«Construiremos tres cárceles de máxima seguridad y jueces podrán despachar desde el extranjero»
Otto Sonnenholzner dice saber dónde están los problemas ecuatorianos y cómo resolverlos
El 10 de junio de 2023, el binomio conformado por Otto Sonnenholzner y Érika Paredes les fue aceptada su candidatura en las instalaciones del Colegio Nacional Electoral (CNE) en Quito. Tienen el auspicio de la alianza Actuemos, aprobada por la misma entidad ese mismo día. Podían así aspirar a ser Presidente y Vicepresidente de Ecuador.
La alianza está conformada por los partidos SUMA y Avanza; finalmente, a pesar de que una facción de la Izquierda Democrática había anunciado que se sumaría, quedaron fuera.
Sonnenholzner fue uno de los últimos en confirmar que sería candidato, a pesar de que su nombre sonaba desde las elecciones seccionales de febrero pasado. Desde esa elección, personas cercanas a él tenían ya cercanía con SUMA, como es el caso de Pedro Pablo Duart, que fue candidato a la Alcaldía de Guayaquil por esa fuerza política.
A pesar de ser cercano a SUMA, Sonnenholzner ha dicho que no tiene afiliación política. Entre 2018 y 2020, fue vicepresidente de Lenín Moreno; sin embargo, nunca se mostró cercano a Alianza PAIS.
Otto Sonnenholzner reconoce que, de ganar las elecciones presidenciales de 2023, no habrá tiempo para construir nuevos proyectos estatales, de acuerdo a entrevista concedida al portal PRIMICIAS.
Lo urgente, dice, es recuperar la infraestructura deteriorada de unidades policiales, hospitales y del sistema vial de Ecuador, destruido por el invierno.
A Sonnenholzner, de 40 años, le preocupan los efectos que tendrán el fenómeno de El Niño y calcula que la reactivación económica le costará al país entre USD 3.000 millones y USD 6.000 millones.
Por ello, el candidato presidencial por la alianza Actuemos, agrega que es urgente acercarse ya a organismos multilaterales para conseguir el financiamiento necesario para la reconstrucción.
¿Cómo se adaptó la propuesta de gobierno pensado para 2025 a estas elecciones extraordinarias?
-Nos tocó adaptar un plan en el que veníamos trabajando con expertos y adaptarlo a esta nueva circunstancia. Estamos priorizando la toma de decisiones, sobre todo en materia de inversión pública.
Por ejemplo, en este periodo no podemos priorizar la construcción de nuevos proyectos, pero sí la recuperación de la infraestructura pública deteriorada, desde Unidades de Policía Comunitaria hasta hospitales, pasado por el sistema vial del país.
Vamos a proponer un gran plan de recuperación de esa infraestructura, que será el eje principal de la inversión pública durante este plazo, porque es la única forma de hacerlo de forma inmediata y dar resultados a la reactivación económica. Esto va a generar trabajo en distintos sectores de la construcción.
¿Cuál es su plan para afrontar las consecuencias del fenómeno de El Niño?
-Esto tiene tres fases y dos de ellas recaen en el gobierno actual. Hago un llamado para que las cumplan, porque la primera fase es la de prevención y mantenimiento de infraestructuras para controlar las inundaciones.
Son aproximadamente USD 300 millones en inversión que ya deben estar ejecutándolos, porque tienen que hacerlo ellos (el régimen de Guillermo Lasso).
La segunda fase también recae en este gobierno, porque es el diseño de la estrategia de salvataje, de salvar vidas, en función de precautelar los riesgos y tener los lugares de acogida para perjudicados y alimentación de familias que seguramente perderán todo.
Sobre nuestro gobierno recaerá la recuperación y reactivación económica, que puede costar entre USD 3.000 millones y USD 6.000 millones, para lo cual se debe dialogar desde ya con los organismos multilaterales para identificar los fondos disponibles para este tipo de situaciones.
O con países y organizaciones que suelen ser solidarias con Ecuador en momentos como esos. El riesgo es gigantesco y esa gestión económica se tiene que hacer ya.
¿Quién asumiría esa responsabilidad?
-Vamos a presentar al equipo durante la campaña, para que vaya fortaleciendo la comunicación de las ideas y proyectos que vamos a proponer.
¿Cuál es su propuesta en caso de que gane en SÍ en la consulta popular sobre la explotación del bloque ITT en el Yasuní?
-La postura está representada en la selección que hicimos para la Vicepresidencia de la República. La especialidad de Érika Paredes (su compañera de fórmula) es conseguir fondos a cambio de conservación (ambiental).
