Artículo de opinión
Por Juan Fernando Larrea
En los últimos meses hemos visto un sinnúmero de interacciones entre la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, y varias de las otras Funciones del Estado, incluyendo asambleístas que promueven un juicio político en su contra por razones que no se logran entender, o que quizá esos asambleístas no pueden explicar con claridad, ni con un sustento técnico ni legal en base a nuestro ordenamiento jurídico.
Ahora bien, el Ecuador es un país donde casi todo, lamentablemente, se mueve alrededor de la política y muchas iniciativas no necesariamente tienen un origen que no sea exclusivamente de índole político. Es claro que la Fiscal General del Estado no es cómoda para muchos grupos políticos y por esa razón se ha convertido en un blanco de ataque de esos mismos grupos políticos. Me impresiona y admiro la fortaleza, mental y física, de la Fiscal para soportar ataques diarios, vivir 24/7 con resguardo de varios miembros de la Fuerza Pública y seguir adelante con sus investigaciones en contra de la delincuencia organizada que ha tenido por mucho tiempo en zozobra a nuestro país. Sin duda, ese accionar demuestra una verdadera actitud de patriotismo y de su espíritu de poner al país adelante.
Lo que los asambleístas deben entender es que un Fiscal del Estado no debe ni tiene que ser un político, no debe ni tiene que ponerse a generar amistad ni enemistad con políticos, sino que tiene que dedicar su tiempo a hacer su trabajo. Efectivamente, ningún Fiscal tiene que ser querido por todos y ese no es su trabajo tampoco. Sin embargo, algunos grupos políticos no logran entender su rol e intentan convertir a la Fiscal en un elemento más de la disputa política que finalmente tiene sin cuidado a los ciudadanos comunes a quienes les interesan otras cosas como la seguridad, la lucha contra la corrupción, etc.
Por lo anterior, el evento sucedido hace unos días en la Asamblea Nacional fue realmente escandaloso al pretender la Comisión de Fiscalización poner frente a frente un ciudadano investigado y prófugo de la justicia con la Fiscal General del Estado. Qué error, qué mal cálculo o qué pobre estrategia deliberada. Me alegro, por el país, de que no resultó esa jugada por lo antes expuesto y por el rol que debe tener un Fiscal General del Estado. Es esperanzador ver que otros asambleístas y tiendas políticas cerraron filas en defensa no de una persona sino de una institución, de un debido proceso y de finalmente poder tener un país donde la política no dicte la agenda diaria de las otras funciones e instituciones del Estado.
OPINIÓN
Juan Fernando Larrea
Columnista invitado
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