La fiscalía solicita prisión preventiva para el alcalde de quito Jorge Yunda
La fiscalía solicita prisión preventiva para el alcalde de quito Jorge Yunda por compra anómala de pruebas pcr
Prisión. La Fiscalía General del Estado solicitó que se dicte prisión preventiva contra el alcalde de Quito, Jorge Yunda, por la adquisición irregular de pruebas para la detección del coronavirus. El proceso legal inició el año pasado pero apenas el pasado 16 de febrero de 2021, se cumple la audiencia para vincular a Yunda.
Provincial de Pichincha, pasadas las 09:30, inició la audiencia con la presencia física de los abogados de los involucrados. Yunda, de su parte, asistió de forma telemática.
Según la Fiscalía, existen los elementos necesarios para que el alcalde sea vinculado en la investigación. Para garantizar su comparecencia en el proceso, se solicita la prisión de él y otras seis personas.
Los representantes de la Fiscalía sostienen que la adquisición de las 100.000 pruebas habría representado un perjuicio para el Estado de 4,2 millones de dólares. En este caso, precisa la Fiscalía, se procesa a otras siete personas más, «entre ellas el exsecretario de salud del Municipio de Quito», Lenín Mantilla.
Hasta esta hora, 11:36, los abogados de los involucrados intervenían ante el juez para frenar la intención de la Fiscalía. En horas de la tarde se conocería la resolución.
Jorge Yunda habló del tema, en su cuenta de Twitter. Dijo que las pruebas protegieron a los quiteños y que ya tiene otros proyectos relacionados a la lucha contra la pandemia. «Tengo la conciencia tranquila, nuestro siguiente paso, conseguir vacunas para Quito, si tengo que ir preso por salvar vidas, me iré con la frente en alto», resaltó.
En el tuit no mencionó, sin embargo, que las pruebas compradas no cumplieron con los requisitos solicitados y no llegaron completas.
UN AUDIO INVOLUCRARÍA A YUNDA EN EL CASO DE LAS PRUEBAS PCR
La Fiscalía halló indicios que apuntan al alcalde en el proceso de compra de dichos insumos. Serán 15 sospechosos por la contratación con anomalías
Audios en los que se habla de la compra de las pruebas PCR para detectar COVID-19 que hizo el año pasado la Secretaría de Salud del Municipio, involucrarían al alcalde de Quito, Jorge Yunda.
El funcionario habría conocido varias actividades realizadas por los procesados sobre la contratación y compra de reactivos para la determinación de COVID-19 por PCR-Polimerasa, para la Secretaría de Salud.
Fueron 100.000 pruebas PCR las adquiridas en 3’774.000 dólares entre la secretaría dirigida en ese entonces por Lenin Mantilla (prófugo) y la empresa Salumed.
Eso se señala en el impulso fiscal en el que la Fiscalía pidió su vinculación al expediente que por posible peculado se investiga en contra del exsecretario de Salud del Municipio Lenin Mantilla y otras siete personas. v
Con Yunda serán vinculados también la actual secretaria de Salud municipal Ximena Abarca, la coordinadora Linda Guamán, otras cuatro personas, una empresa y su representante legal.
La diligencia de vinculación fue programada para el próximo martes a las 09:30 en la Corte Provincial de Pichincha. La diligencia será dirigida por el presidente del organismo, Wladimir Jhaya, y los cargos serán expuestos por el fiscal provincial Alberto Santillán en la sala de audiencias 10, ubicada en el piso cuatro del edificio de la Corte, norte de Quito.
Los elementos se obtuvieron durante una audiencia de extracción y fijación de la información efectuada en Criminalística de la Policía.
En el laboratorio policial se encontraba la perito designada para el caso el martes 9 de febrero. Hubo una lectura de los textos de los mensajes de dos teléfonos (un iPhone y otro Huawei), que habrían intercambiado varios ciudadanos. Entre ellos el alcalde Yunda, que posee fuero de Corte Provincial.
En la audiencia privada se escucharon y visualizaron conversaciones telefónicas encontradas en el teléfono de Ximena Abarca, actual secretaria de Salud, con el número 0996399800, perteneciente a Jorge Yunda.
En su impulso la fiscal señala que en los mensajes intercambiados se tratan temas relacionados con la adquisición de pruebas en el marco de la emergencia sanitaria, “donde se presume existiría la autoría o participación en el hecho objeto de esta instrucción, que conlleva a establecer una presunta responsabilidad penal por parte del señor Jorge Homero Yunda Machado”.
Las evidencias se habrían recopilado de los dispositivos y documentos incautados en el allanamiento que hizo la Fiscalía el 29 de enero a la Secretaría de Salud municipal. Uno de ellos tenía relación con la asesoría técnica para el análisis y procesamiento de pruebas para diagnosticar COVID-19
La Fiscalía había conocido, de forma reservada, que funcionarios de esa dependencia habrían ocultado documentación con información relevante sobre irregularidades en la compra de pruebas.
La Secretaría de Salud en un comunicado rechazó la vinculación para Abarca. Indicó que jamás han ocultado información.
El concejal Fernando Morales dijo que de forma oportuna solicitó la vinculación del alcalde para evitar incidentes como el de la fuga de Mantilla. “Esperamos que los recursos públicos se precautelen, que no sean desperdiciados y se encuentre a los responsables”, declaró.
El alcalde, por su parte, afirmó que no tiene nada que ocultar. Sostuvo que no ha incurrido “en ningún ilícito en toda mi vida, luchamos contra esta pandemia y la tasa de mortalidad nos dice que salvamos miles de vidas. Estaré presto para colaborar con la justicia”.
CONTRALORÍA EXAMINÓ LA ADQUISICIÓN
La Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal en la compra de las pruebas PCR. Entre otras cosas, indicó que no se definieron objetivos, número de pruebas a aplicar y capacidad de procesamiento de resultados. Dice que no hay evidencia documental de entrega de ofertas en la adjudicación del contrato por $ 3’774.000.
Manifiesta que el 13 de abril de 2020 se aprobó el inicio del proceso. El mismo día se elaboró el acta de recepción de ofertas y el informe de viabilidad, en el que se recomendó la adjudicación del proceso a Salumed S. A., sin analizar las propuestas económicas y técnicas de los otros dos oferentes.