Estamos conscientes de que vamos a tener permanentemente este tipo de situaciones, pero además el mundo va a hacia allá y tenemos que encontrar la forma de recuperar recursos cuando prioricemos la conservación.
Porque el peor de los mundos es seguir recortando ingresos, cuando no tenemos algún tipo de compensación clara.
Esa iniciativa ya fracasó en 2013, en el gobierno de Rafael Correa.
-Por problemas, en mi opinión, de un liderazgo que nunca fue claro y lo digo porque he conversado con la gente que estuvo dispuesta a donar en esa época. Un liderazgo que parecía más una amenaza que verdadera convicción.
Hoy son otros tiempos y existen mejores probabilidades de acceder a ese tipo de fondos, no solo de conservación ambiental, sino de salud y educación.
Y parte del proyecto es empezar desde ya a tocar esas puertas para poder compensar el impacto económico que esto pueda tener.
Mayor impacto económico que lo del Yasuní tiene la eliminación del ISD (Impuesto a la Salida de Divisas) y de eso nadie habla.
Son aproximadamente USD 700 millones que vamos a dejar de recibir a partir de enero (de 2024) y creo que el Gobierno necesita explicarle a Ecuador cómo se van a compensar esos ingresos.
Hay que agregar que el riesgo país superó los 1.800 puntos, lo que complicará aún más el acceso a crédito externo.
-Sin duda, por eso es que las puertas hay que mantener abiertas son las de los multilaterales, sobre todo en casos de emergencia.
Todavía hay cupo de endeudamiento en el Banco Mundial y espacio para el apoyo en casos de crisis o emergencias, como la del fenómeno de El Niño.
Pero en general las finanzas públicas no son sostenibles, si se siguen tomando decisiones irresponsables.
¿Qué hará en seguridad?
-En materia de seguridad, las cosas no han cambiado porque esa es una prioridad desde siempre.
Tenemos un plan actualizado, que pasa principalmente por el control de cárceles y la construcción de cárceles de máxima seguridad, donde podamos separar de forma adecuada a los presos según su peligrosidad.
Además, lograr un control real del sistema penitenciario que evite que los delincuentes operen desde las cárceles.
La construcción de cárceles va a tomar tiempo.
-Evidentemente hay una emergencia penitenciaria y estamos en contacto con empresas que se dedican a construir este tipo de prisiones.
¿Cuáles son estas empresas?
-No puedo adelantar esos datos porque tendríamos que hacer una licitación, pero estamos en contacto con ellos para conocer las alternativas.
La construcción puede demorar un año o año y medio si se quiere, pero hay que empezarlas a hacer porque, de lo contrario, no vamos a encontrar la forma de controlar las cárceles.
¿Dónde estarán ubicadas esas cárceles?
-En el sur, en la Costa y en la zona central del país.
¿En qué provincias?
-No podemos adelantar todavía esa información, porque hay que hacer un análisis final en función de la ubicación geográfica de estos centros.
¿Cuántas cárceles construirá?
-Serán tres de máxima seguridad, con capacidad para 1.000 presos cada una. Ahí estarán recluidos los delincuentes más peligrosos y podremos controlar sus acciones. Y, en base a eso, retomaremos el control penitenciario para promover la rehabilitación.
Incorporaremos tecnología, desde inhibidores de señal, escáneres y cámaras biométricas hasta sistemas de puertas electrónicos y automatizados, que restrinjan la discrecionalidad de los funcionarios penitenciarios, que es lo que los convierte en presa fácil de la corrupción.
La inversión sería de USD 150 millones, USD 50 millones por cada cárcel.
¿Cómo se financiará esa construcción?
-Con Alianzas Público Privadas y se buscaría alguna forma de pago por prisionero.
¿Cuál es su planteamiento sobre el sistema de justicia para evitar la impunidad?
-Que jueces y fiscales puedan despachar desde el extranjero en los casos en los que sus vidas estén en riesgo. Podrán trabajar telemáticamente, al menos en los casos en los que no se pueda garantizar su seguridad hasta que el país retome la paz.
Eso pasará en casos de crimen organizado, en los que se haya demostrado un nivel de peligrosidad. Creemos que será posible hacerlo con al menos tres países y se tendría que llegar a un acuerdo temporal, porque no podrá ser permanente.
¿Cómo financia su campaña?
-Son diversos ciudadanos que creen en este proyecto. Hemos prohibido que personas que tengan intereses contractuales con el Estado participen en el financiamiento.
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