Las protestas, las mafias y el combustible

por Ecuador News · 23 octubre, 2019

Las protestas, las mafias y el combustible

El tráfico del combustible es por demás preocupante para el país. En estos días, de convulsión social, se ha mencionado reiteradamente este fenómeno mafioso, que no es nuevo.
Los grupos criminales operan con poderosas redes de apoyo. Unos se dedican a sacar el producto hacia Perú y Colombia en motos o en mulas. Otros dan seguridad a las cargas o prestan sus propiedades para acopiarlo. En poblaciones fronterizas, la gente se siente atemorizada o ha sido captada por los criminales. Ahí tiene que actuar el Estado, para atender a la población necesitada y para frenar a las bandas de traficantes.
En el primer trimestre del 2018, cuando narcoterroristas asesinaron a un equipo de este Diario, a cuatro militares y a una pareja ecuatoriana, el Gobierno anunció que todo el Estado se trasladará a los pequeños pueblos de Ecuador asentados frente a Colombia. Resulta que aquello no ocurre del todo.
Los narcos tienen corredores clandestinos que cruzan Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, El Oro, Loja y Zamora. Así trasladan el combustible a Perú y Colombia, para elaborar el alcaloide.
El Gobierno calcula que la gasolina pesa un 30% en el costo de esa producción.
Es urgente que el Estado dé una respuesta no solo militar, sino social. Hay que trabajar en educación, en salud, en servicios básicos, en préstamos para pequeños emprendimientos, para que los pobladores no sean arrastrados a colaborar.
La autoridad puede hacerlo y está obligada además a frenar esta actividad ilegal, que genera ingresos económicos poderosos.
El domingo, el ministro de Economía, Richard Martínez, reveló en este Diario que un camión que carga 10 000 galones de combustible y cruza a Colombia para venderlo en un precio superior tiene una ganancia de más de USD 14 000 en un solo viaje. ¡Increíble!
Por datos como este es imperante plantearse estrategias para mitigar los efectos. Fortalezcan, por ejemplo, los servicios de Inteligencia militar y policial, que dos años y medio están en manos de este Gobierno.