Paren arbitrariedades
Por Miguel Rivadeneira Vallejo
Cuántos profesionales del Derecho, hoy altas autoridades o jueces en diferentes funciones, fueron alumnos del doctor Julio César Trujillo Vasquez, reconocido jurista, académico, defensor de causas sociales y sobre todo un gran ser humano, honesto e intachable hombre público en todas las funciones que desempeñó.
En honor a su pensamiento y comportamiento humano debieran honrar a su trayectoria con sus actuaciones apegadas al Derecho, que él les inculcó. Uno de los pocos seres que se vinculara a la política y a la vida pública que murió como nació. Sin robar un centavo. Falleció respetuosamente de viejo (88 años), por problemas de salud, pero nunca de ladrón, como hoy pululan en el país y otros fugados en el exterior. Hombre que por su impecable trayectoria le escogieron para integrar la Comisión de la Verdad y luego le rogaron que sea Procurador del Estado, lo que nunca aceptó, y hoy ellos mismo se encargan de injuriarle con el calificativo de la época de atrocidades del Trujillato, que quieren echarle abajo de manera inconstitucional e ilegal, a vista y paciencia de los pusilánimes. Esto es una miseria humana.
Hoy impulsan una corriente que arremete para completar el desbaratamiento institucional,de lo poco que queda, que busca impunidad, a vista y paciencia ciudadana y cobardía de autoridades que debieran actuar en reivindicación de la justicia.
Por ello emprenden una campaña que pretende desprestigiar e impulsar procesos contra la Fiscal General, que ha tenido la valentía de procesar penalmente a los intocables. Emprenden una campaña contra el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, que fue uno de los jueces nacionales que los sentenciara en uno de los casos emblemáticos (Sobornos) y que les constituye un estorbo para sus fines de impunidad.
Frente a este panorama, queda una institución que al menos debiera asumir de manera firme y oportuna, sin dubitaciones, su papel de control y defensa de la justicia constitucional frente a tantos atropellos evidentes de al menos dos instituciones: el Consejo de Participación Ciudadana y de la mayoría de quienes integran el órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura, procesados penalmente por obstruir a la justicia.
La Corte Constitucional tiene la obligación de aplicar las normas constitucionales y legales, sin cálculos políticos ni electorales ni adulos, hasta ver qué sucede con la definición presidencial ni la composición de la nueva Asamblea. Tiene que aplicar sin dilatorias ni demoras todo el peso de la ley contra quienes se burlan del país y ahora quieren justificar lo injustificable al irse contra normas expresas y resoluciones que están blindadas no solo por la CC sino por el mandato popular expresado en las urnas en el 2018. El no hacerlo, dejaría un pésimo precedente para que aquí quede la posibilidad de irrespetar todo, hacer lo que les de la gana, y burlarse del ordenamiento jurídico, cuando existe evidencia de que no se trata de una controversia materia de un litigio constitucional. La CC debe recordar que es la garante de los derechos fundamentales y no puede permitir que se burlen más con leguleyadas para salir del problema. (O)
OPINIÓN
Miguel Rivadeneira Vallejo
Especial para Ecuador News
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