El viernes 26 de agosto, la jueza Patricia Ramírez negó la acción de protección solicitada por Llori para recuperar la presidencia de la Asamblea y recibir una “millonaria” indemnización de USD 8,1 millones, es decir, USD 100 mil por cada legislador que votó a favor de su remoción. La decisión de la magistrada determinó que no se evidenció la vulneración a sus derechos constitucionales.
Sarango señaló que presentaron un recurso de apelación ante los jueces competentes constitucionales, quienes deberán analizar los recursos que han presentado en la audiencia de primer nivel. “Están pruebas contundentes que no ameritan mayor análisis, sino el mínimo y, con ello, se declarará que ha habido vulneración de derechos y, por ende, tiene que ordenarse una reparación”, enfatizó Sarango.
Además, recalcó que si no consiguen la protección de derechos de Llori, hay mecanismos adecuados como tratados y convenios internacionales en los que Ecuador es suscriptor.
“Llegaremos hasta las últimas consecuencias y las personas responsables de esta violación de derechos tendrán que responder en el momento oportuno”, dijo Sarango.
En relación al monto de USD 8,1 millones que exigen como reparación, Sarango explicó que se trata de pretensiones subjetivas que el juez, de acuerdo con su crítica, las pruebas aportadas y con el “daño causado”, será quien fije un cantidad razonable y adecuada por todos los derechos de Gudalupe Llori que, aparentemente, han sido vulnerados.
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