Para el próximo gobierno el tema de la inseguridad es prioritario
A 45 asciende el número de presuntos delincuentes abatidos en Ecuador desde el inicio de 2023
El número de presuntos delincuentes abatidos en Ecuador por la Policía Nacional ascendió a 45 desde inicios de año, según informó la semana anterior el ministro del Interior, Juan Zapata.
El último de ellos fue abatido durante una operación para la liberación de un empresario italiano que había sido secuestrado.
«Lo ratificamos: ante amenazas letales, respuestas letales», dijo en un mensaje publicado en redes sociales por Zapata.
La semana anterior, en la ciudad porteña de Guayaquil, la Policía abatió a otro presunto delincuente e hirió a otro para evitar un robo, y en esa misma urbe, se abatió a otra persona ante una denuncia vecinal por presencia de personas armadas en la zona.
Con casi medio centenar de personas abatidas en cerca de seis meses, la cifra contrasta con los seis que se registraron en todo 2022, según los datos difundidos por la Policía.
El incremento de actuaciones letales de la Policía ecuatoriana se ha acelerado en los últimos meses a raíz de las disposiciones marcadas por el Gobierno para enfrentar la crecida de la delincuencia y de las acciones del crimen organizado.
Entre esas acciones está la recomendación realizada a finales de abril por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), de usar armas letales para combatir la oleada de delitos y crímenes en el país, atribuidos a bandas de delincuentes a las que calificó de “terroristas”.
Asimismo, en mayo entró en vigor el reglamento de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, que refuerza el uso del armamento reglamentario de la Policía.
«El absurdo de que el policía debe esperar a que el delincuente le dispare o dispare a un ciudadano, se terminó», dijo en su momento el presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, al suscribir esta norma.
Eso documento define que «la materialización del acto ilícito es la amenaza o peligro inminente que puede poner en riesgo la vida de los ciudadanos y de los miembros de la fuerza pública».
El mismo ministro Zapata ha calificado como un referente en la región la ley de seguridad aprobada en Chile, conocida como «Naím-Retamal», que otorga más libertad de maniobra al cuerpo de Carabineros (Policía militarizada) en el uso de las armas de fuego.
LA PRIORIDAD
Considerado hace sólo unos años como uno de los más pacíficos de la región, Ecuador vive la peor crisis de inseguridad de su historia. Las estadísticas de la Policía revelan que entre enero y junio de este año se han registrado 3.513 asesinatos, lo que significa un aumento del 58% respecto al 2022. Ese año la tasa de homicidios fue de 26 por cada 100.000 habitantes, y en la actualidad ya se ubica en 20, con una tendencia a crecer, con lo que se estima que a final del año cerraría en 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose en el país más violento de la región.
Este escenario catastrófico ocurre en medio de unas elecciones presidenciales y legislativas anticipadas en las que el nuevo Gobierno no tendrá margen para improvisaciones, advierte Carolina Andrade, analista en seguridad. “No se puede seguir esperando cosas tan básicas como equipar a la Policía”, indica Andrade. Los ocho binomios a la presidencia saben que la inseguridad es la principal preocupación de los ecuatorianos que están amenazados permanentemente por delitos como extorsiones y secuestros que han aumentado hasta en un 300% respecto al 2022.
Para el analista político Oswaldo Moreno, el ciudadano debe exigir de los candidatos “que explique cuál será la política pública en seguridad y que asuma que la responsabilidad es única y exclusivamente del Ejecutivo, no de los gobiernos locales, ni de la Asamblea”, dice Moreno, porque esa ha sido la constante pugna de los gobiernos de turno cada vez que la inseguridad aumenta
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Oficina de redacción en Quito
de Ecuador News y Prensa Asociada
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