«Toxitours» por contaminación en el Amazonas
En Ecuador nacen los «toxitours» por contaminación en el Amazonas
Informe especial de una problemática que afecta al país…
Se llaman «toxitours» y fueron creados en Ecuador para concientizar a los turistas sobre los desastres cometidos por las petroleras en la región amazónica del país latinoamericano. Los “toxitours” muestran las cicatrices que ha dejado el petróleo en la Amazonía.
Las visitas guiadas llevan a los visitantes a las quemas abandonadas y a los charcos de petróleo, y comparten historias de impactos más amplios en la salud y el medio ambiente, así como sombrías advertencias para el futuro
Con una máscara y guantes, Donald Moncayo sumerge su mano en un charco de líquido ennegrecido que se encuentra camuflado entre la vegetación de la Amazonía ecuatoriana. “Bienvenidos”, dice, levantando una mano cubierta de petróleo hacia el grupo de visitantes reunidos a su alrededor. “Así es como el petróleo contamina la Amazonía”.
Moncayo está liderando un llamado “toxitour”, una excursión que revela los rastros destructivos que han dejado las compañías petroleras durante los últimos 50 años. En este lugar, ubicado en Shushufindi, uno de los cantones de la provincia nororiental de Sucumbíos, se encuentra el pozo Aguarico 4, en el que Moncayo, un residente local convertido en guía turístico, presenta uno de los aproximadamente 1.000 yacimientos de petróleo que la empresa estadounidense Texaco abrió en la Amazonía ecuatoriana tras su llegada en la década de 1960. Aunque está abandonado desde 1986, el petróleo sigue derramándose en la zona circundante y las aguas cercanas.
Los visitantes de este recorrido vienen de todo el mundo para ver otra cara de la Amazonía. El pozo Aguarico 4 es una de las siete paradas de la excursión de ocho horas, que se ofrece tres veces al mes para una variedad de participantes, incluidos estudiantes, turistas, personas influyentes y científicos. En cada recorrido se transportan en autobús hasta 40 asistentes a los sitios contaminados en las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos, ambas gravemente afectadas por la industria petrolera. Los “toxitours” fueron lanzados en 2003 por la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), una organización comunitaria local que ha buscado visibilizar los daños causados por Texaco, hoy parte de la Corporación Chevron, durante sus operaciones en Ecuador entre 1964 y 1990. En las últimas dos décadas, se han sumado nuevas paradas que muestran los diversos y duraderos impactos sobre los pueblos amazónicos: casas donde el petróleo crudo ha comenzado a emerger de la tierra y hogares de pacientes con cáncer cuyas enfermedades están vinculadas al consumo de agua contaminada por petróleo.
Hoy, el recorrido muestra no solo los impactos dejados por Texaco, sino también los de las compañías petroleras que operan actualmente en la Amazonía, como PetroEcuador, que ha estado operando quemadores de gas cerca de las comunidades locales.
Pero los guías de “toxitour” también están interesados en señalar que sus visitas ofrecen una advertencia sobre el futuro en el cercano Parque Nacional Yasuní, hogar del proyecto petrolero Bloque 43, cuyas operaciones se cerrarán después de un referéndum histórico en 2023, en el que los ecuatorianos votaron para poner fin a la perforación en uno de los lugares con mayor biodiversidad de la Tierra. Si no se implementan medidas de remediación adecuadas después del cierre del proyecto, dicen, puede esperar un destino similar.
Huellas del pasado
Aunque la parte ecuatoriana de la Amazonía representa solo el 2% de toda la selva tropical, el 61% de su área está concesionada a compañías petroleras, según los mapas compartidos con Dialogue Earth por Ecociencia, una ONG de información sobre biodiversidad. Rodrigo Torres, coordinador de la Unidad de Geografía de Ecociencia, dice que su análisis de los datos satelitales de MapBiomas mostró que el 17% de los bloques petroleros se cruzan con áreas protegidas, bosques protegidos y corredores de conservación. Los mapas de la ONG muestran que los bloques de concesión se encuentran en más del 63% de los territorios indígenas de la Amazonía ecuatoriana.
