Compra de 100 mil pruebas de covid-19
Compra de 100 mil pruebas de covid-19 por USD 1,8 millones
De acuerdo con datos entregados por el Servicio de Compras Públicas (Sercop), entre enero y el 9 de abril pasados se registraron 33 procesos de adquisición de reactivos para diferentes pruebas de laboratorio.
Hace 33 días, el presidente de la República Lenín Moreno anunció que el Ecuador se declaraba en emergencia sanitaria por el covid-19. A la fecha, en el sistema del Servicio de Compras Públicas (Sercop) hay un solo proceso de adquisición de pruebas para detectar este cornavirus.
De acuerdo con datos entregados por el Sercop, entre enero y el 9 de abril pasados se registraron 33 procesos de adquisición de reactivos para diferentes pruebas de laboratorio.
En ese rubro, el Estado gastó USD 5 183 969. De ellos, uno fue para determinar casos de contagio del covid-19. Este proceso contractual lo registró la matriz del Ministerio de Salud Pública (MSP) el pasado 9 de abril.
Ahí se especifica la compra de “100 mil determinaciones para virus sars cov-2 mediante la técnica de RT-PCR en tiempo real”. Cada determinación, según el contrato que ganó la adjudicación, cuesta USD 18.
Es decir, el acuerdo legal se firmó por un monto de 1 800 000 más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El doctor Santiago Guerrero, investigador de la Universidad UTE, explicó que estas determinaciones se refieren a la cantidad de pruebas por personas que se pueden hacer para establecer si se tienen o no el virus.
“El objetivo de estas pruebas es determinar la presencia o ausencia del virus. Cada test tiene los reactivos para hacer la prueba RT-PCR para confirmar directamente el genoma del virus”, manifestó Guerrero.
La doctora Dámaris Intriago, docente de la Universidad SEK, señaló que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) es realizar las pruebas que permiten “la amplificación de ácidos nucleicos como es el caso las PCR”.
En el proceso para la adquisición de estas pruebas se puede observar la referencia de costos planteados por los oferentes. La propuesta más cara es de USD 280 por unidad.
Mientras que la más barata tenía un valor de USD 12 cada una. En total, siete empresas se presentaron. Tras el análisis se escogió a Roche, por “cumplir con las especificaciones técnicas, además de contar con los kits para tamizaje y pruebas confirmatorias en un solo test en simultáneo”.
El Sercop emitió una resolución el 19 de marzo pasado con el fin de ejercer un mayor control en las compras públicas. El documento señala que “en la declaratoria de emergencia será obligación de la entidad contratante declarar de forma expresa que existe una imposibilidad de llevar a cabo procedimientos de contratación comunes para superar la situación de emergencia”.
El proceso con la empresa ganadora (Roche) ingresó el 9 de abril pasado y fue publicado en el portal el mismo día. Además en su estado consta como finalizado.
Guerrero señaló que “lo que necesita el país es tener todo lo necesario para hacer las pruebas RT-PCR”. Sin embargo, también se requieren las pruebas rápidas para identificar a las personas que ya han sido contagiadas y que no presentaron síntomas.
Intriago, por su parte, indicó que de lo que hasta ahora se conoce, las pruebas rápidas aún están en fase de ensayos para su validación con el objetivo de saber si pasan todos los estándares de calidad.
Entre el 16 de marzo del 2020 (fecha en la que se decretó el estado de excepción) y el 9 de abril del año en curso, el Sercop registró 581 procesos de compra bajo la modalidad de emergencia.
El monto total de adjudicación por esos procesos asciende a USD 22 208 509. Sin embargo, en esa cifra se incluye el monto adjudicado a la contratación que pretendía hacer el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por USD 10 017 754.
El contrato del IESS se suspendió después de que se detectaran irregularidades en la compra de insumos médicos. Es decir, sin el valor de adjudicación de ese contrato, por emergencia se ha invertido USD 12 190 755.
De ese total, USD 1 800 000 se destinó para pruebas de covid-19. Por las irregularidades en el contrato del IESS, la Contraloría envió un informe con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía.
También, el presidente del Consejo Directivo del IESS, Paúl Granda, presentó su renuncia el 7 de abril pasado. Hasta el momento no se conoce de una respuesta del presidente de la República Lenín Moreno.
Fuente: El Comercio-Nota Original: LINK
