Ola de agresiones violentas y sistemáticas contra periodistas
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Una información que conmueve es la publicada recientemente en el diario ecuatoriano La Hora, acerca de los peligros en que están expuestos los periodistas.
Se basa tal información en un análisis de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentado en su 80ª Asamblea General desarrollada entre el 17 y 20 de octubre de 2024, en la ciudad de Córdoba, Argentina, que revela que una creciente ola de agresiones, en el Ecuador, cada vez más violentas y sistemáticas en contra de periodistas.
Muchas de estas, señala, el documento proviene de actores estatales. También se incrementó el “uso abusivo del Poder Judicial” para silenciar a periodistas, el forzamiento al exilio y las extorsiones por parte de organizaciones delictivas.
Por la falta de apoyo estatal y garantías de protección, periodistas amenazados siguieron marchándose al exilio.
A pesar de la adhesión del presidente de la República, Daniel Noboa a las declaraciones de Chapultepec y de Salta, el Consejo de Comunicación de Ecuador anunció que se rechazó el presupuesto solicitado para el Mecanismo de Protección de periodistas. Este incluía US$784 mil para dos años, de los cuales US$66 mil eran para un fondo de emergencia.
La Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP) de Fundamedios con sede en Ecuador, reportó no hace mucho la reubicación de un periodista ecuatoriano, el cuarto este año, cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad, quien recibió amenazas de muerte por publicar contenido de interés local.
También se debió ir del país la cubana Alondra Santiago, activista satírica, a quien, por hacer una burla al himno nacional, el gobierno le retiró la visa.
Y en el primer aniversario del asesinato del candidato presidencial y periodista Fernando Villavicencio, perpetrado solo 11 días antes de las elecciones de 2023, y pese a que algunos autores materiales fueron sentenciados, los responsables intelectuales continúan sin ser identificados.
Informes de diversas organizaciones no gubernamentales destacaron que el crimen organizado se ha consolidado como uno de los principales atacantes de la libertad de expresión.
También las amenazas y los procesos judiciales se convirtieron en las formas de agresión más frecuentes y pasaron a ser herramientas de censura y control sobre el periodismo.
Entre otras agresiones del semestre, en abril Esteban Torres, viceministro de Gobierno, descalificó como fake news un artículo de Martín Pallares en diario Expreso, insinuando que el periodista escribía bajo incentivos.
El Municipio de Quito solicitó a los medios que solo difundieran información oficial tras un aluvión en La Gasca, con la intención de controlar la narrativa de la emergencia.
Daniel Granja, exasesor de la Asamblea, fue separado por atacar a la prensa en redes sociales mientras ocupaba un cargo público.
Yutsu Maiche, de Lanceros Digitales, fue agredido al cubrir un conflicto en la Federación Shuar. El Consejo Nacional Electoral respondió al diario La Hora y calificó como falsa una crítica sobre la consulta popular, sin presentar pruebas.
Diego Morales, del Municipio de Latacunga, publicó un comentario considerado amenazante hacia el periodista Cristian Maisincho.
En mayo, tras una visita presidencial al complejo hidroeléctrico Mazar, el ministro Roberto Luque impidió preguntas en una rueda de prensa, mientras la comunicadora Amanda Villavicencio fue agredida por los guardias de seguridad.
La ministra de ambiente Sade Fritschi no permitió preguntas sobre controversias en su presentación ante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea.
En junio, un equipo de Supercable TV fue agredido verbalmente por la hija del alcalde de Calvas, y se les prohibió cubrir un evento de la alcaldía.
El gobernador de Esmeraldas amenazó al periodista Cristian Guzmán tras un reportaje crítico y lo acusó de ser un delincuente.
RTU canceló el programa crítico «Los irreverentes», conducido por Sol Borja, Fabricio Vela y José Luis Cañizares, tras presiones del gobierno que incluyeron el retiro de pauta y la suspensión de pagos.
En julio, el gobernador de Santa Elena, Freddy Tamayo, amenazó con revocar concesiones a medios a los que consideraba deshonestos.
En agosto, el periodista Álvaro Espinosa fue amenazado por una cuenta trol relacionada con un exfuncionario, tras publicar información crítica.
El mayor Fernando Sánchez, director de Aviación de los Bomberos de Quito, acusó a Franklin Vega, editor de Bitácora Ambiental, de ser sospechoso de iniciar incendios forestales. El periodista consideró la acusación como calumnia y una represalia por sus críticas a los bomberos.
En septiembre, Paúl Romero, de Ecuavisa, y Édison Paucar, de Radio Pichincha, denunciaron que los excluyeron de una rueda de prensa del Bloque de Seguridad en la Comandancia General de la Policía Nacional para que no pudieran preguntar sobre un contrato y una investigación por corrupción.
El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, confrontó al periodista Martín Pallares en redes sociales, luego que este recordara una crítica de Torres al gobierno anterior.
La secretaria de Comunicación de la Presidencia, Irene Vélez, en una reunión con periodistas en el palacio presidencial, aseguró que no habría persecución a la prensa, pero admitió que podrían optar por no invertir en medios críticos.
En abril, el periodista Juber Bravo, de JipiTV, encontró cuatro balas en su garaje tras criticar la gestión del alcalde de Jipijapa y presentar una investigación sobre el elevado presupuesto municipal. Bravo denunció que, por sentirse intimidado, dejó de criticar al municipio como método de autoprotección.
El diario Prensa La Verdad, en Milagro, fue blanco de un atentado con disparos contra su edifico sede. El propietario, William Reyes, denunció el ataque a la Policía después de revisar las cámaras de seguridad. El agresor fue un hombre en motocicleta.
