El coordinador del Observatorio de Gasto Público de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Leonardo Gómez, explicó que “toda institución pública está en la obligación de presentar sus balances financieros y declarar todos los meses los viáticos con su respectiva justificación”. Precisó que la Asamblea Nacional ha cumplido con este deber a pesar de que en algunos casos se han manifestado retrasos en la presentación de dichos informes.
Aunque declaró que dentro de esta evaluación no se han presentado mayores irregularidades, “existe una reducción numerosa del gasto en el pago de viáticos de todos los asambleístas”, y que esta sería la cifra más baja en los últimos 5 años de gestión de la Asamblea. Según el informe de la CGE, hay un aumento de viajes en comparación con al anterior año. Los viajes nacionales incrementaron de 803 a 1.092, y los internacionales de 2 a 36. Esto da un total de 1.128 viajes entre mayo 2021 y abril 2022. Considerando esta cifra, y que el costo total de estos traslados es de USD 298.791, un monto 10% menor de lo gastado por los asambleístas
y funcionarios legislativos durante la pandemia, Gómez concluyó que “actualmente se viaja más, pero se paga menos”.
Frente a esto, Goméz explicó que es necesario tener en cuenta que no solo viajan asambleístas. Indicó que uno de los grupos que más viajes ha realizado es Seguridad de la Asamblea, que abarca al personal de protección de los asambleístas miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Asimismo, las bancadas que lideran la lista de traslados a nivel nacional son Centro Democrático – Fuerza Compromiso Social, Pachakutik y el Partido Sociedad Patriótica, y a nivel internacional, representando el 71% del total, Pachakutik, BAN y UNES.
Dentro de las recomendaciones del informe del CGE, para garantizar el buen uso de los recursos públicos, está el reformar el reglamento sustitutivo para el pago de viáticos y mantener agendas abiertas para asambleístas y altos funcionarios. Esto con el fin de contrastar la información acerca de las reuniones que realizan, y establecer “medidas preventivas para el fortalecimiento de la integridad del uso de los bienes del poder legislativo”, añadió.
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