El Chino se va, pero ha dejado su historia
Masacres, esterilizaciones forzadas y paramilitarismo: la baraja de acusaciones contra Alberto Fujimori.
Despachos combinados de Ecuador News
Alberto Fujimori murió, pero no se llevó la baraja de controversias alrededor de su nombre. Keiko, su hija, fue quien anunció su deceso, después de que la residencia Fujimori fuera testigo de un alboroto de entradas y salidas protagonizadas por aliados políticos, amigos personales y hasta un cura católico, que ahora el mundo sabe, fueron a dar el último adiós al expresidente.
Su hija pidió oraciones «por el eterno descanso de su alma». Pero en Perú, Fujimori tiene acusaciones por las cuales una gran parte del país aún no lo exonera y piden que se haga justicia.
‘El Chino’, como propios y extraños de la política peruana le apodaron a Fujimori, gobernó el país andino durante una década (1990-2000), en la cual se enfrentó a grandes retos como la hiperinflación, la pobreza generalizada y la corrupción, a los cuales respondió con medidas controversiales y criticadas por el corte autoritario y radical de las mismas.
Desde el inicio de su carrera política, a Fujimori lo acompañó la polémica. Empuñó como bandera la política de la privatización de la economía para golpear la crisis económica. También se le acusa por el uso del militarismo, y paramilitarismo, para combatir en contra los grupos insurgentes Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), además de una presunta lucha por depurar los poderes Judicial y Legislativo de la corruptela política tradicional.
Aunque sus medidas fueron aplaudidas por unos cuantos, años después, las víctimas harían oír sus voces, denunciando al expresidente. Fujimori fue condenado por ser el responsable indirecto de dos matanzas populares perpetradas por el Grupo Colina, facción paramilitar creada en su Gobierno; señalado por ser el autor intelectual de una campaña masiva de esterilización forzada —que tocó mayormente a mujeres campesinas—, y judicializado por escándalos de corrupción.
El autogolpe y la temprana deriva autoritaria
La historia política de Fujimori, como muchas otras, es una de un meteórico ascenso hacia el poder procedido por una estruendosa caída. El expresidente, de padres inmigrantes japoneses, nació en la capital peruana, Lima. Fujimori se graduó como uno de los mejores en su promoción de Matemáticas y Física en la Universidad Agraria La Molina de Lima. Después, siguió su carrera educativa en instituciones de élite en Francia y Estados Unidos.
Al volver a Perú, el joven Fujimori sorprendió en 1990, cuando consiguió vencer al aclamado escritor, Mario Vargas Llosa, en las elecciones presidenciales peruanas. Lo hizo a través de una plataforma política que lo mostró como un hombre trabajador, honesto, hijo de inmigrantes y alejado del establishment político peruano, que estaba desarmado dentro del ideario de la sociedad peruana que buscaba un cambio radical en su realidad.
En 1992, Fujimori protagonizó un recordado discurso televisado, en donde el entonces presidente anunciaba el cierre del Congreso. El argumento: los legisladores estaban obstaculizando la lucha contra el terrorismo, la corrupción y el camino a la recuperación económica. Así, se gestó un autogolpe de Estado que sacudió para siempre las instituciones democráticas peruanas, que nunca volvieron a ser las mismas.
Meses después del autogolpe, Fujimori llamó a elecciones legislativas, en las cuales ganó la mayoría parlamentaria. Algo que significó un cheque en blanco para que su Gobierno pudiera administrar su agenda con comodidad. Logró transformar la Constitución a su voluntad e incluyó una modificación que le permitiría perpetuarse en el poder por otros cinco años.
Así, Fujimori logró imponer el ‘fujishock’, una medida económica que elevó los precios de insumos básicos exponencialmente de la noche a la mañana. Además, el expresidente endureció su agenda en relación con el combate contra el grupo rebelde Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El trabajo se lo reservó a las Fuerzas Armadas, a las que les dio vía libre para actuar —algo por lo que ha sido criticado por la impunidad de sus acciones contra la población civil—.
Ocho años después, Fujimori —ya lastrado por los señalamientos de víctimas de violaciones a los DD. HH. y casos de sobornos por parte de allegados a su Gobierno— intentó optar por un tercer periodo en el poder. Alegó que su primer mandato no era válido por haber empezado antes de la entrada en vigor de la reforma constitucional, que permitía dos mandatos seguidos.
Aunque ganó unas elecciones envueltas en un escándalo por fraude, Fujimori recibió una avalancha de señalamientos populares y salió del país. Encontró refugio en Japón y renunció por un fax. Un documento que le puso fin a 10 años de su liderazgo político, pero que abrió un capítulo cargado de nuevos señalamientos.
El primer presidente convicto por violaciones a los DD. HH.
