Muerte cruzada

por Ecuador News · Publicada 24 mayo, 2023 · Actualizado 24 mayo, 2023

Por Farith Simon

La judicialización de la política es un hecho en el país. Casi toda crisis termina siendo derivada a la decisión de un juez, sea por el uso abusivo de las garantías jurisdiccionales o porque a la Corte Constitucional se ha convertido, o al menos han querido convertirla, en árbitro de estas disputas. El último capítulo de esta historia es la aplicación de la muerte cruzada.

Se ha recordado, con insistencia, que la institución de la muerte cruzada se incluyó en la Constitución como una de las expresiones del hiperpresidencialismo, una suerte de traje a medida del correísmo, siendo una institución más cercana a un régimen parlamentario que al presidencialista, que otorga al presidente una facultad que puede ejercerse sin control de la Corte Constitucional cuando se configuran, a su juicio, grave crisis política y conmociónn interna.

No existía limitación para ser presentada, como se hizo, en medio del juicio político; a mi parecer es una suerte de fraude constitucional sin consecuencias jurídicas. Una decisión así requiere de una adecuada motivación porque deben justificarse y motivarse las causales invocadas, una dimensión en la que pensé podría intervenir la Corte Constitucional. Sin embargo, su interpretación ha sido que no tiene competencia para verificar la causal invocada o la motivación de la decisión.

Como siempre parece que existe más de un texto constitucional, no solo por las varias interpretaciones que se hacen de las disposiciones que contiene, sino principalmente porque las fuerzas políticas, la Conaie especialmente, parecen tener una versión especial de la Constitución en la que solo está lo que les conviene o favorece; lo demás, no existe.

La muerte cruzada no abre la puerta a una dictadura, no se parece en nada a lo sucedido en el Perú. Esta suerte de botón de destrucción mutua fue puesto ahí por quien ahora quiere que se escriba una nueva Constitución, se remueva a la fiscal y, seguramente, a la Corte Constitucional, para asegurar un regreso impune.