Custodios de la impunidad
Por Miguel Rivadeneira Vallejo
El país camina a la deriva cuando la aplicación de las garantías constitucionales se ha degenerado en la justicia. Se impone la sinrazón con la atención a los intereses politiqueros, cuyo principal objetivo es la impunidad a favor de aquellos que cometieron actos de corrupción confirmados con pruebas documentadas.
Existe una hoja de ruta clara a favor de la impunidad y la revisión de sentencias, con la colaboración de ciertos jueces y la acción del órgano administrativo y disciplinario, que protege a malos operadores de justicia, que violan ley expresa (los casos de Yaguachi y Montecristi), pero persigue a jueces que actúan contra protagonistas de actos de corrupción. Quieren sacar del cargo a la fuerza, de manera ilegal, atropellando procedimientos y violando el Código Judicial.
La única agenda es la impunidad, a la que se van sumando jueces y funcionarios del órgano administrativo y disciplinario, con el respaldo de dirigentes judiciales que en horas de oficina, en las que debieran estar despachando procesos judiciales, que por miles están represados, salen a respaldar a quienes han violado groseramente las normas legales con resoluciones que favorecen a otros jueces que les extienden por nueve años su permanencia en los cargos, con fines claros de atender las presiones políticas. El tiempo dirá cuáles de esos jueces asumen la revisión de sentencias a favor de sus mentores.
En lugar de agilizar los procesos, hacen todo lo posible para obstruir a la justicia cuando precisamente la mayoría de vocales de la Judicatura está procesada penalmente y, por ello, descaradamente quieren eliminar a los jueces que les van a juzgar.
La justicia electoral, una vergüenza cuando no puede sancionar violaciones a la ley pese a las evidencias y pruebas de candidatos que llegaron al CPCCS con el auspicio de un movimiento político, lo que está prohibido por la norma vigente.
La Corte Constitucional, garante de los derechos fundamentales, debiera actuar con mayor diligencia para castigar y destituir sin demora a jueces y funcionarios (CPCCS Y CNJ) que se burlan del país al tratar de revisar resoluciones que están blindadas no solo por la CC, sino por un mandato popular del 2018. Incluso la mayoría de ese Consejo se atrevió a aprobar y ordenar ilegalmente investigaciones en torno al nombramiento de la fiscal general, a cargo del Consejo Transitorio, lo que no se puede revisar por mandato legal y popular, y, por tanto, es una violación flagrante que debe ser sancionada con todo el rigor de la ley, con la destitución, e incluso impulsar procesos penales. El auto de verificación no puede dilatarse cuando las violaciones son claras.
Hemos llegado a un momento de degradación de las instituciones cuando quienes están llamados a ser custodios de las garantías constitucionales y sancionar las ilegalidades y arbitrariedades dilatan decisiones y protegen a los violadores de las normas y con ello favorecen la hoja de ruta de la impunidad y la revisión de sentencias. Los abogados y la ciudadanía deben reaccionar frente a este plan macabro que camina, con la colaboración, por acción u omisión, de jueces venales y funcionarios desquiciados.
OPINIÓN
Miguel Rivadeneira Vallejo
Especial para Ecuador News
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