Ecuador aspira a superar «tarjeta amarilla» de la UE a pesca no declarada ni reglamentada
El Gobierno de Ecuador anunció el miércoles de la semana anterior que aspira a superar la «tarjeta amarilla» que le impusiera la Unión Europea desde 2019
por incumplimientos a la normativa sobre Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr).
Así lo señaló la ministra de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Sonsoles García, durante una comparecencia ante legisladores de una comisión del Parlamento, donde explicó sobre la gestión en torno a las acciones de «sostenibilidad, trazabilidad y transparencia», en el marco del proceso de levantamiento de la «Tarjeta Amarilla» impuesta por la UE.
En ese año, la UE notificó a Ecuador con la medida al ubicar 56 observaciones y el registro de 60 actividades donde registró incumplimientos a la aplicación de la normativa pesquera. recordó el Ministerio en un comunicado.
En marzo pasado, según una última auditoría realizada por la UE, se habían registrado 14 observaciones y 12 actividades de incumplimiento, «lo que da cuenta del compromiso de Ecuador por combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada», añadió la fuente.
Agregó que Ecuador aspira a que el próximo 1 de septiembre surja un nuevo informe en el que se de cuenta del cumplimiento de una de las observaciones planteadas por el organismo de pesca europeo.
García, en su comparecencia al Legislativo, explicó sobre los avances respecto a la gestión de la red pesquera, la verificación de las bodegas de la flotilla atunera, con especial atención en los buques con incrementos y disminuciones de capacidad en sus depósitos.
Además, indicó que se mantiene un control permanente del registro de los desembarques de la pesca para asegurar el uso del volumen de bodega declarado a la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT).
También mencionó la supervisión con controles aleatorios en las plantas de procesamiento en días posteriores a la descarga de la pesca, así como el control de las embarcaciones antes del desembarque para evaluar el factor de riesgo.
Controles para garantizar la trazabilidad (identificar el origen, producción y distribución) y el uso del Sistema Integrado de Acuacultura y Pesca en los procesos de control de desembarque, guía de movilización de productos pesqueros, hoja de movimiento y certificado de captura, forman parte de los avances advertidos por la ministra.
García indicó que Ecuador exporta unos 1.200 millones de dólares en pesca a la Unión Europea, pero remarcó que superar la «Tarjeta Amarilla» es una acción de prioridad para su Gobierno, pues ello implica mantener esas exportaciones.
Según especialistas, Ecuador debe superar la «Tarjeta Amarilla» para evitar que sea considerado como un país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Tarjeta Roja), lo que podría generar sanciones drásticas como la prohibición de importaciones de productos de pesca hacia Europa.
Un oasis protegido de Ecuador en un momento muy decisivo entre ambientalistas y mineras
Pequeñas aves de colores sicodélicos llenan un espacio boscoso en las afueras de Quito. Un santuario de flora y fauna, con especies endémicas y amenazadas, enfrenta a ambientalistas y empresas mineras a raíz de vacíos legales.
Una consulta popular de 2023 prohibió toda nueva extracción de minerales en 124.000 hectáreas del Chocó Andino, un bosque húmedo, rico en oro y parte de la reserva mundial de la biosfera.
Pero ambientalistas y la mayoría de los pobladores sostienen que nada ha cambiado desde entonces en la zona cobijada por la decisión que tomó la mayoría del electorado de la capital (68%), pues la minería sigue y reclaman que el gobierno nacional y autoridades locales ordenen la suspensión de esas actividades. «Se deben revisar las concesiones» vigentes, estima el biólogo Inty Arcos, de 45 años y miembro de Quito sin Minería, que promovió la consulta popular.
En el Chocó Andino, que alberga a unas 600 especies de aves, 270 de mamíferos y 140 de anfibios, «siguen entrando mineros, siguen explotando minería ilegal, sigue saliendo material (aurífero) y eso con toda la zozobra, (…) porque alrededor de la minería también hay violencia, hay grupos organizados delincuenciales», señala el activista.
Los opositores a la minería en esa región sostienen que falta claridad en un dictamen de la Corte Constitucional, que dio paso a la consulta, para que se ejecute definitivamente el mandato popular y no haya nuevas operaciones de minería en el lugar.
En el bosque, que es parte del Gran Chocó, un corredor forestal entre Panamá y Perú, viven unas 21.000 personas. «Necesitamos una ampliación del dictamen porque también muchos se escudan en que no es suficientemente clara» la normativa surgida de las urnas, señala a la prensa Teolinda Calle, del colectivo Quito sin Minería.
Pero para la presidenta de la Cámara de Minería de Ecuador, María Eulalia Silva, la minería es una actividad «controlada, regulada». Señala: «Prohibir a una industria (…) no es la forma de cuidar el ambiente, mucho menos cuando estamos hablando de una zona en donde el nivel promedio de pobreza ronda el 80%», opina.
«Esto es un paraíso de gran biodiversidad. Hay tucanes, cotingas. (…) También mamíferos como ardillas y osos de anteojos», dice Rolando García, de 60 años y habitante de Mindo (noroeste de Quito), donde quedó vedada la minería tanto artesanal como industrial a excepción de una docena de concesiones otorgadas previamente.
Hace unos años, García talaba árboles para abrir paso a la ganadería en la espesa vegetación, pero ahora es un ornitólogo autodidacta que vive del llamado aviturismo: «La minería no es buena, destruye todo», asevera.
Con apenas dos yacimientos industriales de oro y cobre, las exportaciones mineras de Ecuador se ubicaron en el récord de 3.324 millones de dólares en 2023 y podrían escalar a 10.000 millones de dólares (un 10% del PIB) en 2030, según la Cámara de Minería. En el primer semestre de 2024, las ventas alcanzaron los 1.642 millones de dólares. En las antípodas, Silva asegura que las compañías con «derechos mineros no tienen por qué retirarse de la zona» pues «los efectos de esta consulta iban a regir a futuro».
«Quienes hasta antes de la consulta popular tenían un título minero otorgado por el Estado ecuatoriano, pueden completar todas las fases de la minería. El efecto de la consulta radica en que no va a haber nuevas concesiones» en la zona, pero no afecta las ya otorgadas, sostuvo.
Arcos, quien vive en el bosque y es coordinador de una organización que representa a los poblados del Chocó Andino, sostiene que la riqueza natural del lugar es de «importancia planetaria».
«Aquí puede estar la cura del cáncer, puede estar la cura de miles de enfermedades, pueden estar los alimentos que necesitamos los seres humanos para el futuro», señala.
La industria minera es un sector estratégico en una economía dependiente del petróleo. «No puedes hablar de que quieres proteger el ambiente dejando sin oportunidad de desarrollo a las comunidades. La pobreza también es una de las mayores amenazas contra el ambiente», argumenta Silva.
Ecuador, con unos 17 millones de habitantes registró en junio pasado 25,5% de pobreza y 10,6% de pobreza extrema. A 90 minutos por carretera de la capital, los visitantes se maravillan con este oasis natural. Uno de ellos observa a una ardilla cola roja que desciende de un grueso árbol para comer banano.
«Necesitamos que estén los gallos de la peña, colibríes, los pájaros paraguas, los tucanes para poderle brindar ese servicio al turista. (…) Eso es lo que está en riesgo», advierte Arcos.
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