La asambleísta por la ID aseguró que el Primer Mandatario está interpretando la Ley a su conveniencia porque “porque durante este proceso han sido más argumentos moralistas que técnicos en el marco de los estándares internacionales de los Derechos Humanos”.
Además, la legisladora mencionó que el Presidente está convirtiendo a esta normativa en una Ley revictimizante y que deja a todas las víctimas de violencia sexual fuera de la oportunidad de tomar una decisión sobre su cuerpo de decidir si continuar o no con un embarazo.
Sobre la observación del Ejecutivo de que se unifique el plazo de la interrupción, 12 semanas, para casos de violación en mujeres tanto del sector rural como del urbano, Moreira manifestó que el regateo de semanas se da porque el Presidente, pretende desde el privilegio, creer o pensar cuándo una niña o adolescente se debe dar cuenta que está embaraza, y si se da cuenta demasiado tarde, es culpa de ella y tiene que continuar el embarazo, resaltó Moreira.
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