En NotiMundo a la Carta, Walter Soriano, director nacional de Análisis Normativo e Incidencia en Política Pública de la Defensoría del Pueblo, explicó que, desde que se eliminó la Superintendencia de Comunicación (Supercom), varias atribuciones de esta entidad pasaron a la Defensoría del Pueblo.
El director nacional de Análisis Normativo e Incidencia en Política Pública de la Defensoría del Pueblo, Walter Soriano, señaló que no es necesario recurrir a las leyes que están en la propuesta para decir que, a partir de la vigencia de esta ley, se va a garantizar la defensa de los derechos de quienes se sientan perjudicados en el ámbito de la comunicación, “no, eso es falso”, dijo Soriano. Esto, con relación a los artículos 13 y 35 de la ley aprobada por la Asamblea, en donde supuestamente se entrega un nuevo rol a la Defensoría del Pueblo. Aquí, se establece que esta institución sea la encargada de “iniciar los procesos de protección de derechos, de conformidad con sus competencias o ejercer las acciones constitucionales que le asistan”.
Soriano precisó que si hay algún reclamo por parte de una persona que se sienta perjudicada, puede recurrir a la Defensoría del Pueblo. “Se le atiende en instancias previas en las que se recurre al medio para que se trate el requerimiento y, si no existe una respuesta inmediata, puede iniciarse un trámite defensorial, para recabar los insumos que pueden servir para instaurar un recurso en el ámbito constitucional”, detalló Soriano.
Desde la Defensoría del Pueblo también se hacen observaciones a la propuesta del Legislativo. Por ejemplo, Soriano indicó que se hace mención a acuerdos conciliatorios. “En todo proceso judicial o jurisdiccional existen los acuerdos conciliatorios, esto como parte del proceso, no es algo nuevo”, enfatizó. Agregó que también se hace énfasis en que los informes que va a emitir la Defensoría no van a tener efectos vinculantes. En esta línea, recalcó que “no hay un ejercicio claro y pleno de los derechos”.
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