Lamentablemente falleció
Ermenegildo Criollo, de 65 años, recuerda cuando las petroleras llegaron por primera vez a su territorio para extraer petróleo. El líder de la nacionalidad indígena Cofán cuenta que el pueblo fue despojado de sus tierras y sus ríos contaminados. En ese momento, sin saber la magnitud de la contaminación, su esposa siguió consumiendo esta agua durante el embarazo a finales de los años 70. Seis meses después de que naciera su primer hijo, se dieron cuenta de que no estaba creciendo como debía. Lo llevaron a un hospital en Quito, a ocho horas de distancia, donde lamentablemente falleció. Un segundo hijo nacido tres años después murió a los tres años, lo que Criollo también atribuye a que bebía agua del río. “Comenzó a vomitar sin parar y al día siguiente a las 10 de la mañana murió”, recuerda el líder, añadiendo que en Lago Agrio, la capital de Sucumbíos, no había ningún hospital.
Criollo comparte su historia desde su casa, una de las paradas del recorrido a la que los asistentes llegan en un corto viaje en canoa. El actor afirma que fue uno de los 30.000 demandantes contra Texaco en un proceso que comenzó en 1993. Unos 25 años después, en 2018, la Corte Constitucional de Ecuador dictaminó que la empresa debía pagar multas por 9.500 millones de dólares.
Sin embargo, Chevron, que compró Texaco en 2001, afirmó que ya había gastado 40 millones de dólares para remediar sus impactos. Agregó que PetroEcuador, la empresa estatal ecuatoriana que formaba parte del consorcio que operaba los sitios de extracción de petróleo, era responsable de los otros daños, al haberse hecho cargo de las operaciones petroleras de Texaco en 1992.
En 2018, la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya ordenó la anulación de la decisión del tribunal ecuatoriano, debido a que la sentencia se obtuvo mediante “fraude, soborno y corrupción”, y dictaminó que el Estado debía indemnizar a la empresa. Esta sentencia fue confirmada en 2020 por un tribunal de distrito holandés.
La UDAPT ha señalado que no acepta este veredicto. “Ganamos la demanda, se niegan a pagar, nos contaminan y ahora tenemos que pagarles”, dice Pablo Fajardo, asesor legal de la UDAPT. Espera que la CPA anuncie el monto que Ecuador debe pagar a Chevron en 2024, pero no se ha fijado un plazo y los jueces no han establecido el monto a pagar.
La UDAPT y Fajardo dicen que creen que esta compensación sería de USD 2.000 millones, informando que han visto estas cantidades en los presupuestos gubernamentales de 2023 y 2024 etiquetadas como “pago a Chevron”. El abogado cree que aún es posible que Ecuador no tenga que pagar esta cantidad debido al artículo 422 de su Constitución, que expresa la soberanía del país por encima de los casos de arbitraje internacional.
Fajardo cree que el gobierno ecuatoriano no se defendió ante la CPA. “La decisión altera el orden público de Ecuador. ¿Cómo puede un arbitraje internacional pasar por encima de nuestra Constitución? Es inaplicable”, dice. “Ese argumento [de soberanía] era el más importante, pero nuestro fiscal, sin ninguna razón, retiró el argumento de la corte holandesa y dejó al Estado… indefenso”.
Los observadores también describen a la industria y sus empresas como abandonadas de pasivos ambientales y de salud humana, como la formación de piscinas de petróleo. Cuando no se toman medidas inmediatas tras el cese de las operaciones petroleras, el crudo se infiltra en el suelo y las aguas subterráneas, explica Blanca Ríos, investigadora de ecología acuática de la Universidad de las Américas (UDLA) de Ecuador.
Además, Ríos dice que las piscinas abandonadas atraen animales, especialmente aves, que las confunden con salinas y vienen a alimentarse y beber agua. Se alimentan de sustancias tóxicas y las transportan a otras zonas a través de los excrementos. También se transporta a través de la cadena alimentaria.
Según datos del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio del Ambiente de Ecuador compartidos con Diálogo Tierra, a junio de 2022 se habían identificado 4.676 piscinas, fosas y derrames de petróleo en la Amazonía del país. Casi el 40%, o 1.838, habían sido remediados, mientras que el resto estaban pendientes. Se contactó a PetroEcuador para que comentara sobre el estado de estos, pero al momento de la publicación no se había recibido respuesta.
