Manos poderosas intentan asesinar también la investigación
El crimen en prisión de los siete sospechosos del asesinato del candidato Fernando Villavicencio
Los ecuatorianos no se habían recuperado del asombro y rabia por lo que está ocurriendo en el país, cuando nuevas noticias golpean en sus rostros. El sábado 7 de noviembre, el Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), informó que un séptimo acusado del homicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado en una cárcel de Quito, un día después de que se confirmara el asesinato de los otros seis supuestos responsables del hecho.
En principio no se proporcionaron detalles sobre la circunstancia en que se produjo el crimen. Tampoco se mencionó la nacionalidad de la víctima y sólo lo identificó como “José M.” Sin embargo, se adelantó que, al igual que las seis víctimas mortales registradas el viernes anterior en una prisión de la ciudad portuaria de Guayaquil, estaba «vinculado» con el homicidio de Villavicencio.
Sobre la media docena de detenidos en la cárcel Guayas 1 de Guayaquil se ha oficializado que todos eran de nacionalidad colombiana y fueron asesinados en medio de «disturbios», escenario frecuente de sangrientos choques entre bandas de narcotraficantes. La versión, sin embargo, pareciera querer distorsionar la realidad. A todas luces se aprecia que todo obedece a un plan para silenciar a quienes presuntamente tomaron parte directa o indirectamente en lo ocurridos con el candidato.
RETORNO DE URGENCIA
El presidente Guillermo Lasso se encontraba en Nueva York por motivos personales y tenía previsto iniciar desde aquí un viaje a Corea, plan que debió cancelar por la gravedad de lo ocurrido.
A su regreso a Quito, se reunió con el Comité de Seguridad y luego se anunció en un comunicado la «reorganización» de la cúpula policial al tiempo que se separaría del cargo al director de investigaciones de esa institución, el General Alain Luna, y se removería al director de la autoridad carcelaria, Luis Ordóñez. El presidente al mismo tiempo nombró nuevo jefe de la policía nacional a César Augusto Zapata Correa, con casi 35 años de experiencia en la fuerza.
Tras la reunión, el gobierno decidió trasladar a otros seis sospechosos que son investigados por su vinculación con el magnicidio a una cárcel distinta de la que se encontraban, informó en un comunicado de la Secretaría de Comunicación. No se reveló a qué prisión fueron enviados «para resguardar su seguridad”.
También se decidió separar al director de investigaciones de la Policía y su baja del servicio activo, además de la destitución del director del SNAI. En tanto el director de la Penitenciaría fue detenido y se presentará una demanda penal en su contra, añadió el reporte oficial.
LOS PRESOS ASESINADOS
Los primeros 6 presuntos homicidas asesinados el viernes eran oriundos de la vecina Colombia, todos detenidos horas después del crimen de Villavicencio, el 9 de agosto en Quito, a 11 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Estaban recluidos en la Penitenciaría del Litoral, en la localidad de Guayaquil, considerada como la cárcel más peligrosa del país.
La cancillería de Colombia, como era de esperarse, condenó el sábado en un comunicado el asesinato de sus seis ciudadanos y ofreció su apoyo a las autoridades ecuatorianas en las investigaciones para “esclarecer este execrable hecho”.
La Fiscalía de Ecuador en este momento avanzaban en la realización de las autopsias para determinar las causas de las muertes. Pero, es muy importante establecer cuándo y cómo llegó la orden de las ejecuciones al interior del penal, al igual que cualquier arma utilizada. Ya conocemos el hermetismo que se produce en las penitenciarías con estos temas, pero por el bien del país hay que adelantar las investigaciones y obtener resultados concretos.
En su cuenta de red X, el Ministerio Público ya ha informado que inició una investigación por las acciones del SNAI, debido a que “existía una orden de traslado por seguridad de los seis detenidos”, ahora asesinados, la cual no se cumplió. Fueron identificados Jhon Gregore Rodríguez, Andrés Manuel Mosquera, Adey Fernando García, Camilo Andrés Romero, Jules Osmín Castaño y José Neyder López Hitas, que formaban parte del comando asesino, encabezado por el autor material de los disparos, Johan David Castillo, de 18 años, muerto en la refriega posterior a los hechos. La mayoría de ellos fueron reclutados en barrios de la ciudad colombiana de Cali, aunque también procedían de Bogotá y de Florencia, en el Caquetá cafetero.
Semanas antes de su muerte rindieron su declaración en Guayaquil en una audiencia solicitada por Fiscalía y sobre la cual hasta ahora no se dieron a conocer detalles.
El Pabellón 7, en el que se encontraban los seis presos, está bajo control de la banda de Los Águilas, responsables junto a Los Choneros, los R7, Los Lobos, Los Tiburones o los Chone Killers, bajo el auspicio de los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, de la ola de violencia que atropella a Ecuador desde hace meses. Estas bandas han convertido a las cárceles en sus cuarteles generales, en donde se reclutan nuevos soldados y se dirigen operativos narcos y de extorsión, llamadas vacunas en el país andino. Sólo en la Penitenciaría del Litoral, con más de 12.000 reclusos, se han producido más de 400 asesinatos.
ATAQUE CON DRON FUE PRIMERO
Los seis sicarios colombianos habían llegado a esta cárcel el pasado 12 de septiembre, después de que un dron con explosivos aterrizara sobre el techo del penal de La Roca, donde fueron ingresados tras su detención. Esa fue la primera señal que las autoridades penitenciarias ecuatorianas tomaron con excesiva tranquilidad.
El proceso de investigación del magnicidio -en el que la Fiscalía procesaba a 13 involucrados, incluidos los siete presuntos homicidas asesinados- está previsto que concluya en los próximos días.
La Penitenciaría del Litoral es parte de un complejo de cárceles de Guayaquil, 270 kilómetros al suroeste de la capital, en la cual se han producido cruentas masacres durante los últimos años, siendo el más violento el ocurrido en septiembre de 2021, que dejó 122 reclusos muertos.
En Ecuador rige un estado de excepción en el sistema carcelario considerado por las autoridades como centros de mando desde donde peligrosas bandas delincuenciales y del crimen organizado disponen sicariatos, secuestros, extorsiones, robos y toda serie de delitos que sumen al país en una ola de temor.
En una de ellas, la regional de Guayaquil, cercana a la Penitenciaría, está recluido Adolfo Macías, alias “Fito” y capo de una banda con nexos con un cartel de las drogas mexicano, que fue identificado por el ex presidenciable Villavicencio como el autor de amenazas contra su vida y la de su equipo de campaña.
Ya se sabría quién dio la orden
En un reciente comunicado de la fiscalía ecuatoriana, se dio cuenta que un sospechoso más por el crimen de Fernando Villavicencio, se mantendría aislado y con fuertes medidas de seguridad.
Aseguró la fiscalía que esta persona ya habría dado el nombre de quien ordenó el ataque contra el candidato a la presidencia del país.
ACTUALIDAD
Por oficina de redacción de Ecuador News
en Quito y agencias asociadas.
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