Los primordios de la administración pública ecuatoriana
Por Fernando López Parra
En los países de nuestra Latinoamérica el proceso de constitución de la administración pública confluyó factores de orden económico, social, político, ideológico y cultural tanto a nivel nacional como en los ámbitos regionales.
Durante el primer período del Estado ecuatoriano, que se sitúa de 1830 a 1895, la administración pública se inserta en un sistema político, que expresa una confrontación entre instituciones propias del antiguo régimen colonial y tendencias renovadoras de la construcción institucional de un nuevo Estado. La función que prevalece en la gestión del Estado es la coerción, que, en el marco legal buscaba asegurar la sujeción extraeconómica del campesinado a las haciendas mediante una «legislación sanguinaria». En esas condiciones, la administración pública cubría un ámbito muy limitado, llegando inclusive a delegar atribuciones a los terratenientes y a la Iglesia. Los rasgos y contradicciones del sistema político se condensan en dos momentos históricos: el garciano y el «progresista» que son identificados como el periodo de transición entre el conservadorismo garciano y el liberalismo alfarista, inspirada en la escuela doctrinaria del liberalismo católico o conservadorismo progresista. En el período garciano, tras la búsqueda del afianzamiento de una economía nacional integrada, se impuso un estilo de gobierno despótico, que pretende reformular los esquemas político-administrativos vigentes, con la centralización política, control de la hacienda pública, impulso estatal al sistema bancario, fomento de la educación, especialmente técnica. Esta práctica bajo otras connotaciones fue continuada por los gobiernos «progresistas», cuyas acciones responden a similares criterios sobre la administración pública, pero con tintes modernizantes como la conversión del diezmo, renegociación de la deuda externa, actualización de la estructura fiscal y constitución de un Banco Nacional estatal.
Este primer momento, de la construcción de la administración pública ecuatoriana, es clave porque se instauro un mínimo de instituciones y procesos que garantizaron la obtención y gestión de los escasos recursos, el mantenimiento de la seguridad interna y externa dentro de la lógica de un Estado poscolonial. Se estructuró, en definitiva, una administración pública con instituciones que garantizan el control de las elites criollas y su poder. El Ecuador y su administración pública naciente sientan las bases institucionales que se modernizaran de forma significativa con la llegada de Revolución Liberal Alfarista.
OPINIÓN
Fernando López Parra
Columnista invitado
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