Unasur, centro resistencia
El edificio de la Unasur podría transformarse en un centro de resistencia latinoamericana
En Notimundo Estelar, Jaques Ramírez, director de Cooperación Internacional del Gobierno de Pichincha dijo que la aspiración de la prefecta Paola Pabón es convertir al edificio donde funcionaba la Unasur en un espacio para la memoria y la resistencia regional.
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, solicitó al canciller, José Valencia, una reunión urgente con miras a empezar el proceso de reversión de los terrenos que fueron donados por el Consejo Provincial para la construcción del edificio de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
“Creemos que esas instalaciones tienen que seguir siendo un espacio para pensar la integración, para pensar en lo que ha pasado en nuestra historia. Me parece que tener un centro de la memoria y la resistencia latinoamericana es lo más apropiado para el lugar y es en lo que ha meditado la prefecta”, dijo Jaques Ramírez, director de Cooperación Internacional del Gobierno de Pichincha.
La solicitud a la cancillería hecha por Paola Pabón, militante de la Revolución Ciudadana, se dio después de que la Asamblea aprobara el martes con 79 votos la denuncia del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas.
Para la reversión de los predios, el Gobierno de la Provincia invoca a la cláusula cuarta de la Escritura de Donación de los terrenos situados en el sector de la Mitad del Mundo, en Quito, en donde el gobierno de Rafael Correa construyó el edificio, avaluado en 40 millones de dólares, para la sede del organismo regional.
En el mencionado documento se estipula que “en el caso de que la Cancillería no destine el inmueble que recibe en donación, en la construcción y puesta en funcionamiento de la sede administrativa y del centro cultural de la Secretaría General de la Unasur, se revertirá su dominio a favor del Consejo Provincial de Pichincha”, señaló Ramírez.
El funcionario recordó que la salida de Ecuador de Unasur aún no termina, sino que deben transcurrir seis meses para que pueda ejecutarse lo aprobado por la Asamblea Nacional y además, el país debe ponerse al día en los pagos que adeuda al organismo que bordean los 800 mil dólares.