Lecciones para Yasuní
Para las personas que defienden el cercano Parque Nacional Yasuní, se teme que los toxitours puedan ser una señal de lo que está por venir. En el referéndum de 2023, casi el 60% de los ecuatorianos votó para detener la extracción de petróleo en el parque, y se espera que el gobierno ordene el cese de las operaciones de PetroEcuador en el área protegida dentro de un año del resultado. Pero a pesar de que la petrolera anunció el cierre de los pozos para fines de agosto de 2024, “vemos que no hay mecanismos concretos para la remediación ni para la remoción de la infraestructura petrolera”, dice Pedro Bermeo, coordinador legal del colectivo Yasunidos, un grupo activista que se formó para oponerse al proyecto del Bloque 43. Para Bermeo, el toxitour muestra lo que podría pasar en el Lote 43 si no se toman las medidas adecuadas, y señala que las pozas y los derrames siguen afectando a las personas y al medio ambiente.
Si durante años la población local siempre mostró a periodistas y visitantes la devastación de su tierra, la implantación de estos tours crea ahora una nueva forma de turismo, el de denuncia medioambiental.
Incluso se realizan paradas en los hogares donde el petróleo comenzó a emerger del suelo y en los de personas que contrajeron cáncer por beber agua contaminada por petróleo.
Los recorridos muestran sitios contaminados en las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos, en el noreste de Ecuador, donde Texaco, ahora Chevron, operó entre 1964 y 1990, con más de 1.000 yacimientos petrolíferos.
El pozo Aguarico 4 es una de las siete paradas del recorrido de ocho horas, que se ofrece tres veces al mes a 40 participantes a la vez.
Afirma que la actividad en la zona no ha disminuido y no hay señales claras de cierre de pozos petroleros. Alrededor de 52.000 barriles de petróleo se extraen diariamente del Yasuní, según PetroEcuador. En mayo, el presidente del país, Daniel Noboa, creó un comité para establecer los lineamientos del retiro planificado, pero no dio plazos ni mayores detalles.
En su Informe Preliminar de Impactos y Planes de Acción asociados al cierre de operaciones en el parque, PetroEcuador señala que no existe precedente en el país de planificación de actividades de cierre anticipado y abandono. Por ello, en 2023 la empresa estatal solicitó orientación a la Corte Constitucional sobre las consideraciones técnicas para establecer el plazo de un año para el cierre de las operaciones, ya que habían planificado un cronograma de tres años. La corte denegó la solicitud por no haber sido presentada a tiempo.
En su informe, la empresa estima que el costo del abandono será de USD 654 millones, incluyendo USD 4 millones para el estudio de impacto ambiental por abandono y USD 88 millones para “revegetación” y reforestación, que está obligada a realizar.
Remediación pendiente
Una de las lecciones para Yasuní de otras regiones petroleras de Ecuador es la importancia de una remediación adecuada, en la contención y limpieza de los impactos de las operaciones. Ríos explica que “la remediación no es cubrir con tierra. Implica un proceso de aislamiento del crudo y llevarlo a centros de biorremediación”. Los efectos de esto se ejemplificaron durante el toxitour de Diálogo Tierra, en el que los reporteros visitaron la casa de Efraín Guamán, ubicada sobre una de las 157 piscinas remediadas por Chevron.
La casa de Guamán fue construida en el sitio del pozo Shushufindi 6 que operó durante la década de 1970. Guamán vive allí desde 2004, pero en 2021, mientras plantaba plátanos verdes, se sorprendió al descubrir petróleo crudo a menos de un metro de profundidad.
Antes de este incidente, Guamán y su familia consumían agua de un pozo y del río ubicado a unos 150 metros de su casa. En 2006, perdió un riñón, mientras que en 2015 su madre murió de cáncer de piel a la edad de 55 años, problemas de salud a los que se dice que contribuyó la exposición a dicha contaminación. Ahora sus hijos, de 3 y 15 años, tienen lesiones similares en la piel. Aunque ahora tienen agua potable, dice que sus lesiones han seguido creciendo y carecen de dinero para ir a un hospital de la ciudad.
