Durante 16 años este caso ha sido tratado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y actualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En esta próxima audiencia, las partes presentaran sus argumentos y pruebas. El abogado de la Fundación Pachamama, Mario Melo, precisó que, desde que se interpuso la denuncia en el 2006, la CIDH otorgó medidas cautelares que “obligaban al Estado ecuatoriano a identificar a las comunidades en la selva y plantear un esquema de protección que, lamentablemente, no ha sido suficiente”.
Por esta razón, se responsabiliza al Estado por las acciones y omisiones en perjuicio de estas comunidades en aislamiento, además de las violaciones a los derechos de los pueblos Tagaeri y Taromenane, en el marco de proyectos que presuntamente afectan sus territorios, recursos naturales y modo de vida. “Se encuentran en situación de vulnerabilidad y están siendo afectados por diferentes impactos que genera la industria petrolera” enfatizó Melo. Añadió que las actividades extractivas derivan en problemas ambientales que proporcionan un ambiente “que no es propicio para la conservación de la naturaleza”.
En esta próxima audiencia se espera que la Corte IDH plantee un marco de protección para que los pueblos Tagaeri-Taromenane puedan vivir “en paz y libres de las presiones que les imponen”. Además, indicó que esta sería un estímulo para que la sociedad reflexione sobre la situación actual de los derechos humanos de las comunidades indígenas. El Estado ecuatoriano deberá comprometerse a respetar el principio de intangibilidad de los pueblos en aislamiento, “que ya es reconocido por la Constitución”, mientras que “se establecen estándares y precedentes para otros países de Latinoamérica”, puntualizó.
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