Militares y seguridad
El debate sobre el rol de los militares en tareas relacionadas con la seguridad ciudadana es recurrente, toma protagonismo cuando el delito y la delincuencia parecen fuera de control, se incrementan los hechos delictivos y con ello la sensación de inseguridad, pareciendo el Estado ineficaz y superado.
Una obligación estatal es tomar medidas para garantizar la seguridad ciudadana; no hacerlo es una omisión violatoria al derecho que tenemos todos a contar con condiciones mínimas de seguridad, para llevar adelante nuestros proyectos de vida en entornos libres del temor de sufrir violencia delincuencial que amenace la libertad, los bienes, la integridad y la vida. Sentimos la amenaza cotidiana de ser víctimas de la delincuencia, una amenaza que afecta de manera desproporcionada a los más pobres.
Las acciones contra la delincuencia no pueden centrarse en la represión (normas penales, uso de la fuerza y cárceles); algo así es poco eficaz. Es obvio que se requiere prevención, promover el desarrollo, luchar contra la exclusión, trabajar en la creación de riqueza, acceso a empleo, educación y salud; pero la represión es necesaria y queda cada vez más en claro que los instrumentos institucionales disponibles son insuficientes para enfrentar a una creciente delincuencia organizada, con elementos transnacionales, estructuras organizadas y jerarquizadas que responden a mandos centrales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que los militares, por ser entrenados para “derrotar al enemigo” y no para proteger y controlar a civiles, no deberían participar en temas asociados a la seguridad ciudadana; sin embargo, cuando las formas de criminalidad cambian y actúan de manera más compleja y sofisticada, debería considerarse también un cambio de enfoque en el entrenamiento y rol de los militares para que puedan participar en estas tareas. Este es un debate necesario para un país al que le faltan los recursos y le sobran los problemas.
OPINIONES
Farith Simon
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