido Revolución Ciudadana, impulsada por correístas, debido a que tanto el uso del eslogan como del logo son los que utiliza Alianza PAÍS.
El 23 de enero, el CNE, por segunda ocasión, le negó la solicitud de entrega de clave para que se inicie el proceso de inscripción a Revolución Ciudadana por el incumplimiento de requisitos legales y reglamentarios, ya que el nombre del partido forma parte del slogan de una organización política existente.
El 5 de abril, como Revolución Alfarista, el CNE rechazó la petición de los correístas, indicando que incumplen con los artículos 306 y 307 del Código de la Democracia.
Con la constante negativa de inscripción, los correístas vieron en el Movimiento Acuerdo Nacional (MANA) el espacio para participar en los comicios del 2019; sin embargo, tras recolectar firmas bajo ese auspicio, saltó un conflicto por la representación legal del movimiento, que, finalmente, el 21 de agosto del 2018, fue zanjada con el pronunciamiento del CNE al notificar que Vanessa Suárez, contraria al correismo, constaba en sus registros como la representante que solicitó formalmente la inscripción de esa organización.
Una de PAÍS; otra de Revolución Ciudadana: las dos, fuera de la Asamblea
La asambleísta de AP, Norma Vallejo, fue acusada por presuntos cobros ilegales a sus ex asesores legislativos. Para el 16 de octubre, el Pleno de la Asamblea aprobó la creación de una Comisión que investigara el tema. El 25 de octubre, por unanimidad, la Comisión multipartidista recomendó la pérdida de cargo de Vallejo, pues, según se indicaba, se ha demostrado que la asambleísta gestionó un cargo público.
El tema en el campo político concluyó el martes 13 de noviembre cuando la Asamblea destituyó, con 89 votos, a Norma Vallejo por haber gestionado cargos públicos
El caso de Sofía Espín nació el 25 de octubre, cuando la defensa de Fernando Balda acusó que a la asambleísta de Revolución Ciudadana de visitar a la ex agente de Inteligencia, Diana Falcón, en la cárcel de Quito para «presionarla» para que supuestamente cambie su versión en contra de Rafael Correa.
La asambleísta admitió haber visitado a la ex agente, pero negó que haya tratado de chantajearla. El Gobierno dijo que ella no tenía autorización para ingresar a ver a la rea.
El tema llegó a la Asamblea, que aprobó la investigación a Espín. El 20 de octubre, la Comisión recomendó al Pleno Legislativo la destitución.
La Asamblea, el 13 de noviembre, con 94 votos destituyó a Espín por incompatibilidad de funciones e por interferir en la independencia de poderes del Estado.
Ambos temas no se han cerrado, pues las ex parlamentarias tienen abiertos juicios penales.
(PAY)
Ecuadorinmediato
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