OPERACION METÁSTASIS FRENTE A LOS NUDOS CIEGOS DE LA JUSTICIA
Por Mariano Jara
La peor consecuencia de la corrupción judicial se concentra en los altos niveles de impunidad que existen. No hay cifras exactas que nos permitan medir con precisión las diferentes manifestaciones de la corrupción y pareciera reflejar una crisis persistente y difundida, que se transforma en un oscuro panorama.
Los mecanismos para sancionar a los jueces que hayan incurrido en actos de corrupción son poco transparentes. La mayoría de sus integrantes son miembros del propio Poder Judicial, lo que arroja una cierta sospecha sobre la protección que ofrecen a sus colegas y evita que sean sancionados por actos de corrupción.
La falta de independencia judicial genera prácticas corruptas dentro del quehacer de la judicatura y se manifiesta de dos maneras: una externa, respecto de los principales actores sociales y políticos y otra interna, que hace que los jueces inferiores sigan las “instrucciones” y protejan los intereses de los jueces superiores.
El 13 de diciembre la Fiscalía General del Estado impulsó el caso Operación metástasis, que investiga la corrupción sistemática en la función Judicial. Pues la venta de decisiones judiciales siempre ha sido un secreto a voces, es por ello por lo que esta causa convierte en una oportunidad, necesaria e indispensable para sentar un antecedente sin igual y encaminar al país.
Entre las principales motivaciones que se sustenta el caso METÁSTASIS están: el abuso del derecho y la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales. Fiscalía seguramente estará atenta a posibles delitos de acción pública determinados en el Código Orgánico Integral Penal, como: prevaricato, fraude procesal, cohecho, tráfico de influencias y otros que puedan replicarse en el sistema judicial, tal como ha sido el modus operandi de los ahora procesados en este caso.
Wilman Terán, Presidente de la Judicatura, detenido por el caso Metástasis, dice que “quieren apropiarse de la justicia”, él es uno de los 31 detenidos por presunta delincuencia organizada. A su vez la Fiscal Diana Salazar, “dama de fierro”, sostiene que “este caso es la radiografía de como el narcotráfico se tomó instituciones del estado”.
El Consejo de la Judicatura es el órgano de Gobierno, administración y disciplinario de la Función Judicial. No puede administrar justicia, pero sí, evaluar jueces, gestionar, supervisar concursos de méritos y oposición e imponer sanciones.
La corrupción es un elemento homogéneo y cotidiano que no reconoce status, es un problema cultural y es parte de nuestra genética. La corrupción no es un problema exclusivo del poder ejecutivo, es un problema que ataca a todos por igual, van de la mano con el Poder Legislativo, son una constante en el Poder Judicial, a tal grado que Ministros y Magistrados perciben mayores ingresos que los jueces, pero los jueces reciben suculentos “aportes económicos” bajo el escritorio.
El Poder Judicial, cuyo rasgo distintivo es el nepotismo, ha generado la perpetuidad de diversas familias al mando de la institución. Es así como Ministros, Magistrados o Jueces, promueven y fomentan la corrupción a través de la emisión de nombramientos que distan en demasía de un proceso democrático sustentado en parámetros equitativos. La meritocracia no existe en Ecuador y muchos menos en el Poder Judicial. Si en algo es reconocido el Poder Judicial en nuestro país, es por su ineficacia e ineficiencia.
Una sociedad democrática, debe tener un sistema de justicia que proteja la dignidad humana, combata la corrupción, la impunidad, debe trabajar en sinergia con los poderes del Estado, tener juzgadores capaces y que cuenten con los méritos de impartir justicia. Por desgracia en el Ecuador, el poder local carece de autonomía e independencia, no se cuenta con un consejo de la judicatura para que ejerza de manera transparente y objetiva un control administrativo del poder judicial, de capacitación de sus integrantes, la falta de nombramientos a través de procedimientos objetivos y transparentes.
No se respeta el servicio civil de carrera, no hay rendición de cuentas de la magistratura y juzgadores, hay grupos de poder al interior de la clase juzgadora, represión a quien expresa inconformidad y amenaza de sanción, a quien critica al poder judicial, las resoluciones son de impunidad y protección. Es mucho dinero que se mueve, la tentación siempre está ahí.
Hay una protección judicial a delincuentes comunes, del crimen organizado y de cuello blanco y esos son los privilegios creados de regímenes anteriores. El Consejo de la Judicatura, cuya función es vigilar la actuación de los tribunales y jueces, es un florero, un adorno, porque no hay un señalamiento a un juez, a un magistrado, que actúa mal. Es un formalismo extremo como si fuesen omnímodos los jueces, que son autónomos y como si por ello pueden hacer lo que quieran. Si el poder judicial no actúa y hay pruebas de corrupción, presenten denuncias contra los jueces, porque estos no gozan de privilegios, son servidores públicos y no es posible que tengan impunidad, es decir, todos los funcionarios son sujetos del escrutinio público y debemos actuar como tales.
El objetivo por el momento es saber cuánto nos falta para abatir la impunidad. Todos los casos de corrupción tienen un factor en común: la impunidad. Con tantos millones de dólares los narcos pueden comprar lo que quieran, incluso a los líderes de las revoluciones, que les dan libre albedrío para sus ilícitas actividades.
OPINIÓN
Mariano Jara
Especial para Ecuador News
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