Suspensión de minería en Quimsacocha es un precedente judicial para que el Estado no viole la consulta previa
Suspensión de minería en Quimsacocha es un precedente judicial para que el Estado no viole la consulta previa, señala Yaku Pérez
El juez Carlos Cárdenas de la Corte Provincial de Azuay ordenó el cese de las actividades mineras en Quimsacocha, debido a la falta de consulta previa libre e informada a los pobladores del lugar. Yaku Pérez, abogado de la causa, resaltó la victoria de las comunidades que han luchado por más de 30 años contra la contaminación del agua.
En Notimundo al Día, Yaku Pérez, excandidato presidencial y representante del movimiento Somos Agua, explicó la importancia de la decisión del juez que falló a favor de la acción de protección presentada, pues en los páramos de Quimsacocha existe un humedal natural del que nacen tres ríos: Jubones, Tarqui y Yanuncay. Además, las fuentes de agua son utilizadas por los pobladores para la agricultura, ganadería y consumo humano.
Pérez comparó que hacer una explotación minera en Quimsacocha es el equivalente a realizar estas labores en el Antisana o Papallacta. «Hemos resistido por más de tres décadas, y donde más sufrimos fue en el gobierno de (Rafael) Correa, pero el día 12 (de julio, cuando se dictó el fallo judicial) fue una esperanza de saber que no vamos a ser contagiados por el agua», señaló.
En la zona en cuestión se estaban iniciando las actividades de explotación minera por parte de la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM), lo que levantó las alertas de los pobladores y los llevó a presentar la acción de protección en contra del Ministerio del Ambiente. El exprefecto del Azuay recordó que el recurso legal interpuesto permite una fase de impugnación, lo que se daría por las partes inconformes, una vez que la sentencia llegue a sus casilleros judiciales electrónicos.
Recordó que este caso se convierte en el segundo exitoso de Ecuador y Latinoamérica, donde se logra frenar labores mineras. El primero, recordó, fue en 2018, cuando patrocinó a las comunidades indígenas de Río Blanco, donde se suspendieron las actividades de una empresa china. «Esto servirá de precedente judicial para que nunca más el Estado viole el derecho a la consulta previa libre e informada», destacó.
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