Estados Unidos es un país de leyes, pero al momento de enfrentar su mayor crisis sanitaria con la pandemia de coronavirus éstas fallaron, al igual que los gobiernos federales, estatales y locales, debido a las trabas en la cadena de atención para evitar contagios y el número de muertes que ya supera las 173,000 víctimas, impactando más a las comunidades hispana y afroamericana.
Así lo concluyó el estudio interdisciplinario de seis reconocidas instituciones, “Evaluación de las respuestas legales al COVID-19”, realizado por 50 de los más importantes expertos en leyes, que surge en medio de la falta de un nuevo paquete de estímulo económico para enfrentar la crisis económica y detener los contagios de COVID-19, los cuales se acerca a los seis millones en el país.
“La investigación detalla el fracaso generalizado del liderazgo del país en la planificación y ejecución de una respuesta nacional cohesionada, y cómo la crisis expuso las debilidades en los sistemas de salud pública y de atención médica del país”, señalan el reporte.
Tres fueron los grandes problemas que también contribuyeron en intensificar la crisis económica en el país:
- Autoridad legal.- Los expertos indican que no se ha utilizado adecuadamente una amplia autoridad legal, lo que califican como “un fracaso masivo” del liderazgo ejecutivo y la implementación a nivel federal, en estados y administraciones locales.
- Recortes presupuestales.- El reporte apunta que aunque las autoridades pretendían estar preparadas para una posible crisis sanitaria, los severos recortes presupuestarios a la salud pública, desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) hasta los departamentos de salud estatales y locales, afectaron la respuesta efectiva. Ello aunado a que “interferencias políticas” perjudicaron la atención inmediata.
- Disparidades.- Destacan que las leyes no lograron evitar “las disparidades raciales y económicas”, lo que mostró una afectación marcada en ciertos grupos étnicos y raciales, intensificando incluso la situación socioeconómica y de salud que esas comunidades tenían antes de la pandemia.
Los autores ofrecen más de 100 recomendaciones, incluyendo ajustes aplicables en este momento y planes a largo plazo, a fin de evitar las mismas trabas en los distintos niveles de gobierno.
“Si bien los países pares han logrado controlar el COVID-19, Estados Unidos aún enfrenta un aumento de casos y muertes, incluso después de que el pueblo estadounidense haya hecho extraordinarios sacrificios para aplanar la curva”, expresó Donna E. Levin, directora de la Red de Ley de Salud Pública. “Esto se debe, en gran parte, a que no se pudo montar una respuesta unificada”.
Agregó que la orientación, la coordinación, la educación, los estándares y la financiación científicamente informados para los estados y las localidades son esenciales para la respuesta, así como para la recuperación a largo plazo, sobre todo en las comunidades que más lo requieren, algo en que coincidió Sarah de Guia, CEO de ChangeLab Solutions.
“Este virus es una amenaza para todos, pero no ha afectado a todos por igual”, expresó. “El COVID-19 ha expuesto demasiadas promesas vacías sobre la justicia y la igualdad en la ley”.
La experta destacó que la ley trata a los “trabajadores esenciales” como prescindibles, aunque sean destacados como primordiales en emergencias de este tipo.
“Las protecciones desiguales y el acceso a la atención médica, especialmente entre las comunidades de bajos ingresos y las personas de color, es una debilidad nacional importante que debe abordarse con urgencia para… un mejor uso de las herramientas legales puede ayudar a cambiar las cosas a corto plazo”, expresó.
Un plan para mejorar
Algunas de las sugerencias son: basar las medidas legales en la ciencia; recopilar y evaluar datos precisos; mejorar y ampliar el acceso a la atención médica; aumentar y mantener los fondos para la preparación para emergencias de salud pública; reformar el sistema de salud pública y de atención de la salud para que los médicos puedan responder de manera más eficaz, así como abordar la asequibilidad y la disponibilidad del servicio de banda ancha.
Scott Burris, profesor y director del Centro de Salud Pública en la Facultad de Derecho de Temple University Beasley, alertó que debe cambiarse el rumbo, ya que la pandemia demostró que los planes de los últimos 20 años simplemente fallaron.
“La preparación para la pandemia en las últimas dos décadas se centró demasiado en planes y leyes en papel, ignoró los efectos devastadores de los recortes presupuestarios y no logró evitar la interferencia política en la preparación operativa de nuestras agencias de salud locales, estatales y nacionales”, indicó. “En demasiadas oficinas clave, la última persona con experiencia en pandemias ya se había ido y simplemente no había apagado las luces”.
La investigación fue patrocinado por la Fundación de Beaumont y la Asociación Americana de Salud Pública, pero el informe fue elaborado por Temple University Center for Public Health Research; Changelab Solutions; Wayne State University Law School; The Network for Public Health Law; Center for Health Policy & Law, Northeastern University y Hall Center for Law and Heal, Indiana University.
