Ocho empresas públicas en liquidación tienen 250 bienes
Ocho empresas públicas en liquidación tienen 250 bienes
El cierre y la reestructuración de negocios de las ocho empresas públicas anunciadas esta semana por el Gobierno generarán un ahorro de gastos por USD 350 millones al Estado durante este año.
El cierre y la reestructuración de negocios de las ocho empresas públicas anunciadas esta semana por el Gobierno generarán un ahorro de gastos por USD 350 millones al Estado durante este año.
Esa es la proyección de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco). De las ocho empresas que se liquidarán, dos ya estaban en proceso de cierre. Estas son: Siembra (ExYachay EP) y Ecuador Estratégico. Las otras empresas que se sumaron al proceso esta semana son Correos del Ecuador, Medios Públicos, Tame, Unidad de Almacenamiento (UNA), Ferrocarriles y los Centros de Alto Rendimiento.
Hace dos años, el plan del Gobierno era que Ferrocarriles del Ecuador y los Centros de Entrenamiento para Alto Rendimiento se unieran para formar un nuevo ente: Empresa de Promoción Turística y Desarrollo.
Se esperaba que Tame se pudiera optimizar y revertir sus pérdidas. El tema no se concretó y ahora, en medio de la crisis derivada por el covid-19, los planes cambiaron.
El titular de la Emco, Marco Ávila, calcula que se deberán cubrir USD 40 millones en indemnizaciones a los 3 691 empleados que serán liquidados en el nuevo plan de ajuste a las empresas públicas.
La firma mapeó un total de 250 bienes de estas empresas que podrían venderse para saldar las deudas de las entidades en el proceso de liquidación. El Ejecutivo emitió los decretos para poner en marcha el proceso el pasado martes 19 de mayo.
En los textos se fijan dos fases para las liquidaciones de estas entidades, que registraron USD 10,8 millones en pérdidas de enero a marzo de este año.
La primera, que dura dos meses, es de preliquidación. En ella las entidades deben vender la mayor cantidad de activos para cubrir las obligaciones y elegir a un liquidador.
En esta etapa, las firmas estatales podrían seguir operando. El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, dijo ayer, 21 de mayo, que Tame empezó la evaluación de los bienes que se podrían vender, como equipos de tierra, un edificio, un hangar y, si no hay compradores para los aviones, se ofertarán en piezas.
En la preliquidación, añadió Ávila, se podría encontrar una empresa privada que se haga cargo del servicio postal que ofrece Correos del Ecuador. El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, dijo que armará un plan de concesión pública para que un privado opere el servicio de paquetería del exterior y que se distribuye localmente.
Rosi Prado de Holguín, ministra de Turismo, explicó que también se buscará una alianza público-privada para concesionar el servicio de Ferrocarriles. “Son bienes patrimoniales que no se pueden vender. Hay interesados privados que quieren hacerse cargo”. Los trabajadores de la firma hicieron ayer un plantón en Quito para pedir al Gobierno que no cierre la empresa.
Para Holguín, la firma tiene muchos empleados, pese a que solo dos de siete rutas funcionaban y, además, no eran rentables. En la segunda etapa, que es la de liquidación, las empresas ya no podrán operar.
El plazo más largo para liquidación, de 210 días o siete meses, se dispuso para la aerolínea Tame. Para el resto de empresas se estableció un período de seis meses. En la liquidación, todos los activos, pasivos y derechos litigiosos pasarán a una entidad de la función Ejecutiva.
Ávila explicó que se decidió cerrar estas ocho empresas por tres particularidades. Primero, están las empresas con actividades que podrían ser realizadas por un Ministerio, como la Unidad de Almacenamiento (UNA), cuyas funciones irán a la Cartera de Agricultura; los Centros de Alto Rendimiento, cuyos espacios seguirán funcionando, pero manejados por la Secretaría del Deporte y también están los medios públicos.
El objetivo con los medios públicos es dejar operativos un canal de televisión y una radio, y que el resto de medios puedan ser vendidos. En el caso de medios escritos, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, dijo que podría quedar una versión digital.
En el segundo grupo están las empresas turísticas, que por el golpe económico de la crisis vieron su operación paralizada y tienen pérdidas que les impiden seguir operando, como Tame y Ferrocarriles.
En el tercer grupo están las empresas cuyo negocio no era rentable, tuvieron problemas de manejo y no era viable que el Estado las mantenga, como el caso de Correos del Ecuador, que “ha necesitado constantemente inyecciones de recursos del Estado”, dijo Michelena.
Y, añadió que el 70% del presupuesto de la entidad se destinaba a salarios. La intención de reducir el número de empresas públicas es parte del plan económico del Gobierno desde 2018.
Enfarma, Fabrec y la Cementera Nacional están en proceso de cierre. Según Ávila, la liquidación de estas firmas podría culminar en junio. Inmobiliar se cerrará en tres meses El Servicio de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar) cerrará en tres meses y sus atribuciones y activos pasarán al Ministerio de Transporte. Entre los muebles e inmuebles que administra Inmobiliar están bienes de la banca cerrada, bienes incautados y parques. Gabriel Martínez, titular de Transporte, dijo que se analiza pasar los parques a los gobiernos autónomos descentralizados.
El funcionario preveía reunirse ayer, 21 de mayo, con autoridades de Inmobiliar para identificar el tamaño y monto de bienes que maneja. Ayer, un grupo de funcionarios de la institución protestó por la decisión de suprimir el ente.
El Gobierno dijo que se garantizarán los recursos para la desvinculación de los servidores. El Secob pasará a Obras Públicas Las funciones y bienes del Servicio de Contratación de Obras Públicas (Secob) estarán a cargo del Ministerio de Transporte.
La entidad de contrataciones debe suprimirse en tres meses. En ese plazo, Secob y el Ministerio de Finanzas deben identificar los proyectos de inversión que se traspasarán al Ministerio y garantizar la continuidad de los servicios mientras dure el proceso de supresión.
Gabriel Martínez, ministro de Transporte, dijo que primero se tiene que identificar cuáles son los contratos abiertos y en ejecución, suspendidos y terminados. Se analizará el nivel de carga en las direcciones provinciales. “La idea es que con la misma estructura nacional se administre contratos y los procesos”.
Fuente: El Comercio-Nota Original: LINK
