Permiso para matar
Por: Katerinne Orquera
Advierto sobre los peligros que enfrenta Ecuador al reflejarnos en la experiencia de México, donde la guerra contra el narcotráfico dejó miles de víctimas, fortaleció la militarización y vinculó al crimen organizado con el Estado. En nuestro contexto, a un año de iniciar una lucha similar, es crucial evaluar estrategias y afirmar que aquí nadie debe tener permiso para matar.
Grave advertencia para el Ecuador, luego de conocer sobre las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en que están involucradas las fuerzas armadas nacionales, es la investigación ‘Permiso para matar’, referida al número de civiles inocentes asesinados y desaparecidos por las fuerzas de seguridad del Estado mexicano desde que empezó la guerra contra el narcotráfico.
El libro reconstruye el horror de la violencia ininterrumpida en México desde hace 18 años. Según cifras oficiales, la guerra contra el narco ha dejado medio millón de personas asesinadas, 120 mil desaparecidas, más de siete mil fosas clandestinas, 72 mil cuerpos sin identificar y 600 mil detenidos, lo que, se supone, debió reducir la capacidad violenta del crimen organizado.
No ha sido así. Esa guerra no redujo el consumo ni la oferta de droga. Pero sí fortaleció la presencia militar en el ámbito civil, generó un marco legal más punitivo y diversificó las violencias, pues a los homicidios y desapariciones se suman: el tráfico de migrantes, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores para delinquir, la trata con fines de explotación sexual, la extorsión, el secuestro, el cobro de piso y el control territorial.
Quizás la advertencia más importante de este libro para el Ecuador se refiere a la necesidad de dejar de considerar al crimen organizado como un ente aislado o distinto del Estado, pues se trata de una mezcla de actores criminales y políticos, miembros de fiscalía, policía, ejército, municipios y poderosos agentes económicos. Es decir que las organizaciones criminales no pueden existir sin el cobijo estatal y, por eso, no hay garantías de seguridad y justicia para los ciudadanos.
A un año de declarada nuestra propia guerra contra el narco, con el espejo de desgarrada sociedad mexicana y nuestro propio dolor por el asesinato impune de niños y jóvenes, es momento de evaluaciones, estamos en la obligación de declarar que en este país nadie tiene permiso para matar.