Las solicitudes de comentarios de PetroEcuador sobre los procesos de remediación no recibieron respuesta. También se contactó al Ministerio de Energía para obtener comentarios. En respuesta, dijo que actualmente no hay un viceministro de hidrocarburos ni nadie disponible para validar la información.
Mecheros: otra asignatura pendiente
El petróleo impacta no sólo el suelo y las fuentes hídricas, sino también el aire. Al llegar a la parroquia de Enokanki, en Orellana, cinco bengalas iluminan el paisaje. Aunque los asistentes al toxitour estaban a 500 metros de las llamas, podían sentir el olor ardiendo.
Leonela Moncayo, la hija adolescente del guía turístico y coordinador de la UDAPT, Donald, lo acompaña en los recorridos. Ella reconoce el olor de inmediato. Desde su nacimiento hasta hace apenas un año, la niña de 13 años convivió con una bengala a menos de 100 metros de su casa.
Durante el día, dice, no podía concentrarse en las tareas escolares por el ruido de la maquinaria y por la noche el brillo perpetuo de la llama perturbaba su sueño.
“Si vives en la naturaleza, crees escuchar pájaros y grillos, pero no es así. Yo solo escucho un ‘riiiiing’ todo el tiempo”, dice.
En 2020, Moncayo y otras ocho niñas de la Amazonía demandaron a los ministerios de Energía y Ambiente por violar su derecho a un medio ambiente sano. En julio de 2021, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos falló a favor de las niñas. La sentencia estableció que las antorchas cercanas a los centros poblados de la zona debían ser eliminadas a fines de marzo de 2023, y el resto, en diciembre de 2030.
Sin embargo, el número de antorchas registradas por la UDAPT en la zona solo ha aumentado desde entonces, de 447 en junio de 2019, cuando se preparaban para el proceso legal, a 486 en junio de 2023. Justo antes de la asamblea nacional convocada para mayo de 2024, Marcela Reinoso, exgerente de PetroEcuador, dijo que, hasta el primer trimestre de este año, se habían extinguido 145 antorchas. Pero minutos después, el ministro de Medio Ambiente, Sade Fritschi, dijo que solo se había extinguido y desmantelado una antorcha, y que se están en conversaciones para regularizar las 145.
Sin embargo, a principios de junio de 2024, el entonces ministro interino de Energía, Roberto Luque, asistió a la asamblea nacional y dijo que se han eliminado 145 antorchas, de las cuales 49 no estaban operativas, pero requieren un proceso de desmantelamiento. Agregó que las 341 antorchas restantes serían desmanteladas antes de 2030. La presencia continua de las antorchas ha preocupado a los especialistas y a la población local. Las antorchas liberan al aire gases como óxido de azufre, óxidos de nitrógeno, metano, propano y benceno. Este último es altamente cancerígeno, explica Juan Carlos Avilés, consultor ambiental.
Dannya Bravo, de 12 años, una de las niñas demandantes, perdió a su padre el año pasado por meduloblastoma, un tipo de cáncer cerebral. Vive con su familia en Joya de los Sachas, que describe como “un pueblo de puro petróleo”. A 700 metros de su casa hay dos llamaradas y piscinas de petróleo y oleoductos por todos lados.
Entre abril de 2018 y diciembre de 2022, la UDAPT y la ONG Clínica Ambiental publicaron un informe que documentó 442 casos de cáncer en las ciudades de Lago Agrio, Shushufindi, Puerto Francisco de Orellana y Joya de los Sachas. En una actualización de febrero de 2024 de los datos, aún no publicados pero compartidos con Dialogue Earth, se informó que el número de pacientes había aumentado a 531, un aumento del 20%.
La joven Moncayo dice que continuará la lucha con sus compañeros hasta que se eliminen todos los brotes. Habla de sus sueños de convertirse en dermatóloga para tratar el cáncer de piel y planea construir un hospital oncológico en la Amazonía.
Mientras tanto, sigue acompañando a su padre en las giras. “Es difícil seguir con esta lucha”, admite su padre. Hasta ahora sólo ha visto aumentar el número de sitios a visitar durante el toxitour, y dice que espera que el Parque Nacional Yasuní no se agregue a la lista.
REPORTAJE
Extracto de Ecuador News
de la información de Isabel Alarcón
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