DEMOCRACIA ENFERMA

por Ecuador News · Publicada 28 agosto, 2024 · Actualizado 28 agosto, 2024

Por Antonio Molina

De cara a las elecciones generales de febrero del 2025, realmente poco podemos hacer para desmontar una cuasi dictadura democrática erigida desde el 2006 y sepultar una partidocracia, hoy renovada y que se deja manejar por los carteles, que apuesta con 17 binomios presidenciales

No debería sorprendernos para nada que nuestro país, de apenas 256.370 kilómetros cuadrados, con una población de 17.757.000 habitantes y que de ellos 13.654.291 estén habilitados por el CNE para sufragar el 9 de febrero próximo, para elegir al nuevo presidente de la República de entre 17 candidatos (algo jamás visto) e integrar la Asamblea Nacional escogiendo nombres de entre miles de aspirantes y que 232 organizaciones políticas disputen de tiempo en tiempo la preferencia de sus potenciales electores.

Lo que SÍ debería preocuparnos son las cifras expuestas, porque nos están revelando que la democracia ecuatoriana está enferma, muy grave y que los males que la aquejan los trasmite a la sociedad, contagiándola y amenazándola de muerte… porque afecta al progreso de los asociados, a su paz, a su seguridad, a su vida misma.

Como punto de partida, la población carece de cultura política elemental porque las organizaciones políticas no tienen escuelas de formación de nuevos dirigentes o líderes y porque a sus dueños no les interesa un competidor que termine arrebatándosela. Además, a los jóvenes que viven a diario tienen urgencias en usar su tiempo en asuntos pragmáticos y no en posibilidades, sueños y quimeras, aunque mañana sean rentables.

El interesado en “hacer” política es mucho más práctico y directo: sufraga el costo de la posición en la directiva cantonal, provincial o nacional y compra el puesto de su candidatura a la Presidencia de la República, Prefectura provincial, Alcaldía y a todas candidaturas pluripersonales. No solamente eso, los propios dueños de los partidos buscan a los potenciales candidatos, juegan con ellos, los subastan al mejor postor para hacer las alianzas.

De paso, existe un abierto masoquismo político porque son los ciudadanos quienes con sus impuestos pagan el costo partidario, porque el Estado les financia las campañas a los candidatos, les entrega un fondo para desplazamiento y cubre el costo de la publicidad política en los medios impresos, televisivos y radiales. Si pasan a la segunda vuelta, reciben más. Posterior a los comicios, los beneficiarios dan cuenta de los gastos utilizando facturas ficticias o adulteradas. La Contraloría es la encargada de descubrir las sapadas como anclarse a un partido mayor, cambiar de postura ideológica y de la ubicación en las papeletas. La corrupción tiene un sinfín de subterfugios. Resulta paradójico que le paguemos a los políticos para que nos hagan la vida de cuadritos.

En lo de fondo, debemos decir que tras el retorno a la democracia (Constitución y Ley de Partidos Político, aprobados en Referéndum en la dictadura militar 1972-1979) la Partidocracia fue recuperando status con nuevas Constituciones hasta que la Constituyente del 2008 expidió la garantista actual con el afán de consolidar un caudillismo democrático combinando instituciones de regímenes parlamentarios y presidencialistas, para disfrazar lo que en algún momento termina llamándose dictadura democrática, algo parecido a lo que está enraizado en Venezuela, donde el poder total y absoluto lo ejerce el Jefe del Estado a través de instituciones aparentemente democráticas (manejadas desde el ejecutivo) como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, creado por la Constitución del 2008, como parte de la Función de Transparencia y Control Social, a más de los resquicios determinados para echarle manos a la Contraloría del Estado (caso Carlos Pólit sentenciado en Ecuador y USA), a la Fiscalía General (caso Galo Chiriboga) y la misma Justicia a través del Consejo de la Judicatura (caso Wilman Terán, preso en La Roca). Acuérdense que Correa dijo que él era el jefe de todas las instituciones del Estado, como en el siglo XVIII afirmó Luis XIV “el Estado soy yo”.

Los vivísimos políticos están convencidos que el reparto de la troncha está en el Poder Legislativo, en la Asamblea Nacional donde el legislador elegido está listo y predispuestos a negociar cuotas de poder sólo por ser Poder Legislativo, en nombre de la gobernabilidad. Los honorables están prestos a hacer honor a ese sobrenombre y negocian funciones – para sí y su extensa parentela – en el Gobierno, representaciones, embajadas y consulados, sin importarles cambiar de camiseta, cambiándose al oficialismo, donde no importa si es de izquierda, derecha o del centro, lo que importa es la función pública y mucho mejor si es altamente rentables.

Los políticos constituyen una casta prebendaria, usufructuaria de un sistema inmoral basado en la corrupción, que ellos crearon a través de Constituyentes y que de tiempo en tiempo reforman para ajustarlo a sus intereses. Una solo prueba: Correa arrasó en las elecciones del 2006 con su discurso contra la partidocracia; adecuó la Constitución de los 300 años a los intereses de la Revolución Ciudadana y su grupo de poder (los jerarcas de esa organización, hoy están huidos en su mayoría, otros sentenciados, presos y prófugos); sin embargo, dijeron que vendrían por más, aunque se deleitan con tener a este país patas arribas en total ingobernabilidad.

Pero, en la práctica, el país no es el ingobernable. Sus ciudadanos son las víctimas de un sistema montado por los políticos que ahora están al servicio de los carteles de las drogas, pretendiente instaurar el primer narco Estado en la mitad del mundo. Si los políticos no tornan ingobernable este país, ¿de qué viven?