Para Quintana esto se refleja, en primer lugar, en la omisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de no designar al reemplazo de la expresidenta del Consejo de la Judicatura (Ma. Del Carmen Maldonado) de la terna que envió el presidente a la Corte Nacional de Justicia, Ivan Saquicela.
Por otra parte, según Quintana, se evidencia una “metida de mano en la justicia” cuando el Consejo de la Judicatura suspende por 90 días a Saquicela tras haberse atrevido a denunciar esta omisión del CPCCS. “Hay alguien que quiere insistir en la permanencia irregular de Fausto Murillo”, cuestionó Quintana.
Quintana precisó que tras la audiencia de acción protección que se desarrolló este 26 de mayo, quedó claro que el CJ no revisó el expediente de extradición, ni el expediente del proceso del caso Sobornos (por lo que fue denunciado Saquicela), lo que permitió que, en menos de 24 horas, se tome la “decisión arbitraria e irregular de suspender preventivamente al Presidente de la Corte Nacional de Justicia”.
Finalmente, recordó que la Judicatura excede los límites jurisprudenciales y constitucionales de la posibilidad de ejercer su potestad disciplinaria pues la está ejerciendo de un modo que la Constitución, la Ley y el Reglamento no permiten y agregó que luego de todos estos hechos hay un tema que le preocupa: ¿quienes van a beneficiarse de esta suspensión provisional de Ivan Saquicela?
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