La reforma tributaria se presentará en octubre
EL TELÉGRAFO (Quito) La reforma tributaria se presentará en octubre
Estado buscaría recortar aún más al sector público
El Gobierno hizo pública la Carta de Intención con el FMI. El organismo hará una revisión del plan en junio, otra en septiembre y la tercera, en diciembre. Cambios en el cálculo de la deuda pública, armonización de los sueldos de los empleados públicos con los del sector privado y actualización de las tarifas de los servicios que prestan las entidades públicas son algunas de las múltiples acciones que el Gobierno implementará en lo que resta del año.
Son parte de la Carta de Intención con la que Ecuador solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) financiamiento presupuestario temporal por $ 4.200 millones.
El documento de 18 páginas fue suscrito por Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, y Verónica Artola, gerente del Banco Central del Ecuador (BCE). Data del 1 de marzo de 2019 y está dirigido a Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario.
El Gobierno liberó este jueves 21 de marzo el contenido de la Carta de Intención. En ella se exponen los plazos de las metas estructurales previstas y se detallan aspectos previamente anunciados, como reformas tributarias y laborales.
Con el afán de seguir reduciendo el déficit fiscal, por el reajuste de la masa salarial del sector público solo se renovará uno de cada dos contratos que expiren en los sectores no sociales y se armonizarán los sueldos con los del sector privado.
Martínez explicó el miércoles en la Asamblea Nacional que en el Presupuesto General del Estado se estableció una reducción de gasto por pago a personal de $ 350 millones.
Sin embargo, con el Plan de Prosperidad se suma un recorte de $ 150 millones adicionales.
La optimización de los subsidios a los combustibles se concentrará en la normalización de los precios del diésel de uso industrial. Las tarifas de los servicios de entes públicos se actualizarán para que reflejen “con mayor exactitud” los costos y mercados a los que atienden.
Ciertos bienes del Estado seguirán siendo de propiedad pública, pero sus derechos de concesión pasarán a manos de socios privados. Alrededor de $ 800.000 se espera que rinda la monetización de activos en 2019.
