En las medidas cautelares, Llori solicita: el cese de las funciones de los asambleístas que votaron a favor de su destitución; su reintegro como presidenta de la Asamblea Nacional, la publicación, en dos medios escritos de cobertura nacional, disculpas públicas “por las violaciones incurridas a los derechos fundamentales”, así como USD 100 mil por cada uno de los votantes que resolvieron la cesación de funciones a su cargo como presidenta del Legislativo, según cita el documento emitido por la función judicial. Es decir, un total de USD 8,1 millones por los 81 legisladores que votaron a favor.
En NotiMundo Estelar, Julio César Sarango, abogado de Guadalupe Llori, aseguró que las medidas cautelares “son para que cese el daño”. Para que los jueces califiquen, de manera inmediata, la acción de protección y convoquen a una audiencia para que las partes hagan valer sus derechos y, una vez realizada esta diligencia, los jueces tengan la libertad de analizar todos los alegatos y pruebas de descargo, afirmó Sarango y negó que, en el documento se solicite el cese de funciones de los asambleístas que votaron a favor de la destitución de Llori.
“Eso no cabe en la acción de protección; lo único que cabe en este recurso es la declaratoria de la violacion de los derechos y la reparacion de los mismos”, sostuvo Sarango.
Agregó que este recurso legal se impone porque no se permitió el “acceso a una justicia independiente e imparcial”. En este contexto, Sarango enfatizó que se vulneró el debido proceso con el derecho a la defensa y la seguridad jurídica en la restricción de derechos humanos.
Para Sarango, no se están respentando los procedimientos, los reglamentos de la Constitución ni los tratados internacionales. “El día de la destitución Guadalupe Llori ella no estuvo presente porque dentro del orden del día no constaba el proceso de discutir el informe remitido por la Comisión Pluripartidista pero, de manera apresurada, pidieron el cambio en la orden del día, y eso no se puede hacer cuando se trata de derechos humanos”, recalcó.
Finalmente, Sarango puntualizó en que, al solititar este recurso, se está haciendo el procedimiento que la Constitución y tratados internacionales lo disponen para que no haya este tipo de fallos que son violatorios a la Constitución, a las garantías de un debido proceso y a la seguridad jurídica, “eso nos causa desconfianza y no puede pasar en este país”, manifestó.
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