Como si se tratara de una paradoja, Fujimori falleció el 11 de septiembre, mismo día en el que, en 2021, murió Abimael Guzmán, líder político de la facción insurgente maoísta Sendero Luminoso. Fujimori y Guzmán, quien también murió a los 86 años, fueron los rostros más reconocibles de uno de los peores conflictos internos que América Latina haya experimentado en su historia.
Durante la década de los 90, el Gobierno de Fujimori se embarcó en una lucha incansable en contra de Sendero Luminoso, que aterrorizó numerosas localidades peruanas con actos violentos con uno de los ideales marxistas más radicales de los grupos insurgentes en América Latina. Sin embargo, el combate contra el Sendero Luminoso dejó por el camino víctimas inocentes que no se salvaron de la impunidad judicial al paramilitarismo, patrocinado por Fujimori.
El 3 de noviembre de 1991, seis encapuchados, miembros del Grupo Colina, irrumpieron en una casa ubicada en la región capitalina de Barrios Altos, donde un grupo de personas se reunía como en una tarde cualquiera. Los perpetradores —que argumentaron haber confundido la fiesta con una reunión de Sendero Luminoso— abrieron fuego contra la multitud. Mataron a 15 personas, entre ellas, un niño de 8 años.
Unos meses después, el 18 de julio de 1992, tropas del temido Grupo Colina entraron a las inmediaciones de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida popularmente como La Canuta, en donde el grupo paramilitar, creado para «combatir el terrorismo», asesinó y desapareció a nueve estudiantes peruanos, y un profesor. Posteriormente, alegaron —de nuevo— haberlos «confundido» con miembros del Sendero Luminoso.
Las víctimas del ataque fueron declaradas como desaparecidas por décadas, aunque ahora se sabe que sus restos fueron incinerados y trasladados a fosas clandestinas en el distrito de Cieneguilla. Una forma en la que el Gobierno de Fujimori buscó borrar las huellas de estos crímenes.
El expresidente fue capturado en 2005, después de ser extraditado desde Chile. Y en 2009, la Corte Suprema de Perú declaró a Fujimori culpable por violentar los derechos humanos durante su periodo presidencial. En concreto, lo encontró responsable indirectamente de las matanzas de La Canuta y Barrios Altos, en las que, aunque no participó directamente, fue involucrado porque los perpetradores dijeron haber cometido los crímenes en representación de su Gobierno.
Fujimori fue condenado a 25 años de prisión, de los cuales solo cumplió una parte, al haber obtenido un indulto «humanitario» en 2017 por el Gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Un recurso que —aunque le fue revocado en 2018— volvió a entrar en vigor el año pasado. Entonces, logró salir de la cárcel después de que la Justicia peruana aliviara su sentencia alegando motivos de salud.
En 2017, postrado en una cama de hospital, Fujimori lanzó una especie de ‘disculpa’ por haber «defraudado» a una parte del pueblo peruano.
«Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón», mencionó Fujimori en 2017.
Cerca de 300.000 esterilizaciones forzadas durante el fujimorismo
Las mujeres están en el centro de otro de los escándalos que rodean a Fujimori. En una suerte de movida ‘malthusiana’ para reducir la población en situación de pobreza, el Gobierno fujimorista impulsó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación familiar, que pretendía generar una esterilización masiva en comunidades rurales y de escasos recursos.
Mujeres campesinas, indígenas y pobres fueron el objetivo principal de la cruel campaña planeada desde la Presidencia para presuntamente «acabar» con la pobreza. Según datos de la Universidad Nacional de La Plata, alrededor de 300.000 personas fueron esterilizadas durante los diez años de Fujimori en el poder. Solo el 10% de estas, habrían sido voluntarias.
La campaña de esterilización fujimorista atacó principalmente a las mujeres, se calcula que fueron 272.000 las víctimas. Las familias de dos víctimas, Celia Ramos y María Mamérita Mestanza Chávez, impulsaron casos judiciales en contra del Estado peruano por la política, que ignoró el consentimiento de las mujeres, se hizo en condiciones insalubres, les abrió heridas psicológicas y, a muchas, las condujo a la muerte.
Cecilia Ramos falleció 19 días después de una operación de ligadura de trompas, originada tras presiones incesantes de las autoridades sanitarias en su comunidad, quienes describieron el proceso como si fuera «sacarle una muela». Chávez y otras 17 mujeres corrieron la misma suerte que Ramos.
Fujimori fue una figura más que controversial, responsable de campañas extremistas que, con el pretexto de combatir al «terrorismo» o la pobreza, afectaron de manera irreversible a un gran sector de la ciudadanía peruana. El expresidente murió, pero las víctimas recalcan que sus deudas pendientes siguen vigentes y reclaman que se haga justicia.