El Canal del Río Quevedo recibió un panfleto intimidante en el que se le exigía el pago de 80 mil dólares a cambio de no agredir a su propietario, Jorge Lema, y a su equipo. Pese a los intentos de un intruso de ingresar a su casa, el canal continuó con su noticiero solo en la edición nocturna.
En agosto, el periodista Segundo Cabrera recibió una llamada amenazante tras publicar un reportaje sobre corrupción, mientras que la periodista Thalía Flores sufrió un violento asalto en Quito: fue atacada por un hombre que le quitó el teléfono y la zarandeó con violencia.
Eduardo Loaiza, director de noticias de Radio Stereo Macará, fue denunciado en abril por el alcalde Francisco Azuero por contravención penal relacionada con descrédito. Azuero criticó y acusó de sobornos, mientras que Loaiza sostiene que solo hizo su labor de informar.
En junio, el equipo de Supercable TV Cariamanga fue agredido verbalmente por Svetlhana Montero, directora del Ministerio de Inclusión, tras un comentario crítico del periodista Lauro Vicente Rueda. Montero denunció a Rueda, lo que llevó a medidas cautelares que incluían una boleta de auxilio y alejamiento.
En julio, el periodista Jonathan Quezada fue sentenciado a 15 días de prisión por supuestas expresiones de «descrédito» hacia el juez Hernán Chérres, mientras investigaba denuncias por corrupción en el sistema judicial de Bolívar. Quezada informó sobre malos manejos y había sido amenazado por Chérres.
En septiembre, Carlos Barcia, de Radio Manta Televisión, enfrentó una demanda de Ingrid Rodríguez, gerente del Terminal Portuario de Manta, por supuesta contravención tras publicar un reportaje sobre un contrato.
La jueza María Castro rechazó la acción de protección presentada por Wilman Terán contra Teleamazonas, donde aquel alegó que la fiscal general hizo declaraciones perjudiciales en su contra. Durante la audiencia, Terán no presentó pruebas y su abogado argumentó que la emisora actuó en defensa de la libertad de expresión.
En este periodo continuaron los ataques en redes sociales mediante cuentas trol, suplantación de medios en las redes y ataques cibernéticos a las páginas de los medios.
En abril, la periodista María Sol Borja enfrentó ataques misóginos tras publicar una columna crítica sobre el presidente Noboa, por la crisis energética. Esta situación se suma a otros episodios de agresiones hacia mujeres periodistas, como el caso de Sara Ortiz, quien recibió comentarios machistas por revelar su voto en una consulta popular.
En mayo, Xavier Jordán, vinculado a un caso de delincuencia organizada, amenazó en redes sociales a Aleczandra Villavicencio y a sus familiares.
En agosto y septiembre, varios periodistas denunciaron ataques cibernéticos y suplantaciones de identidad. John Lafebre informó sobre la eliminación de sus publicaciones, mientras que Jaime Pin alertó sobre la suplantación de su cuenta en redes sociales.
Además, Radio Pichincha enfrentó ataques persistentes a sus plataformas, lo que refleja un esfuerzo sistemático por silenciar voces críticas.
Otros datos relevantes en este período:
El 12 de abril, simpatizantes del correísmo se reunieron en las afueras de la Corte Nacional de Justicia, en Quito, para apoyar al exvicepresidente Jorge Glas durante su audiencia de ‘habeas corpus’. La situación se tornó hostil hacia la prensa, con insultos como «prensa corrupta», «Teleamazonas, te tenemos en la mira», y «prostituta de la oligarquía». Aunque un tribunal declaró su detención en la embajada mexicana como «arbitraria e ilegal», Glas sigue en prisión por cumplir dos sentencias por corrupción en los casos ‘Odebrecht’ y ‘Sobornos’.
El 15 de abril, diario El Comercio regresó en versión digital tras ocho meses de inactividad.
El 20 de abril, se registró un atentado contra el diario Prensa La Verdad, en Milagro. Según la Policía, se encontraron nueve impactos de bala en las instalaciones.
El comandante policial José Luis López recibió la denuncia del propietario del medio, William Reyes, quien informó del ataque tras revisar las cámaras de seguridad. En las imágenes, se observa a un sujeto en motocicleta que dispara contra el edificio cerca de la medianoche.
Ese día, a horas de la consulta popular, el Consejo Nacional Electoral (CNE) acusó al diario La Hora y al periodismo nacional al etiquetar como «Falsa» una nota crítica sobre la promoción de la consulta.
En mayo, Fundamedios condenó el incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que ordenaba la desclasificación de información sobre el caso de los periodistas Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, secuestrados y asesinados en 2018.
La sentencia del 8 de abril exigía la entrega de actas, audios y listas de asistentes relacionadas con el caso #NosFaltan3. Las familias recibieron documentos el 9 de mayo, pero los hallazgos fueron descritos como «incompletos y manipulados».
En agosto, Andersson Boscán y Mónica Velásquez, del medio digital La Posta, se convirtieron en el blanco de una campaña de odio en las redes sociales que incitaba a la violencia.
Surgió a raíz de la publicación de una investigación sobre la presunta corrupción de la fiscalía general con el narcotráfico internacional. En septiembre, los periodistas Boscán y Velásquez, salieron del país.
Los micrófonos y las grabadoras de periodistas corren mucho peligro.
El país no se repone del crimen del periodistas y político Fernando Villavicencio.
l 9 de enero, hombres armados y enmascarados interrumpieron una transmisión de noticias en vivo en la estación TC Televisión en Guayaquil.
“#NosFaltan3” tuvieron nombres. Paúl Rivas Bravo, fotógrafo, 45 años. Javier Ortega Reyes, periodista, 32 años. Efraín Segarra Abril, conductor, 60 años. El equipo de Diario El Comercio secuestrado en la frontera.
