Caso cárceles: Detrás de las masacres
Caso cárceles: Detrás de las masacres
La tensión dentro de los centros de privación de libertad como Guayaquil que recrudece con una vida deplorable. Los programas de rehabilitación son un cuento de hadas
El escenario ha empeorado con la sangre derramada en los pasillos de la cárcel de Guayaquil. Para cualquiera es traumatizante levantarse con cuerpos decapitados, baleados o ahorcados en una celda, sí; pero la forma de vivir allí dentro hace mucho más cruenta la guerra entre las bandas que se cuecen, y de eso poco se hablan.
Existen asesinados brutalmente como Fito, Junior, del difunto JL y compañía, más allá del relato de que hay riña y matanza por liderazgo y territorio, de las obviedades, inoperancias y falta de planes integrales que dejan a la vista las autoridades, para que el mundo sepa de un Ecuador sin ley ni orden, existe un inframundo “lleno de ratas, desaseo, comida que da tristeza y cero garantías de que se cumplan los derechos más fundamentales para los presos”.
Así resume a este Diario la vida tras las rejas la abogada penalista y exdirectora de la Cárcel de Mujeres y de mínima seguridad de Guayaquil Martha Macías, quien vivió de cerca la realidad de las cárceles en 2018, al ser funcionaria.
300 asesinatosse registran en el interior de centros carcelarios solo en lo que va de 2021, especialmente en Guayaquil.
Para entender este escenario que describe Macías es necesario revisar cifras. El Ministerio de Finanzas ha confirmado que el presupuesto para el sistema penitenciario pasó de $ 135 millones en 2017 a $ 109 millones este año.
La misma receta para la actual honda crisis del gobierno de Lasso
Iniciará el proceso de pacificación con diálogo. El control militar y policial en los centros de reclusión será indefinido. Se tramitarán indultos para que salgan a la calle hacia la libertad, gente pobre que cometió pequeños “crímenes” como ventas en la calle pequeñas dosis de marihuana, para lograr con su reducida paga dar de comer a sus pequeños hijos y después los jueces olvidarse de juzgarles, hasta que pasen y pasen los años y les llegu la vejez. Este es el terrible sistema jurídico que subsiste en todo el Ecuador. Y en las calles mientras tanto sus familiares, especialmente hijas se dedican a la protitución y así poder dar de comer a sus madres o padres.
Lo que más la prensa sabia es que eran un poco más 60 los muertos durante la Guerra entré las pandillas, pero que los de la sección 2 había perdido ya que eran la que menos armas mantenían escondidas y que los familiares de esta sección estaban recolectando dinero para enterrar a sus parientes
Luego de cuatro horas de reunión, el presidente Guillermo Lasso se pronunció brevemente y sin acceso a preguntas sobre la situación de la crisis carcelaria del país y de las decisiones que adoptarán las funciones del Estado en un trabajo “conjunto” para enfrentar los problemas de seguridad del Ecuador…
La primera de ellas es iniciar el proceso de pacificación a través del diálogo bajo el respeto de los Derechos Humanos y con el apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales. Crisis carcelaria: Iniciará proceso de diálogo para la pacificación de las cárceles
El presidente Guillermo Lasso y otras autoridades de las diferentes Funciones del Estado suscriben el Acuerdo Nacional por la Crisis Penitenciaria
El presidente Lasso junto a otras autoridades. Incluyendo religiosas leyó el Acuerdo Nacional por la Crisis Carcelaria. Un Acuerdo sin cabeza ni pescuezo, solamente para que los pelucones se tranquilicen y el pueblo no conteste nada.
el presidente Guillermo Lasso detalló el contenido del llamado Acuerdo Nacional por la Crisis Carcelaria luego de una reunión en la Gobernación del Guayas con el resto de cabezas de las diferentes Funciones del Estado. Es un texto de seis puntos que recoge como primer aspecto el inicio de un proceso de pacificación a través del diálogo con el apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales. Crisis carcelaria: Iniciará proceso de diálogo para la pacificación de las cárceles
Finalmente Guillermo Lasso y otras autoridades de las diferentes Funciones del Estado, especialmente curas católicos, que se encontraban cansados y con mucha hambre, suscribieron el Acuerdo Nacional por la Crisis Penitenciaria y punto.
