La queremos viva
Por Mariana Velasco
Lo ocurrido en nuestro país, la madrugada del 14 de diciembre es histórico. El operativo Metástasis, nunca antes visto, es el de mayor calado que la Fiscalía y Policía hayan realizado. La fiscal, Diana Salazar Méndez, ha tocado todas las alarmas al abrir la caja de Pandora, donde la putrefacción del sistema político y judicial, no puede ni debe ser indiferente a nadie. ¿Cuál será el accionar de la Asamblea Nacional, de la Corte Nacional de Justicia y del gobierno de Daniel Noboa?
La radiografía, muestra la penetración del narcotráfico y el crimen organizado en las estructuras del Estado. Lo veíamos en películas de la Camorra, Cosa Nostra o Yakuza, sin sospechar si quiera que desde hace más de un año trabajaban de forma silenciosa la Fiscal, Diana Salazar y todo su equipo. La joven profesional ecuatoriana, tuvo muy claro desde el inicio de su gestión, al adquirir un papel central de la acción penal. De ahí que el éxito del proceso dependa -en buena medida- de las decisiones del fiscal.
Ella es la única garante para extirpar de raíz el cáncer de la corrupción por su esfuerzo valiente y un gran sentido del deber para investigar éste y otros delitos. Ecuador clama por una justicia transparente, un pueblo responsable y la institucionalidad democrática para recuperar la paz social, como condición indispensable para sostener y preservar un ambiente propicio para el trabajo.
Esta mujer menuda y valiente, debe ser la funcionaria pública más blindada y protegida. Es evidente que su vida está en peligro y el narcotráfico tendrá la mira sobre ella. Sabe de su oficio y no ha cesado en la búsqueda de arrancar los tentáculos con los cuales las mafias y el crimen organizado, buscan sepultar al Estado al corromper figuras del sistema judicial, fuerza pública y la política.
La funcionaria, con reconocimientos internacionales, ha sido muy clara al advertir que el sistema judicial está ‘’gangrenado’’ y que ‘’es imposible regenerarlo si no hay una depuración profunda’’, además del ‘’ riesgo mayor para quienes, además de haber participado en más de 75 allanamientos con 900 personas entre equipos fiscales y policiales en 7 provincias, hacen su trabajo y no se dejan absorber por las estructuras delincuenciales y su dinero’’.
Por la magnitud del evento, debería generar la unión del pueblo ecuatoriano, de organizaciones gremiales, organizaciones civiles, sociedad civil y familias ecuatorianas en apoyo a la Fiscal; con claridad hoy se entienden los reiterados intentos de enjuiciar políticamente a la fiscal general Diana Salazar. ‘’Les resulto incómoda a los delincuentes y prófugos’’, sentenció.
Atacarla o enjuiciarla luego de lo sucedido en la madrugada del jueves anterior, sería percibido como un desesperado intento de silenciar a la justicia y enterrar verdades incómodas para nuestra democracia. ¡A la fiscal la queremos viva!
Debemos manifestarnos como ciudadanos a favor del trabajo de la Fiscal para que su gestión no quede en la profunda y frustrante soledad; no se lo merece. Es una funcionaria pública que pone el pecho a las balas. Debe sentirse arropada por quienes reconocen su labor transparente, gallarda y serena. Jamás ha confundido la autonomía con transparencia, mecanismos de control y rendición de cuentas; aspectos que la hacen más autónoma, fortalecen más a la institución y además, dotan de credibilidad y legitimidad frente a la ciudadanía.
A la par, hay que reconocer el trabajo y apoyo de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, a través de miembros de la Policía para realizar la investigación y allanamientos. Se evidencia la voluntad política del gobierno en la lucha contra narcotráfico y corrupción.
Es de suponer que nuestra Cancillería debe haber enviado una nota de protesta al gobierno de Bélgica por el acto de obstrucción a la justicia por parte del ex presidente Correa, quién a través de redes sociales, advirtió con 14 horas de anticipación, sobre los allanamientos que realizaría la fiscalía. Esa publicación configura un delito penal y se sanciona con una pena de prisión de uno a tres años. Al tratarse de una investigación previa del Ministerio Público, la acción del exmandatario se configura en una «difusión de información de circulación restringida», tipificada en el numeral 3 del artículo 180 del Código Integral Penal (COIP).
La publicación permitió que varias personas vinculadas a este caso se pusieran a buen recaudo. De las 38 personas investigadas, 31 fueron detenidas en la madrugada del 14 de diciembre, durante el operativo. Las otras siete son prófugas de la justicia.
Como ecuatorianos de bien, cuesta aceptar que algunos funcionarios públicos, llamados a dar el ejemplo, pudieron haber prestado servicios al crimen organizado y a las más asquerosas corruptelas. El debido proceso y las evidencias demostrarán si las más altas esferas de la Justicia y la Policía, se vendieron al narcotráfico.
La obligación de investigar hechos de corrupción deriva de la obligación general de proteger y garantizar el Estado de Derecho. “En casos de corrupción, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas afectaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los involucrados de manera inmediata ( CIDH) párrafo 266.
Por la importancia que tiene la investigación de los casos de corrupción, la Corte IDH enfatiza que el deber de investigar debe estar orientado hacia la determinación de la verdad, por tanto, la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, la sanción de los responsables de los hechos está orientado a una finalidad especial específica consistente en que no haya impunidad. Los Estados están obligados a proteger la independencia e imparcialidad de la función judicial.
OPINIÓN
Mariana Velasco
Columnista invitado
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