El texto consensuado también contemplaba remitir a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de defensa ciudadana que será redactado por el Ministerio de Gobierno con la participación de la Procuraduría General del Estado.
Además, la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura coordinarán acciones para que, dentro de sus competencias, para el trámite ágil de los beneficios penitenciaria. También se mantendrá la coordinarciøn entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario de manera indefinida.
El quinto punto recoge que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá la participación de los ciudadanos en mesas de diálogo entre el Estado y la ciudadanía lo que incluye el acompañamiento un proceso de reparación integral a las familias afectadas. Y como último punto, se tramitarán indultos a los ciudadanos con enfermedades catastróficas dentro de los centros penitenciarios. Y esto se complementa con el compromiso de la Fiscalía de agilizar los procesos investigativos.
Estamos seguros de que la única forma de vencer a este enemigo es con la unidad del pueblo ecuatoriano y con la Constitución y la ley en la mano. Actuando con la firmeza que se requiere.
Este texto fue leído luego de varias horas de reuniones entre las autoridades en un gabinete de crisis tras la última matanza carcelaria en la Penitenciaría del Litoral que, de acuerdo a cifras oficiales, ha dejado 68 privados de la libertad fallecidos.
El presidente Lasso, también a nombre de las autoridades, manifestó su consternación y la solidaridad con las familias de los privados de la libertad asesinados en el sistema penitenciario. De igual manera reconocen que el país se encuentra dentro de una disputa de poderes entre bandas del narcotráfico que buscan arrebatar la tranquilidad dentro como fuera de las cárceles. En ese sentido es que nacen las acciones conjuntas que ahora forman parte del acuerdo. «Es indispensable afrontar unidos este problema de carácter global descrito en esta sesión de trabajo como una de la más grandes crisis de las últimas décadas en Ecuador», dijo el presidente. El recorte financiero aplicado en 2019, en el Gobierno de Lenín Moreno, no obstante, dejó una realidad compleja.
Al suprimirse el Ministerio de Justicia, el recién formado Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) empezó con $ 98 millones a atender el sistema penitenciario, pero llegó la pandemia y al siguiente año de aquello solo se asignaron $ 55 millones. En 2021, hubo cerca de $ 95 millones destinados a atender el tema.
Las rendiciones de cuentas (ver infografía inferior) parecen portales de revistas religiosas, donde todos los presos del país aparecen felices en fotografías, en un sistema aparentemente inclusivo y que cuenta con una rehabilitación genuina. En la práctica, al menos para las cárceles de Guayaquil, la realidad es de terror.
8.542 reos tiene la Penitenciaría. Su capacidad es de 5.242. Hay un hacinamiento del 62,8 %, de acuerdo a un informe.
La insensibilidad del personal, el desorden administrativo, el abandono de la infraestructura y, entre otros males, los brotes de tifoidea a causa de la insalubridad que Martha Macías pudo ver el tiempo que estuvo dentro son todavía una realidad, de acuerdo a testimonios de familiares de reos a los que pudimos los periodistas la facilidad de contactarlos.
Ese escenario de carencias en la estructura administrativa es aprovechada, según los parientes de los detenidos, en negocios clandestinos donde los líderes de las bandas y -presuntamente- los guías penitenciarios hacen de cada servicio o atención particular, un negocio.
“Les dicen personas privadas de libertad, pero no cuentan que también los privan de recreación, educación, trabajo, salud… No tienen nada. Un jabón de baño, para que tengan una idea, cuesta cinco dólares allí. Y para absolutamente todo hay que pagar, hasta para que no les peguen a los presos”, narra Ricardo, padre de un detenido que sobrevivió a la masacre del pasado 13 de julio, donde 62 reos fueron asesinados.
REPORTAJE
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News
Para ver más noticias, descarga la Edición
